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Por Leopoldo Puchi

La detención de Oswaldo Álvarez Paz coloca de nuevo sobre el tapete la discusión sobre la libertad de opinión y de expresión. El sentimiento venezolano, heredero del Siglo de las Luces, se inclina hacia una libertad de expresión amplia y sin restricciones. La gente valora mucho a quién habla sin cortapisas, aunque cometa excesos y hasta trasgreda la ley. Es una tendencia cultural muy fuerte que contrasta con la práctica de quienes han detentado el poder a lo largo de nuestra historia, que por lo general asfixian o reprimen el pensamiento disidente.

Durante la etapa del puntofijismo la situación fue muy difícil para la libertad de expresión porque no sólo se utilizó la fuerza para cerrar medios de comunicación, sino porque además, a través de la acción combinada de los poderes privados y públicos, se le trancaba el acceso a importantes sectores de  la oposición a los grandes medios de comunicación. La divulgación de sus opiniones estaba limitada a libros, revistas y uno que otro periódico partidista.

Esta situación fue evolucionando, en la medida en que la dirigencia de izquierda fue abandonando sus anteriores planteamientos y muchos se integraron al modelo económico y social de quienes detentaban el poder del Estado. Es lo que se ha llamado proceso de pacificación, que se inició durante el primer gobierno de Rafael Caldera. Sin embargo, el bloqueo continuó en los grandes medios para quienes persistieron en la crítica radical. 

Durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y luego en el segundo de Caldera, la situación se fue flexibilizando, en la medida en que fracciones importantes del empresariado también comenzaron a cuestionar, desde una óptica neoliberal, algunos de los pilares del sistema. Ya se vivía otra época en el planeta, había finalizado la Guerra Fría y las disidencias producían menos temores. Los medios se distendieron parcialmente. Es así como desde la derecha se abre una espita crítica, y detrás de ella figuró la izquierda, que ocupó unos pocos espacios en los medios. Sin embargo, en ningún momento se otorgaron concesiones de señales radioeléctricas a los sectores de izquierda, moderados o no.

Si bien opinar tiene consecuencias que pueden ser, en algunos casos, dañinas para otras personas o para la sociedad, en Venezuela es mayoritario el criterio según el cual es preferible pagar el precio de ese daño, y de los delitos en que se pueda incurrir al expresarse públicamente, con tal de preservar el efecto saludable de la libertad de opinión. Es una convicción y una forma de ver este asunto muy semejante a la de John Stuart Mill.

Por lo demás, la valoración venezolana de la libertad también es más amplia que la de las poblaciones de los países europeos o de Estados Unidos, que ven con buenos ojos  una infinidad de restricciones legales a la libertad de expresión y toleran la intimidación policial hacia ciertas disidencias. La cultura del venezolano es distinta, más libre.

Al detener a Álvarez Paz, el sector gubernamental se ha colocado a contracorriente de ese espíritu libertario. No es un error jurídico sino político. El poder se puede proteger de otras maneras.

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