Por Manuel Isidro Molina

 

La decisión del Ministerio Público de acusar al alcalde de Maracaibo y ex gobernador del Zulia, Manuel Rosales, es un hecho de primerísima importancia política, ética y jurídica. Algo extraordinario.

 

La Fiscalía –como se ha difundido ampliamente- acusó al alcalde Rosales por presunto enriquecimiento ilícito, sobre un expediente que debe dar sustento a la solicitud de privativa de libertad y prohibición de salida del país en contra del imputado. Lo acusa “por la comisión del delito de enriquecimiento ilícito, previsto y sancionado en el artículo 73 en concordancia con el 46 de la Ley Contra la Corrupción”, según boletín oficial de la Fiscalía General de la República.

 

-En virtud del contenido de la declaración jurada de patrimonio presentada por Rosales Guerrero y la verificación de la veracidad  de la declaración jurada patrimonial llevada a cabo por la Contraloría General de la República, fue que el Ministerio Público decidió acusarlo, dice la declaración oficial. La investigación de la CGR se realizó entre 2002 y 2004, la concluye el 19 de julio de 2007, y el 11 de diciembre de 2008 la FGR imputa al hoy acusado.

 

Difiero de quienes consideran –legítimamente- que se trata de una burda maniobra política contra Manuel Rosales por su beligerancia opositora nacional y su liderazgo en el Zulia. El alcalde marabino dijo que se trata de una persecución política del presidente Hugo Chávez, y sus abogados argumentan que la acción fiscal es ilegal y vulnera derechos del acusado.

 

Sea cual fuere la verdad, en el fondo,  Venezuela merece conocer paso a paso un juicio con grandes implicaciones políticas, éticas y jurídicas. Quienes venimos planteando insistentemente la necesidad de luchar a fondo contra las mafias de la corrupción –sin reparar en colores partidistas- y por el rescate moral de la República, no podemos negar a priori la fuerza de la acusación fiscal. Al mismo tiempo, no puede el gobierno ni nadie negarle a Manuel Rosales el derecho constitucional a ser considerado inocente hasta que se pruebe lo contrario, en juicio limpio y expedito.

 

Rosales debe ser juzgado en libertad, con todas las  medidas cautelares necesarias, pero debe ser juzgado con apego a la ley y la Constitución, para que despeje las dudas que existen sobre su trayectoria administrativa y reputación político-administrativa.

 

Espero que la Fiscalía General de la República y la Contraloría General de la República despejen las dudas sobre su parcialización politiquera y dependencia supina de las órdenes de Miraflores, en esta y otras materias. Los asquerosos enriquecimientos ilícitos de parte importante de la nomenclatura chavista es pública y notoria. ¿Cuándo van a actuar?

 

 

EL CONFESIONARIO

•    TRABAJADORES DEL RECTORADO DE LA UCV dicen haber abortado un planteamiento del equipo rectoral y los decanos ante el Consejo Universitario para autoasignarse bonos anuales de “productividad”, que paran los pelos: para la rectora habría sido de Bs. 90.000; para los vicerrectores y el secretario, Bs. 80.000; y para los decanos Bs. 70.000. La jugada no llegó a materializarse porque la denuncia corrió con indignación por “radio-pasillo”, y sus promotores tuvieron que abstenerse, aunque tenía todo listo, presupuestaria y administrativamente. Mal ejemplo en tiempo de crisis.

 

•    JORGE RODRÍGUEZ, alcalde del municipio Libertador de Caracas, ordenó remover una escultura de Ana Ávalos de Rangel ubicada en el paseo El Calvario del centro de la ciudad capital, por lo que él  considera pésima calidad estética y artística. En tiempos de la “Cuarta”, el Centro Simón Bolívar, donde un cuñado suyo era Contralor, le compró una buena cantidad de obras, a precios muy ventajosos… para ella y su esposo José Vicente Rangel. Su hijo José Vicente Rangel Ávalos y una hermana también fueron privilegiados contratistas del CSB.

 

•    ARISTÓBULO ISTÚRIZ estaría supuestamente asociado por intereses políticos con el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, en una sorda confrontación con el alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, a quien estarían recelando por la proyección de su liderazgo dentro del PSUV y como líder del chavismo en Caracas. Me dicen que el centro de conspiración estaría en el Cuartel San Carlos. Por otro lado, la gestión de JR luce estancada por haberse dedicado a la campaña por el Sí hacia el 15F, y el enorme peso de la corrupta e indeficiente gestión de Freddy Bernal durante ocho años.

 

•    COMO MUCHAS EMPRESAS DEL ESTADO, CONVIASA le debe una vela a cada santo y está causando serios perjuicios a las empresas suplidoras de bienes y servicios. Su ex presidente José David Cabello, desde hace un año en el SENIAT, envió un grupo de “maquilladoras” para “cuadrar” las cuentas y meter el sucio debajo de la alfombra. La actual presidenta encargada, Noris Negrón Rangel, y sus directivos aparecen como maulas porque tienen represados pagos de todo tipo. ¿Por falta de dinero y presunta quiebra?

 

•    LOS SECUESTROS SE HAN INCREMENTADO EN MONAGAS este año. Desde el 1ro. de enero, se cuentan 16 casos, en algunos de los cuales estarían supuestamente involucrados agentes de la Policía del Estado Monagas, la Guardia Nacional, jueces y fiscales del Ministerio Público. No sé cuánto de verdad hay en este planteamiento, pero me lo formulan con suficiente preocupación como para que nacionalmente se ordene una investigación dirigida a desarticular esas mafias, supuestamente vinculadas con paramilitares colombianos “desactivados” que han emigrado a Venezuela. Alarma que Monagas esté en niveles similares de secuestros que Zulia, Barinas y Táchira. Por otro lado, me reportan el hecho –no es exclusivo de Monagas- de que muchos casos de secuestro y extorsión no son informados a las autoridades por temor a los criminales y desconfianza en las policías y los órganos jurisdiccionales: las víctimas prefieren pagar negociando directamente con las
mafias, cuyos integrantes aplican en algunos casos la modalidad “express”.

 

•    EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA está muy activo el “Magistrado 33”. Todo el mundo sabe quién es, cómo se llama y de quién es esposo. Es amiguísimo de “El Negrito de Oro” y logró que su cónyuge se reservara una ponencia sobre el caso “Cemento Andino”. Es un affaire que llega al corazón mismo de la Directiva del TSJ y de la Sala Constitucional. La magistrada de marras también es amiga del querellante y debió inhibirse, pero el “treinta y tres” –así, no más, le dicen- fraguó la marramuncia y la dejó con esa “papa caliente”. Los magistrados no le quieren firmar el proyecto de sentencia porque favorece a Simón Ramos Farías, quien viene de ser condenado a siete años de cárcel por estafa a la nación, sentencia que no cumplió y logró desmontar fraudulentamente, lo que debe ser investigado. El diputado trujillano  Julio Moreno (PSUV), presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, también juega en ese equipo. La contraparte es la empresa colombiana “Cementos Argos”, cuyos abogados se la han visto muy difícil por la falta de probidad de diversas instancias judiciales. El presidente Hugo Chávez ha sido informado de las irregularidades por su colega colombiano Álvaro Uribe Vélez, quien reclama transparencia judicial. La ponente habría dicho a sus colegas de Sala que hay que “sacar esa sentencia” por interés del que te conté… lo único incierto de este cuento. Y no hay entusiasmo, porque si el amparo es resuelto a favor de Ramos Farías, éste se haría “dueño” de lo que ya le robó a la nación y por lo que fue condenado en ausencia a siete años de prisión. Esa condena se la impuso el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, en tiempos de la “Cuarta República”, y en tiempos de la “Quinta” un juez sin competencia la anuló, guiado por el “Magistrado 33”. Representantes de la Fiscalía y de la Procuraduría están al tanto del caso, y han manifestado su contrariedad. Este caso, que consta en autos, debe ser asumido por el Consejo Moral Republicano porque involucra a jueces, magistrados del TSJ y familiares suyos. Veremos qué hacen Luisa Ortega Díaz, Fiscal General; Clodosbaldo Rusián, Contralor General; y Gabriela Ramírez, Defensora del Pueblo.

 

•    LA ROBOLUCIÓN TIENE SU VENDE-PAGA internacional en la calle Nueva York de Las Mercedes, frente a la oficialista radioemisora YVKE Mundial. La inauguraron “a todo trapo”, hace unos días. Se llama “Montaner” (¿?) y funciona en el local del desaparecido restaurant “Mastranto”¿Propietario principal? Arné Chacón, banquero y dueño de caballos finos (hermano del ministro Jesse Chacón), limpio ayer, multimillonario hoy. En realidad es una casa de apuestas con tecnología de punta: caballos, perros, béisbol, baloncesto, etc. ¿Socios? Oscar Martínez y José Maché, con Chacón, un trío imbatible en las apuestas de la hípica venezolana.

 

•    LOS EDUCADORES VAN A PARO el miércoles 25 de marzo. Protestan por aumento de sueldos y respeto a la contratación colectiva. Grave problema confrontan con la póliza de HCM que el ministerio de Educación contrató con Seguros Horizontes, propiedad de los militares (IPSFA), sin experiencia ni capacidad para atender al magisterio venezolano. No le paga a las clínicas ni presta atención debida a los asegurados.

 

 
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