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De todos los países del continente, Colombia tiene uno de los sistemas políticos y sociales con mayores problemas, aunque esta realidad no sea muy bien percibida desde de Venezuela, porque la polarización ha hecho que una porción importante de venezolanos haya idealizado a la élite gobernante de ese país. No le ve ningún defecto y hasta se le admira.

Sin embargo el sistema político colombiano, a pesar de los avances de la constituyente de 1991, no ha logrado conformarse como un sistema democrático de partidos, pues las viejas organizaciones, herederas del esquema de castas de la época colonial, nunca supieron actualizarse como partidos modernos. Ahora, se han desvanecido y se ha creado un modelo en el que compiten personalismos en lugar de organizaciones y proyectos. A todo esto se le añade la influencia del narcotráfico en las altas esferas políticas, el peso del dinero proveniente de la droga en las inversiones empresariales y la deriva terrorista de la conducta de las FARC.

A diferencia del resto del continente, las élites de Colombia no supieron darle respuesta al problema de las guerrillas, y en lugar de abrir las válvulas de escape, como en el resto de la región, incluso en la difícil situación de Centroamérica, lo que hizo el Estado colombiano fue impedir la integración de los miembros de la guerrilla a la vida legal. En una inexplicable conducta sólo se permitió la legalización de los jóvenes guerrilleros del M-19 provenientes o vinculados a clases altas y medias, pero exterminaron a los miembros de la guerrilla campesina de las FARC que se desmovilizaban para incorporarse a los procesos electorales a través de la Unión Patriótica.

El país avanzó con Álvaro Uribe en materia de control de la insurgencia armada, por medio de la política de “seguridad democrática” pero al precio muy alto en materia de derechos humanos. La manera en que ésta se ha desarrollado no ha resuelto ni el conflicto armado ni el del tráfico de drogas, que se ha incrementado. Pero sí se han creado nuevos problemas al plegarse la élite colombiana a la intervención abierta de Estados Unidos, y al mismo tiempo se han creado serias dificultades con los países vecinos, como es el caso de Venezuela y Ecuador. Y el viejo problema de la desigualdad social permanece intacto.

En este contexto, es razonable que el electorado busque alternativas frente a una candidatura como la de Juan Manuel Santos, que amenaza con profundizar los errores cometidos en la política de “seguridad democrática”. Sin embargo, un triunfo de Antanas Mockus representaría sólo un alivio ante las dificultades del sistema político, ya que aportaría poco en la reconstitución de un moderno sistema de partidos en Colombia.

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