Foto archivo diario Clarín
Abr. 27 (Enfoques365).- La investigación en curso sobre los supuestos sobornos a empresas argentinas para exportar a Venezuela se dio a partir de las denuncias sobre irregularidades en el manejo de un fideicomiso establecido en un convenio de cooperación firmado por el entonces presidente argentino, Néstor Kirchner, y el actual mandatario venezolano, Hugo Chávez.
La maniobra habría consistido en sacar ilegalmente los fondos, venderlos en el mercado negro del dólar, recomprarlos en el oficial y quedarse con 13 millones de dólares, de ganancia por el diferencial cambiario, informó hoy el diario bonaerense La Nación.
Según el rotativo, el ex embajador argentino en Caracas, Eduardo Sadous, había informado a la Cancillería de su país sobre la "corrupción" en el gobierno de Chávez y la desaparición de 90 millones de dólares del fideicomiso.
El ex agregado comercial en Caracas, Alberto Álvarez Tufillo, declaró también que Claudio Uberti era el coordinador del fideicomiso y que en 2005 lo había llamado para pedirle que le dijera a Sadous, entonces embajador, que dejara de meterse en ese asunto.
La defensa de Uberti, por su parte, sostiene al respecto que esto es irrelevante para la causa, alegando que lo que haya hecho Venezuela con ese dinero no es responsabilidad del gobierno argentino.
Con estos antecedentes, el juez de la causa, Julián Ercolini solicitó ayer a la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina una relación detallada de los viajes a Venezuela, a partir de 2003, de Uberti, una de las figuras centrales en la investigación por el supuesto cobro de comisiones a empresas argentinas para realizar negocios con el gobierno venezolano.
Asimismo, la oficina del Defensor del Pueblo remitió a Ercolini el expediente de las firmas Palmat International, con sede en Miami, y Madero Trading, con sede en Buenos Aires, a través de las cuales, al parecer, las empresas realizaban el pago de las comisiones, que oscilaban entre 15 y 20 por ciento, y las cuales, finalmente, iban a dar al ministerio de Planificación, según lo ventilado en el juicio.
Uberti, quien dirigía el Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), también manejaba los negocios con el gobierno de Hugo Chávez, función que le habría sido encomendada por el ministro de Planificación, Julio De Vido, escribió hoy el diario argentino La Nación.
Uberti dejó su cargo en 2007, cuando estalló el escándalo por la valija con 800.000 dólares que se le encontró al venezolano Guido Antonini Wilson al arribar a Buenos Aires en un vuelo del cual Uberti fue señalado como responsable de organizarlo.
En las investigaciones que se adelantan, Ercolini pidió al Gobierno que le informe sobre todas las exportaciones efectuadas en el marco del Convenio Integral de Cooperación entre Venezuela y la Argentina por 500 millones de dólares suscritos entre el entonces presidente argentino Néstor Kirchner y Hugo Chávez, quien todavía sigue en el poder en Venezuela.
Ambas medidas fueron solicitadas al juez por el fiscal de la causa, Gerardo Pollicita, luego de la comparecencia en el juicio de Sadous, quien la semana pasada, bajo juramento, declaró que empresarios argentinos del sector de la maquinaria agrícola le habían asegurado que en el Ministerio de Planificación les habían exigido "sobornos" para poder exportar a Venezuela en el marco del convenio suscrito por Kirchner y Chávez.
La denuncia sobre los supuestos sobornos exigidos a los empresarios argentinos que pretendían exportar a Venezuela le dio un nuevo impulso a la causa, por la cual se investiga a Kirchner y a su entorno por presunta "asociación ilícita".
A su vez, la investigación sobre los supuestos sobornos se dio a partir de las denuncias sobre las irregularidades en el manejo del fideicomiso establecido en el convenio firmado por Kirchner y Chávez.
Según informó el diario La Nación, las investigaciones sobre los sobornos y el fideicomiso forman parte de una causa mucho más grande, que busca determinar, además, si "empresas amigas" del kirchnerismo fueron beneficiadas con la concesión de obras públicas, el manejo de áreas petroleras y la explotación del juego.
El expediente se inició por una denuncia de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien ayer anunció que volverá al juzgado para pedir nuevas medidas de prueba.
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