Por Manuel Isidro Molina

Se ha perdido la cuenta de las veces que el Banco Industrial de Venezuela (BIV) ha caído al foso y ha sido “recuperado”, gobierno tras gobierno. Y en el de Hugo Chávez, no ha sido la excepción: caja chica, a discreción.

Durante las últimas semanas, en sucesivas oportunidades, el BIV ha estado fuera de compensación, razón suficiente para que la Superintendencia de Bancos ordene su intervención y proceda a su liquidación.

Muerto en vida, el BIV ya no responde a la lógica intermediación bancaria ni al desarrollo industrial de Venezuela, sus sucursales en el exterior tienen graves problemas, especialmente en Estados Unidos, donde le tienen el ojo puesto con exigencias legales y monetarias no honradas por el BIV.

Desde la Superintendencia de Bancos el trato hacia el BIV es totalmente distinto al aplicado al resto del sistema financiero público y privado. Lo que es bueno para el pavo no es bueno para la pava. Jorge Giordani, desde el ministerio de Planificación y Finanzas, y Edgar Hernández Behrens, desde la Sudeban, conocen perfectamente lo aquí escrito. Seguramente, mucho más, muchísimo más, pero están imposibilitados de actuar como les ordenan las leyes vigentes. Tienen que hacerse los “locos”, porque el BIV se ha hecho un coto casi exclusivo del presidente Hugo Chávez, más allá de la rutina funcional y administrativa de un ente financiero moribundo, quebrado.

El BIV no tiene bolívares ni dólares; tampoco, euros; y lo poco que maneja es comprometido por órdenes verbales, muchas veces telefónicas, de aquello y lo otro.

El exigido encaje legal de 17% no puede ser honrado por el BIV. Vive una situación desastrosa, inmanejable, pero ni Chávez ni Giordani quieren admitir que el banco está “muerto”: su impacto nacional e internacional sería demoledor, en este año electoral; y Cuba sería doliente principalísima por la afectación masiva de los innumerables planes de intercambio desarrollados con Venezuela.

EL CONFESIONARIO

·        EL FALLIDO INTENTO DE ASESINATO del ex gobernador del estado Apure, Jesús Aguilarte Gámez, no es un caso cualquiera de las estadísticas criminales que inundan Venezuela. JAG temía por su vida desde que estaba en el cargo: sus extrañas relaciones vinculadas con presuntos hechos de corrupción y grados inaceptables de perversión personal lo mantuvieron fuera de la geografía apureña, administraba los asuntos de la gobernación desde Maracay, y viajaba de incógnito a San Fernando de Apure a despachar desde oficinas y casas particulares de sus “amigos” contratistas. La situación se hizo tan insostenible, que el presidente Hugo Chávez lo anuló político-administrativamente y provocó su renuncia, para sustituirlo por el ex vicepresidente ejecutivo de la República y ex ministro de Infraestructura, Ramón Carrizalez, desde entonces gobernador encargado. Fuera de la gobernación, JAG estuvo en tratamiento durante varios períodos en Cuba, y su bajo perfil cuando estaba en Venezuela era una constante. ¿Quién contrató a los sicarios? ¿Por qué lo atacaron con tal saña? La Fiscalía, junto con los organismos de investigación criminal, tiene la oportunidad de llegar hasta los mafiosos que le dieron caza a JAG, y establecer las reales motivaciones de lo que asoma como “ajuste de cuentas”. Su pronta recuperación facilitará las investigaciones. Hasta anoche, el ex gobernador continuaba en la sala de cuidados intensivos, “estable”, según los médicos tratantes.

·        LA FISCALÍA GENERAL ya tiene en sus manos el caso de la mega banda bancaria que mueve cantidades siderales de bolívares a través de la banca electrónica, con el joven “empresario” Nelson Meneses (35), en el centro con cinco empresas de maletín. Altos cargos de la banca pública y del sector financiero gubernamental estarían involucrados junto con banqueros privados, en este affaire que podría tocar las puertas de Miraflores, Minfinanzas, Cadivi. Al menos tres bancos públicos y unos cuatro privados estarían involucrados en lo que se tiene como supuesto producto de desfalco en cuentas públicas, venta ilegal de dólares y hasta presunto blanqueo del narcotráfico. Es cuestión de días, para que se dicten las primeras medidas judiciales por petición del Ministerio Público. El tema está en pleno conocimiento del Gobierno (MinFinanzas, Superintendencia de Bancos) y del Banco Central de Venezuela. Nada de esto podría ocurrir sin el concurso de altos cargos gubernamentales algunos de ellos vinculados con el entorno presidencial. La lista de nombres y apellidos es tentadora, pero corresponde a la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, coordinar las investigaciones e informar a la nación de las y los involucrados en el affaire. Un informe especial le iba a ser presentado al presidente Hugo Chávez, horas antes de su nueva partida hacia Cuba, anunciada ayer por la tarde, desde el Consejo de Ministros.

·        VARIOS BANCOS PRIVADOS podrían ser arrastrados por la investigación que prepara la Fiscalía. Mis fuentes dicen que los públicos son Banco de Venezuela, Banco Bicentenario y Banco Industrial de Venezuela; y entre los privados, suenan Banco Occidental de Descuento y Banplus, entre otros.

·        ALEJANDRO ANDRADE sigue enemistado con el súper ministro Jorge Giordani, quien lo raspó de la dirección de la Oficina Nacional del Tesoro (“Tesorería”) y como viceministro de Gestión Financiera y presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes). Sin embargo, tiene “vara alta” en algunas esferas financieras del gobierno y en el manejo de negocios con dinero público. Su amistad con el presidente Hugo Chávez, le permite esos movimientos de espanto y brinco –dicen que “desde Miraflores”-, apoyado en personeros de alto vuelo como Claudia Díaz (Tesorera), José Pinto, Rodolfo Marco Torres, Carmen Meléndez y los jerarcas el Banco Industrial de Venezuela, Rodolfo Porro Aletti y Alejandro Essis.

 ·        UNA TRÁCALA DE LA MAFIA MIQUILENA-CARRERO comienza a revertirse desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Se trata del conflicto judicial por la venta supuestamente ilegal del Colegio El Portal (antes Colegio Los Cedros), denunciada por el profesor Noel Cordero, propietario de 50% de las acciones. Sus socias Rosalynd Roystone (40%) e Isabel Albert (10%) vendieron el colegio –contra la voluntad de Cordero- a los profesores Jorge Bolívar Manzano (ex presidente de la Asociación Nacional de Institutos de Educación Privada, Andiep) y Virginia Segovia de Manzano, con participación de la abogada Gladys Valentiner, concejal del municipio Valencia, quien visó el documento contrariando las restricciones propias de su investidura municipal. Gladys es hermana de Auxiliadora Valentiner, esposa de Tobías Carrero Nácar, presidente de Multinacional de Seguros, socio del ex ministro Luis Miquilena, y parte activa de la colocación de un grupo de magistrados en el TSJ, que venían de ser abogados de la mencionada empresa aseguradora. La mafia movió sus tentáculos y logró imponer el inaudito despojo. El 01.02.2012, la Sala de Casación Civil del TSJ declaró con lugar un recurso intentado por Noel Cordero y sus abogados, reponiendo la causa a julio de 2002.

·        UN CONCEJAL DEL PSUV-UPV en Caracas, de pelabolas pasó a propietario de una quinta valorada en más de 3.500 millones de bolívares (Bs.F 3,5 millones). Fue electo por el circuito Antímano-El Junquito y ahora vive en Las Acacias. Además posee varios apartamentos y vehículos importados.

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