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Mar. 26 (Enfoques365).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó hoy “los ataques personales, denigrantes y sin fundamento” contra esa organización realizados por representantes del gobierno venezolano, incluyendo el presidente Hugo Chávez.

Esas expresiones están “dirigidas a desacreditar y debilitar a la CIDH”, dijo la comisión en una carta dirigida al Consejo Permanente, máxima instancia política de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Durante su 138º Período de Sesiones, concluido hoy en la capital estadounidense, la CIDH analizó el impacto de su Informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela de 2009, dado a conocer el 24 de febrero pasado.

Al día siguiente de la divulgación del informe, el presidente Chávez reaccionó airadamente diciendo que el documento es “basura”, que la CIDH es “una mafia”, a Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la CIDH, lo llamó  "excremento puro", y amenazó con retirar a su país de la comisión.

Cuatro de los siete miembros de la CIDH, que se incorporaron a la misma en enero pasado, respaldaron el contenido del informe y reiteraron su voto de confianza tanto a Cantón como al relator de Derechos Humanos para Venezuela, Paulo Sérgio Pinheiro; y a la relatora especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero.

La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.

En su carta a la OEA, la CIDH ratifica su disposición a realizar una visita in loco a Venezuela, una vez “recibida la anuencia del Estado”.

Asimismo señala que “en consideración de las expresiones en contra de las defensoras y defensores de los derechos humanos, la comisión hace un llamado a las autoridades venezolanas a respetar la labor de las organizaciones defensoras de derechos humanos”.

El su informe, la CIDH denunció que “la falta de independencia y autonomía del poder judicial frente al poder político constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana, situación que conspira gravemente contra el libre ejercicio de los derechos humanos”.

Asimismo señaló que esa situación “ha permitido que se utilice el poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos, judicializar la protesta social pacífica y perseguir penalmente a los disidentes políticos”.

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