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El mundo evoluciona, se globaliza. Pero las instituciones que organizan las Relaciones Internacionales están en rezago, no se corresponden con la realidad actual, pues fueron concebidas para las condiciones de la Guerra Fría, al finalizar la segunda conflagración mundial, en 1945.

Con frecuencia se escucha a portavoces políticos, y hasta a especialistas en política exterior, hablar de una supuesta existencia de una jurisdicción internacional, a la cual le correspondería impartir justicia en todo el planeta en relación con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Plantean el asunto como si existiera un gobierno mundial, con su Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Éste último tendría una estructura autorizada por todos los países miembros de la ONU para conocer, bien directamente o en última instancia, los casos de violación de derechos humanos. Sin embargo, esta estructura no existe. Se ha avanzado poco, a pesar de la creación de la Corte Penal Internacional, que limita su actuación a algunos aspectos de los de derechos humanos, como genocidio o esclavitud. Por lo demás, un país clave, cuando se trata de estos asuntos, como es el caso de Estados Unidos, no es parte de este sistema judicial, y sus ciudadanos no pueden ser juzgados por esta instancia. Esto viola un principio elemental de igualdad entre los seres humanos. Algo semejante ocurre con la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que Estados Unidos no se ha adherido a la Convención Americana de Derechos Humanos. Doble moral, doble legalidad.

Por esto, cuando algunos egresados de las escuelas de estudios internacionales, al ser entrevistados en radio o televisión,  equiparan los tribunales de un país, bien se España, Estados Unidos o cualquier otro, con una jurisdicción internacional, no sólo dan muestra de una escasa formación académica sino también de adulancia y sumisión.

A raíz de la decisión del juez español Baltasar Garzón en el caso de Augusto Pinochet,  el asunto del marco institucional para la aplicación de la justicia se ha enredado más, aunque representó un avance en el castigo de culpables. En este caso, como en otros, no han actuado instituciones internacionales sino un poder judicial local. Nada de esto está normado. ¿Puede un juez latinoamericano o africano hacer lo mismo que Garzón? Si por ejemplo, a un ciudadano venezolano le violan sus derechos humanos en Madrid, ¿los funcionarios responsables, de alto o bajo nivel, pueden ser juzgados por un juez de Maracay o por el TSJ de Venezuela? No se sabe, nada de esto está claro. Como no hay un sistema que regule el asunto, es mucho lo que queda en el limbo, como el caso Viasa-Iberia, las acusaciones a Arturo Cubillas o la xenofobia en la policía española.

Mientras no se creen instituciones y normas que partan de la igualdad de personas y naciones, en cuanto a derechos se refiere, prevalecerá el desorden, la arbitrariedad y la ley del más fuerte. Un negro con bata seguirá siendo chichero, y un blanco con bata, médico. ¿Tiene esto algo que ver con derechos humanos?

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