Por Manuel Isidro Molina
Los venezolanos y venezolanas -mayoritariamente gente honesta, trabajadora y solidaria- no tenemos conciencia real de la magnitud del más grave problema histórico que nos arropa y castiga, en todo tiempo y lugar. Colombia y México son dolorosas referencias que debemos considerar porque el destino de Venezuela no será distinto, si no somos capaces de detener y revertir la espiral de corrupción y violencia que se ha hipertrofiado durante la última década, digamos en el lapso 2001-2011.
En México acaba de culminar en la norteña Ciudad Juárez la “Caravana por la Paz”, que recorrió once estados de esa desangrada república “para demandar la restitución del tejido social en aquel país”. El impulsor de la marcha, el escritor Javier Sicilia, a quien le asesinaron un hijo, afirmó que "México está profundamente desgarrado", según reportes de agencia noticiosas internacionales. Decenas de miles de asesinatos han sido cometidos por las mafias del narcotráfico durante los últimos años, acabando con las vidas de mexicanos y extranjeros, incluyendo a centenares de hombres, mujeres y niños pobres centroamericanos atraídos por la codicia asociada al delito o al “sueño americano” que los impulsa a someterse a los más increíbles estadios de degradación moral y humana para cruzar la frontera norteña de México hacia Estados Unidos.
En Colombia, también van de la mano la corrupción y la violencia asesina asociada a la política -en todas sus manifestaciones gubernamentales (militares, policiales y mafiosos), guerrilleras y paramilitares-, el poder económico y el narcotráfico. Sólo en 2010, hubo 59 asesinatos de dirigentes sindicales, un lastimoso record mundial, según informe de la Confederación Sindical Internacional (CSI) sobre violaciones de los derechos sindicales. Últimamente, el pasado miércoles 8 de junio, “sicarios asesinaron a Ana Fabricia Córdoba, una de las líderes de los desplazados en la populosa ciudad de Medellín”. Este crimen es una indignante muestra más de la terrible crisis moral y política que vive Colombia, cuyo pueblo está sometido a un sistemático grado de violencia y corrupción promovido y alimentado por factores de poder que han financiado, tolerado y asociado irresponsablemente a las más diversas prácticas delictivas.
Las mafias colombianas exportan drogas y prácticas delictivas aborrecibles, como lo han hecho hacia Venezuela y sus demás vecinos inmediatos, Suramérica, Centroamérica, el Caribe y Norteamérica, donde sus pares nacionales también cuentan con el encubrimiento que les facilita la corrupción y la complicidad de los factores de poder. De hecho, ya las mafias son poder; se querellan con el poder de los Estados; penetran las más diversas áreas económicas; controlan parte de los flujos informativos; coaccionan y castigan hasta con la muerte a dueños de medios y periodistas; y han forjado verdaderas redes de corrompidos gobernantes, policías, militares, jueces, fiscales, abogados y otros profesionales, para su protección, defensa y consolidación. El poder de ese dinero sucio –de la corrupción y el narcotráfico-se ha hecho enorme, en América y Europa, con derivaciones hacia África, Asia y Oceanía, un fenómeno mundial que poco o nada estimula a la Asamblea Nacional de Venezuela, salvo para insultarse mediocremente entre los parlamentarios gubernamentales y opositores.
Venezuela –a mi juicio- va en el mismo sentido que México y Colombia, países en los cuales la corrupción desenfrenada por el acicate de la codicia fue caldo de cultivo de las peores mafias delictivas del mundo, dedicadas luego al maltrato físico de las personas para atemorizarlas y someterlas a sus designios o asesinarlas miserablemente bajo la complicidad de las autoridades gubernamentales y judiciales, que se negaron a castigar tempranamente a quienes desde muy diversas posiciones de poder se dedicaban a la corrupción, las violaciones a la legalidad y el accionar del sicariato.
La corrupción y la violencia son vistas en Venezuela como fenómenos inconexos, cuando en realidad son uno y mismo. La codicia nos arropa como el decaimiento de los valores éticos y morales en la sociedad. Aparentemente, nadie se preocupa demasiado por el degradante fenómeno. Ni las iglesias se pronuncian consistentemente. Muchos creen que no les incumbe, hasta que son víctimas de la violencia, el atraco o el robo de los dineros públicos que se traduce en pésimos servicios, insuficiencia de obras públicas, viviendas y calidad de vida, en general.
La corrupción de funcionarios campea en Venezuela, como entre los agentes privados de la economía y aún en las organizaciones sociales y gremiales. Es un cáncer que ha hecho metástasis en el tejido social venezolano, pero lo minimizamos mientras otros se dedican a enriquecerse ilícitamente de mil formas, sea robando fondos públicos, atracando a mano armada, traficando drogas, lavando dinero (legitimación de capitales) o matando (si les parece “necesario”). Es un fenómeno aterrador que a pocos parece alarmar, porque la politiquería y la intrascendencia de la fatuidad en el desempeño de las funciones públicas nos tienen enceguecidos: Quieren más de lo mismo, “agarrar aunque sea fallo”, lucrarse fácilmente, aún delinquiendo, protegidos por la complicidad y la irresponsabilidad de quienes dirigen la sociedad.
En Venezuela, no hay gobernantes nacionales, regionales o municipales que se empeñen en torcer este desastroso rumbo. Muchos –no todos, claro está- de esos actores están involucrados en la vida delictiva de las mafias, desde la corrupción administrativa hasta el sicariato. En los partidos políticos pasa algo similar, como en ciertas áreas de la economía privada, donde ganar dinero “como sea” y a velocidades siderales se ha hecho norma, sustituyendo el necesario esfuerzo sostenido y eficaz de empresarios y trabajadores que es lo que reporta beneficios permanentes y verdaderos a la sociedad.
Una alianza nacional contra la corrupción y la violencia, se hace indispensable, comenzando por lograr retirar de la actividad pública a los traficantes de la politiquería, la codicia y la ilegalidad. Comencemos por los malandros de cuellos multicolores que han hecho de la política un negocio mafioso. Familias enteras se han enriquecido ilegalmente junto con las redes de testaferros protegidos por los factores de poder que se han corrompido, y algunos de sus capos se atreven a pontificar.
Esa es la lucha principal que puede estimular a las nuevas generaciones, por encima de la degradación que los asfixia y arruina su futuro. La decencia debe dar batalla a la indecencia. Comencemos juntos -jóvenes, adultos y mayores- la batalla de los sueños contra la corrupción y la violencia de las mafias que han enervado a la sociedad venezolana.
EL CONFESIONARIO
· EL REGISTRO MERCANTIL 5to. ubicado en la quinta “Adelita” de la calle Roraima de Chuao, municipio Baruta, es un centro de corrupción y maltrato a los ciudadanos a manos de la red de gestores y funcionarios ímprobos que allí controlan el “negocio”. Las colas son enormes, desde las cinco de la madrugada, y si llega antes, de primero, cuando se hacen las ocho de la mañana, se enterará de que le corresponde el puestos veintipico porque los primeros veinte han sido vendidos por la mafia. Un mínimo de 200 bolívares fuertes por puesto en la cola, es la tarifa, de acuerdo con el grado de “amistad” con los gestores que todos los días tienen asegurados los primeros puestos descaradamente, en convenio con funcionarios(as) corrompidos(as). Coromoto es una de las corruptas que vende puestos, insulta a los concurrentes y maltrata a quien ose preguntarle algo. No da explicaciones de nada, en el entendido de que quien proteste será “castigado” con miles de artimañas, devolución de documentos y exigencias extremas de redacción o presentación de los textos a registrar. Expelen la sobre confianza de los delincuentes, junto con el grupo “privilegiado” de gestores corrupto-corruptores, quienes cobran a sus “clientes” hasta tres mil bolívares por registro. Por supuesto, “parten la cochina” con “los de adentro”. Esa banda tiene que ser desarticulada.
· EN LA INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES hay molestia de algunos funcionarios por el maltrato que dicen recibir de la supervisora del despacho, Belkys Quintero, quien con sus agresivos modales actúa en contra del concepto básico de respeto a la persona humana. La describen como “la propia dictadora”.
· QUEJAS FUERTES generó la designación parlamentaria de los magistrados de la Corte Disciplinaria y del Tribunal Disciplinario del Poder Judicial venezolano, esta semana. Cuestionan la idoneidad de los principales diputados proponentes, Saúl Ortega, presidente del comité de postulaciones, y Elvis Amoroso, ambos del PSUV; y critican las designaciones de los abogados Tulio Jiménez, Adelso Guerrero, Carlos Medina, Hernán Pacheco, Jaqueline Sosa Mariño y Ana Zuleta, “una vez modificada la norma para bajar los requisitos… a sugerencia de Cilia Flores, en el período legislativo pasado”.
· ASÍ DESCRIBEN a algunos de los designados por la AN: “un abogado de muy poco vuelo con fuertes nexos con el ex magistrado y prófugo de la justicia Luis Velásquez Alvaray, tiene un bufete que litiga ante el TSJ casos emblemáticos, sobre todo los referidos al narcotráfico y aspectos financieros y bancarios. Fue llevado a esa instancia por la secretaria del Comité de postulaciones, María de las Nieves Rodríguez, por razones meramente subjetivas con la anuencia de Saul Ortega”; otro: “El ‘tortero’, como le conocemos en la UCV, duró no menos de 20 años para graduarse de abogado”; otro: “candidato de Iris Varela, sabe de derecho lo que nosotros sabemos de medicina, fue diputado, en el período de las focas, por el Táchira y nada hizo por el estado, no se le escucho intervención alguna como parlamentario, condición suficiente para ser premiado como presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira en enero de este año”; otra: “fue destituida de su cargo de notario público en Caracas, por el general Lucas Rincón, cuando este ocupó el cargo de ministro de Interior y Justicia, por reposera. Alejada un tiempo del chavismo volvió por sus fueros cual oportunista, para ser designada juez”; otra: “fue destituida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en 2006, por maltrato a sus compañeros jueces y al personal subalterno cuando ocupó el cargo de presidenta de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo del Estado Zulia, además de sus pocos conocimientos jurídicos”. Otro: “defendió a una funcionaria del Seguro Social, a quien se le aprehendió en forma flagrante por apropiarse de los medicamentos para los enfermos terminales en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales”.
· “QUISTE PILONIDAL” llaman a la afección de la cual habría sido operado el presidente Hugo Chávez, en La Habana, según mis fuentes médicas. Se ha podido operar, perfectamente, en Venezuela. Es una cirugía menor sobre una molestosa dolencia, generalmente ubicada en la zona del coxis, entre las nalgas, descrita en Wikipedia, así:
“Un quiste pilonidal, conocido también como ‘sinus pilonidal’, ‘fístula sacrocoxígea’, o ‘quiste sacro’, es un quiste próximo al pliegue interglúteo, entre las nalgas, que frecuentemente contiene piel y restos… Pilonidal significa ‘nido de pelo’. Se deriva del latín ‘pilus’, pelo y ‘nidus’, nido”. Del tratamiento: “El tratamiento puede incluir terapia con antibióticos, compresas calientes y aplicación de cremas depilatorias. Si el quiste no es muy profundo y no se ha extendido demasiado, puede bastar con realizar una incisión… curas diarias y tratamiento con antibióticos durante un periodo de tiempo relativamente breve. En los casos más severos, los quistes pueden precisar incisión y drenaje o escisión quirúrgica. Es posible que se necesite vendaje postquirúrgico, que habitualmente se reemplaza dos veces al día, de 4 a 8 semanas. En algunos casos, es posible que se necesite un año para que se dé una granulación completa”. Esperamos la más pronta recuperación del presidente Hugo Chávez, y un inmediato informe médico descriptivo de la dolencia que provocó su intervención quirúrgica en La Habana. ¿Por qué no se la hizo en Venezuela?
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