Sab, 19 de Junio 2010, 16:24:16 -- Actualizado: Mar, 30 de Marzo 2010, 15:38:52
AMNISTÍA INTERNACIONAL / La pena de muerte se usa en Irán para advertir que la disidencia política no se tolera
En todo 2009, al menos 388 personas fueron ejecutadas en Irán; la cifra más elevada de la que tiene constancia Amnistía Internacional en los últimos años. Los datos cotejados por varias organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, indican que el número anual de ejecuciones casi se ha cuadruplicado desde que el presidente Mahmud Ahmadineyad fuese elegido por primera vez hace cinco años. Muchas de las personas ejecutadas no tuvieron un juicio justo.


 
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Mar. 30 (Amnistía Internacional).- Los recientes acontecimientos en Irán han despertado el temor de que las autoridades iraníes estén, una vez más, utilizando las ejecuciones como herramienta para intentar sofocar los disturbios políticos, intimidar a la población y advertir que la disidencia no se tolerará.

Hubo un aumento perceptible del ritmo de las ejecuciones cuando tuvieron lugar protestas masivas tras las disputadas elecciones presidenciales el año pasado. Aunque muchas de las ejecuciones fueron por delitos cometidos con anterioridad a los disturbios, transmitieron un mensaje escalofriante a las personas que participaron en las protestas.

Ciento doce personas fueron ejecutadas en las ocho semanas que transcurrieron entre las elecciones de junio y el inicio del segundo mandato del presidente Mahmud Ahmadineyad a principios de agosto; casi un tercio del total del año.

En todo 2009, al menos 388 personas fueron ejecutadas en Irán; la cifra más elevada de la que tiene constancia Amnistía Internacional en los últimos años. Los datos cotejados por varias organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, indican que el número anual de ejecuciones casi se ha cuadruplicado desde que el presidente Mahmud Ahmadineyad fuese elegido por primera vez hace cinco años. Muchas de las personas ejecutadas no tuvieron un juicio justo.

“La contínua oleada de ejecuciones en un momento en el que Irán ha experimentado la revuelta popular más generalizada desde la Revolución Islámica de 1979, combinada con las numerosas declaraciones de miembros del gobierno que amenazan a los manifestantes con la ejecución, indica que las autoridades iraníes están utilizando nuevamente la pena de muerte para poner trabas y amedrentar a la oposición y silenciar la disidencia”, ha declarado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

"Juicios mediáticos”

Tras una serie de "juicios mediáticos", dos hombres murieron ahorcados en enero. Fueron las primeras ejecuciones que las autoridades relacionaron directamente con los disturbios actuales, aunque posteriormente se supo que ambos ya estaban retenidos en las fechas en las que tuvieron lugar las elecciones presidenciales del pasado junio.

Entre otras cosas, fueron declarados culpables de mohabareh o “enemistad contra Dios”. Nasrin Sotoudeh, abogado de uno de ellos, Arash Rahmanipour, declaró a Reuters que “una ejecución, con esta prisa y esta precipitación sólo tiene una explicación [...] el gobierno está intentando evitar la expansión del actual movimiento (opositor) difundiendo el miedo y la intimidación”.

Un número cada vez mayor de personas han sido acusadas de moharebeh, un delito con unos límites poco claros. Según Philip Alston, relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, se “impone por un amplio abanico de delitos, a menudo vagamente definidos y de naturaleza, en general, de un modo u otro política”.

Se cree que al menos otras nueve personas, que fueron condenadas a muerte a raíz de las manifestaciones populares que se iniciaron en verano del año pasado y se extendieron hasta finales de 2009, se encuentran en la actualidad a la espera de ejecución.

Declaraciones recientes del fiscal de Teherán, Abbas Jafari Dowlatabadi, han servido para avivar las sospechas de que las condenas respondían a motivos políticos. En lo que respecta a la condena a muerte de un grupo de manifestantes, declaró: “En el día de hoy, el sistema islámico ha colocado en su lugar y con firmeza a sus oponentes y a sus disidentes. La gente no permitirá que incidentes de ese tipo vuelvan a repetirse en el país”.

Ejecuciones en gobiernos anteriores

No es la primera vez que los líderes iraníes son acusados de servirse de las ejecuciones sumarias o de la pena de muerte como herramienta de control político. Las ejecuciones se utilizaron considerablemente bajo el mandato del sha, y en los primeros días de la República Islámica, como método para eliminar a los enemigos políticos y suprimir la oposición.

En la década de 1970, el cada vez menos popular sha empleó los arrestos masivos de opositores políticos para eliminar a sus enemigos políticos y suprimir la oposición. Entonces, Amnistía Internacional criticó a las autoridades iraníes por lo que describió como el “número sumamente elevado de ejecuciones” llevadas a cabo tras juicios injustos celebrados en tribunales militares.

En 1979, pelotones de fusilamiento ejecutaron a más de 600 personas de forma sumaria en los meses posteriores a la Revolución Islámica. Muchos habían sido ministros, funcionarios o miembros del ejército durante el mandato del sha. Muchos fueron ejecutados tras juicios manifiestamente injustos que sólo duraron unos minutos. En 1982, Amnistía Internacional tenía datos de bastante más de 4.000 ejecuciones desde el inicio de la Revolución.

Pero el mayor número de ejecuciones sumarias se produjo en 1988. Se cree que hasta 5.000 personas, muchas de ellas presos políticos, murieron en la denominada “matanza de la prisión”, entre 1988 y 1989, en lo que, en su momento, Amnistía Internacional describió como “un asesinato masivo intencionado de oponentes políticos”. Muchos eran miembros de la Organización Muyahidín del Pueblo de Irán, una organización de la oposición acusada de colaborar con el gobierno iraquí de Sadam Hussein durante la guerra de ocho años que enfrentó a Iran e Iraq. Otros, sin embargo, eran miembros laicos de partidos políticos de izquierda, considerados como una amenazada para el sistema islámico iraní. En muchas ocasiones, sus “juicios” consistían en un par de preguntas que les hacían en las celdas de la prisión los miembros de lo que los presos apodaron “la comisión de la muerte”.

Un resurgimiento de la pena de muerte

El número de ejecuciones disminuyó en la década de 1990. (Se dictaron condenas a muerte tras los disturbios estudiantiles de 1999, pero no se ejecutaron.) Sin embargo, aumentaron rápidamente después de que el presidente Ahmadineyad fuera elegido en 2005 y se comprometiera a mejorar el orden público, a actuar contra “matones y gamberros” y a devolver Irán a los valores originales de la Revolución Islámica.

Hubo también un incremento en el número de ejecuciones de menores infractores -personas condenadas a muerte por delitos cometidos cuando eran menores de edad-. Irán es uno de los pocos países que siguen llevando a cabo dichas ejecuciones, en un claro incumplimiento del derecho internacional. Según el relator especial de la ONU, Philip Alston, “[n]ingún Estado intenta verdaderamente defender esto por principio; está claramente prohibido. Y sin embargo, Irán no sólo continúa acusando a menores infractores, sino que los ejecuta; y la cifra de ejecuciones es considerable”.

Incluso antes de los disturbios del verano pasado ya había señales que indicaban que el gobierno del presidente Ahmadineyad estaba utilizando cada vez más la pena de muerte como sistema para detener los disturbios en zonas con amplias minorías étnicas. Los bombardeos de los últimos años sobre la provincia de Juzestán, predominantemente árabe, y sobre zonas de etnia baluchi de la provincia de Sistán Baluchistán fueron respondidos con una oleada de ejecuciones con frecuencia públicas. Algunos de los hombres condenados aparecieron en la televisión estatal haciendo “confesiones” que se cree se consiguieron mediante tortura u otro tipo de coacción.

Ehsan Fattahian, detenido en 2008 y declarado culpable de pertenecer a un grupo de la oposición kurdo, fue ejecutado el pasado noviembre. En una carta enviada dos días antes de ser ahorcado, decía que su condena inicial se había visto aumentada porque se negó a declarar ante la cámara y confesar delitos que no había cometido. Ehsan Fattahian manifestaba que esa circunstancia se debía "a la presión ejercida por fuerzas de seguridad y políticas externas al poder judicial". Desde los disturbios del año pasado, el número de kurdos iraníes que han sido condenados a muerte por delitos políticos no ha parado de crecer.

Philip Alston, relator especial de la ONU, añade que “el derecho internacional indica muy claramente que la pena de muerte sólo puede imponerse en los casos de los crímenes más graves. He dejado muy claro que el objetivo de esa frase es referirse a delitos que tienen como resultado la muerte intencionada de cualquier clase, homicidio, y que cualquier crimen de menor grado no puede ser castigado con la pena de muerte. Una vez más, ésa es una prohibición que los tribunales y el gobierno iraní han descuidado o ignorado constantemente”.

Cientos, probablemente miles, de personas están en la actualidad a la espera de ser ejecutados en Irán. En algunas ocasiones, el suplicio puede durar años. Amnistía Internacional habló con un preso que pasó años a la espera de ser ejecutado antes de que, al final, su condena fuese conmutada. En una entrevista telefónica desde la cárcel declaró:

“¿Ha vivido alguna vez la experiencia de que le condenen a muerte? ¿Le han dicho alguna vez a su pareja, a sus padres, a su hermano, a su hermana, a su familia que esa noche un familiar cercano iba a ser ejecutado? ¿Puede entender el horror y la conmoción que suponen oír esas noticias? Pues yo, dos de mis familiares cercanos y nuestras familias hemos pasado por esto; no una, ni dos, ni unas cuantas noches, si no durante más de dos mil noches”.

 

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