Nov. 14 (Télam).- El gobierno de Inácio Lula da Silva procura presentar antes del final de su mandato un proyecto para regular los medios electrónicos que concentran seis grandes grupos privados nacionales, un debate incipiente que afrontará su electa sucesora, Dilma Rousseff.

El ministro de Comunicación Social, Franklin Martins, anunció que esta semana el gobierno comenzó a elaborar un proyecto que "regulará" a los medios y en el cual se priorizará la "participación de los ciudadanos", lo que reavivó un debate público que Lula da Silva mantuvo durante la campaña presidencial con los grandes medios.

La intención lanzada por el gobierno de Lula fue cuestionada por la Asociación Brasileña de Radio y Televisión y por la Asociación Nacional de Diarios, que recelan de las intenciones de "regular los contenidos de los medios" y restringir la "libertad de expresión".

En busca de calmar los ánimos tras el anuncio de Martins y de asegurar la pluralidad defendida, la presidenta electa de Brasil, Rousseff, declaró que la futura ley de medios será sometida a la consideración de sectores diversos de la sociedad.

"Yo creo que, como ocurre en cualquier otro proceso, tiene que haber una gran discusión" sobre la legislación relativa a la radiodifusión y las telecomunicaciones, afirmó Rousseff desde Seúl, donde participó junto a Da Silva de la Cumbre del G20.

El análisis oficial hace eje en la gran concentración de medios nacionales y regionales en grandes grupos lo que impide, a su criterio, la diversidad y democratización informativa a expensas de los intereses de los propietarios de canales, radios y periódicos.

Las distintas estimaciones de los institutos de comunicación y encuestas, la televisión y la radio son el principal medio de información para más del 88 por ciento de los 190 millones de brasileños, lo que realza la importancia del debate de los medios como instrumento de poder nacional y regional.

Desde la década del 60 el sistema de medios brasileños se organizó en torno a grupos cabeceras de red, que son las grandes generadoras de contenidos, y en torno a las cuales orbitan decenas de grupos afiliados que, básicamente, retransmiten la programación en las cinco grandes regiones en que se divide el país.

El Instituto de Investigación y Pesquisas en Comunicación (Epcom) realiza un seguimiento del mapa de medios que indica que existen seis grandes grupos de privados que concentran alrededor del 90 por ciento de la audiencia televisiva: Globo, SBT, Record, Bandeirantes, Rede TV y CNT.

En conjunto, estos grupos controlan junto a sus redes regionales más de 670 medios en todo el territorio brasileño, frente a los 135 de redes públicas, segmentadas y de grupos independientes.

Sólo la estatal Empresa Brasileña de Comunicación (EBC) tiene inserción minoritaria en el selecto equipo de grandes medios, pero el gran grupo mediático de Brasil es la Red Globo con un total de 340 medios, de ellos 105 televisoras, 76 radios FM y 63 de onda corta y media, además de 33 periódicos y 27 revistas, según Epcom.

El segundo grupo es SBT con 185 medios, 58 de ellos televisoras; y el tercer multimedio es Bandeirantes, con 166 medios y 38 canales.

Ante esto, Lula da Silva sostuvo en la campaña un debate con los grandes medios, a los que acusó de actuar como "partidos políticos" en defensa de sus propios intereses, lo que fue respondido por los grandes grupos con la advertencia de un intento de limitación a la libertad de expresión y de prensa.

El analista en comunicación Beto Almeida resaltó que el tema de la libertad de expresión y de prensa en Brasil fue muy polémico debido a que Rousseff "mencionó la importancia de velar por esto y de fortificar un modelo de comunicación pública y plural".

"Ella (Rousseff) dio una respuesta muy fuerte de que va a velar por la libertad de prensa, la libertad de expresión" en su primer pronunciamiento tras ser electa y "dijo que impulsará un modelo para una mayor comunicación pública, comunitaria y alternativa, cosa de la que los medios no van a salir favorecidos", expresó.

Otra cuestión que se suma al debate es la propiedad de medios por parte de la dirigencia política, al punto que se registran cientos de casos en manos de prefectos, diputados estaduales, diputados federales y senadores.

De acuerdo a la Agencia Reporter Social, el fenómeno alcanzaba a un tercio de los senadores y a más del 10 por ciento de los diputados que terminan sus mandatos el 1 de enero, que controlaban radios o televisoras.

"Todos sabemos que los diputados y senadores no pueden tener canales, más todos sabemos que ellos tienen a través de subterfugios de los más variados porque esto se transformó en tierra de nadie", dijo Martins al anunciar una nueva etapa.

Al evidenciar la decisión con que el gobierno afrontará el tema, Martins advirtió que "ningún grupo tiene el poder de prohibir la discusión. La discusión está en la mesa. Tendrá que ser hecha en un clima de enfrentamiento o de entendimiento".

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