Mie, 04 de Febrero 2009, 10:23:38 -- Actualizado: Mie, 17 de Diciembre 2008, 08:35:16
VENEZUELA: Signos contradictorios en políticas sociales
CARACAS, Dic (IPS) - En la morgue de la capital de Venezuela y en las de ciudades vecinas, familiares de víctimas de homicidios aguardan largas horas y hasta días por las autopsias previas a la entrega de los cadáveres de sus parientes. Es que no hay patólogos. "Las señales de un colapso del sistema sanitario, advertido por instituciones del sector y reconocido por partidarios del gobierno, tiene consecuencias en pérdida de vidas humanas y desmejoramiento de las condiciones de salud de la mayoría de la población", advirtió un estudio del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).


 
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Por Humberto Márquez

CARACAS, Dic (IPS) - En la morgue de la capital de Venezuela y en las de ciudades vecinas, familiares de víctimas de homicidios aguardan largas horas y hasta días por las autopsias previas a la entrega de los cadáveres de sus parientes. Es que no hay patólogos.

"Las señales de un colapso del sistema sanitario, advertido por instituciones del sector y reconocido por partidarios del gobierno, tiene consecuencias en pérdida de vidas humanas y desmejoramiento de las condiciones de salud de la mayoría de la población", advirtió un estudio del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).

En el Hospital de Niños de Caracas, a donde acuden cada día cientos de pacientes, sólo hay 15 cupos para emergencias.

Dos niños con leucemia fueron atendidos el pasado fin de semana en una habitación con otros ocho pacientes, un pequeño con varicela compartió su cuarto y a otro con gangrena se le habilitó un espacio en un depósito, sin servicio de baño.

"Los viejos problemas estructurales han resurgido y la condición general de salud de los venezolanos es precaria", señaló Marino Alvarado, coordinador de Provea, al presentar este martes el informe anual de esa organización no gubernamenta, que cubre el periodo octubre 2007-septiembre 2008 y se centra en la situación de los derechos económicos, sociales y culturales.

Los aspectos más positivos son "la continuidad de las políticas de inclusión en el sector educativo, la baja en los niveles generales de pobreza y una disminución en la represión a las manifestaciones de protesta", dijo Alvarado.

Los 726 nuevos establecimientos educativos surgidos en el período aumentaron 2,8 por ciento los planteles, la matrícula escolar creció a la media de la década de 3,6 por ciento y los cargos docentes llegaron a 477.100, un aumento del tres por ciento. Sin embargo, de los ocho millones de menores de edad entre los 27 millones de habitantes de este país, "más de 1,5 millones de niños, niñas y adolescentes permanecen sin escolarizar", según el estudio de Provea.

La reducción de la pobreza es constatada en el informe con base en datos oficiales, de organizaciones internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Sistema Económico Latinoamericano, y de entes privados que dan cuenta de una expansión de las compras de alimentos y el consumo en general.

"La bonanza económica que tuvo el país en los últimos años le ha permitido al gobierno distribuir por diversas vías los ingresos para que lleguen a los más necesitados. La pobreza por ingreso bajó a 33 por ciento (36 por ciento un año antes) y la pobreza extrema se redujo hasta 9,6 por ciento (versus 11 por ciento en el período anterior)", de acuerdo con el informe.

Sin embargo, Provea advirtió que "los menores niveles de pobreza no se traducen en una ostensible mejora de la calidad de vida de la familia venezolana", y entre las causas destaca "la ineficacia y la ineficiencia de la gestión pública, que postergan la solución a problemas sociales que afectan el día a día de la población".

Quizá por ello, en el año medido se registraron 1.763 movilizaciones de protesta, de las cuales la mayoría fueron pacíficas y sólo las 83 violentas fueron reprimidas, una de cada 16, mientras que en el período anterior se reprimió una de cada 20 demostraciones callejeras.

Al lado de los aspectos positivos, el informe muestra preocupación por "el estancamiento en políticas sociales, excepto en educación, como, por ejemplo, en el campo de la reforma agraria lanzada hace cinco años, que ha entregado tierras ociosas pero crece poco la superficie cosechada, aumenta la importación de alimentos y no hay señales de una mejora masiva en el nivel de vida de los campesinos", según Alvarado.

Por contraste, abundante publicidad oficial y declaraciones del presidente Hugo Chávez muestran avances en el agro y en el acceso a alimentos por parte de la población. Además, como una política de hecho, el gobierno suele no comentar los señalamientos de las organizaciones no gubernamentales sobre los derechos económicos, sociales y culturales.

En el sector vivienda, "el gobierno lleva 10 años de fracasos consecutivos. Repetidas veces ha ejecutado apenas 60, 40 o 20 por ciento de la meta de construcción que se había fijado", dijo Alvarado.

Provea estima que hay un déficit cercano a tres millones de viviendas (en este país con cerca de siete millones de hogares), "lo que significa que 13 millones de personas no disfrutan del derecho a una vivienda adecuada".

El Estado permanece en mora, desde que se redactó una nueva Constitución en 1999, en la creación de un sistema integral de seguridad social, y el proceso de demarcación de las tierras de las comunidades indígenas permanece estancado.

El emblema del estancamiento en políticas sociales, según Provea, es la salud, área donde se cobijó un programa-bandera del actual gobierno, Barrio Adentro, que colocó a más de 20.000 médicos cubanos en miles de módulos o casas desde los que impartían asistencia primaria a los sectores más pobres de la sociedad.

"Ese programa comenzó en 2003 con 50 médicos cubanos en Caracas y en algún momento llegó a tener, según cifras oficiales, hasta 30.000 profesionales de la salud en todo el país. Pero la información de que disponemos es que ahora sólo hay entre 8.000 y 8.500 médicos", dijo Alvarado.

Provea recibe "cada vez más informes y denuncias de módulos de Barrio Adentro cerrados o abandonados, y médicos cubanos que terminan su servicio y no son reemplazados. Pero aquí tropezamos con el problema del acceso a la información, porque todo el programa es manejado por responsables cubanos", señaló Alvarado.

Cuando corresponsales de IPS y otros medios independientes han acudido a unidades de servicio de Barrio Adentro en los suburbios de Caracas para recabar datos, esos profesionales suelen invocar instrucciones de la superioridad para rehusarse a informar.

Según las cifras oficiales disponibles, a Barrio Adentro tienen acceso 17 millones de personas que, hasta mayo de 2007, habían efectuado 264 millones de consultas.

"Es evidente que el sistema se ha resentido de una falta de planificación. Barrio Adentro es un excelente concepto para acercar los médicos a los pacientes pobres, pero su ejecución en paralelo al sistema tradicional de salud ha resultado contraproducente", sostuvo Alvarado.

Apeló al constante registro que hace la prensa local sobre mal estado de hospitales, escasa dotación y falta de profesionales. "A eso se suma ahora la recentralización de centros de salud en los estados y municipios donde resultaron vencedores candidatos de oposición", en las elecciones regionales del pasado noviembre, comentó Alvarado.

 
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