Tras una creciente serie de atentados que se han cobrado la vida de seis periodistas en menos de ocho semanas, Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades hondureñas que tomen de inmediato medidas para proteger a los profesionales de los medios de comunicación.
Estos homicidios se han cometido tras un año de atentados y amenazas contra periodistas, especialmente contra los que investigan la delincuencia organizada o violaciones de derechos humanos y los que hablan abiertamente del golpe de Estado de junio de 2009, cuando el presidente José Manuel Zelaya Rosales fue expulsado del país.
“Hemos hablado con varios periodistas que, debido a esta incesante campaña de amenazas y violencia, tan tenido que dejar de investigar determinados asuntos y aplicarse una autocensura", ha manifestado Esther Major, investigadora de Amnistía Internacional sobre Centroamérica.
La última víctima ha sido el presentador de informativos Jorge Alberto Orellana, a quien mataron de un tiro en cabeza el 20 de abril, cuando salía de su estudio en Tegucigalpa. Su muerte estuvo precedida de una sucesión de atentados similares que comenzaron el 1 de marzo, cuando mataron a tiros en la capital hondureña al estudiante y periodista Joseph Hernández Ochoa.
Tras haber recibido amenazas de muerte por sus informes sobre narcotráfico, David Meza Montesinos murió de un disparo a unos metros de su casa, en la ciudad norteña de La Ceiba, el 11 de marzo..
El tercer homicidio se cometió sólo tres días después, cuando el director de informativos y reportero Nahúm Palacios fue asesinado en la ciudad de Tocoa por unos hombres armados que dispararon contra su automóvil con fusiles automáticos AK 47.
El periodista había recibido reiteradas amenazas cuando informaba de asuntos relacionados con conflictos sobre tierras y narcotráfico. La cuarta y quinta víctimas fueron los periodistas de radio y televisión Víctor Manuel Juárez y José Bayardo Mairena, muertos a tiros el 27 de marzo, cuando viajaban en automóvil por la región de Olancho.
“Atacar de este modo a periodistas ahoga la libertad de expresión, niega a la población hondureña el acceso a la información y, por supuesto, viola el derecho de los periodistas a la vida", ha señalado Esther Major.
"Las autoridades hondureñas tienen que condenar estos asesinatos e intimidaciones y contraer públicamente el firme compromiso de proteger a los periodistas. Es preciso realizar de inmediato investigaciones sobre los homicidios y llevar a los responsables ante la justicia."
Dos hombres que viajaban en una motocicleta sin placa de matrícula siguieron ayer Ricardo Oviedo Reyes, reportero de la cadena de televisión Canal 40, y se les ha visto rondado por su casa. El 27 de abril se produjeron unos disparos a la puerta de su casa, y recibió también una llamada telefónica de un hombre que le advirtió: "Te vas a morir", y colgó.
El artista radicado en Colón y periodista de Canal 40 Jorge Otts Andersen teme por su vida desde que una persona llamara a un programa suyo que informó en abril del caso de un joven golpeado por agentes de policía y le dijera: "Te vamos ir a matar". Sólo un mes antes, un hombre había llamado al programa y había dicho: “Tu cabeza ya tiene precio”.
“El gobierno debe tomar medidas urgentes para impedir que se produzcan más muertes y ofrecer de inmediato protección a los periodistas que reciben amenazas o corren el riesgo de que los maten –ha afirmado Esther Major–. Es inaceptable que los periodistas pongan actualmente su vida en peligro por el simple hecho de intentar hacer su trabajo."

Información complementaria
Las autoridades hondureñas tomaron medidas enérgicas contra los medios de comunicación tras el golpe del 28 de junio de 2009, cuando el ex presidente José Manuel Zelaya Rosales fue expulsado de Honduras al tomar el control del país un grupo de políticos respaldados por el ejército y dirigidos por el presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti.
Tras el golpe de Estado, personal militar cerró medios de comunicación, y se atacó a periodistas.
En los últimos meses se han sucedido las amenazas e intimidaciones a periodistas, en especial a los que investigan la delincuencia organizada o violaciones de derechos humanos o hablan abiertamente del golpe de Estado. Amnistía Internacional documentó violaciones de derechos humanos cometidas durante el golpe de Estado en un informe publicado el 27 de enero de 2010 con el título de Honduras: Recomendaciones al nuevo gobierno de Honduras tras el golpe de Estado de junio de 2009 (índice: AMR 37/003/2010).
 El 27 de enero de 2010 entró en funciones un nuevo gobierno presidido por Porfirio Lobo.

http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/gobierno-debe-impedir-homicidios-periodistas-2010-04-29 

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