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Quito, 26 jun (Andes).- Este domingo 26 de junio se conmemora el día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Con la tortura se destruye la personalidad de la víctima despreciando su dignidad humana. Las Naciones Unidas han condenado estas prácticas por ser uno de los actos más aborrecibles que los seres humanos cometen.

La tortura se considera un crimen en el derecho internacional. En todos los documentos internacionales la tortura está absolutamente prohibida y no puede justificarse en ninguna circunstancia. Esta prohibición forma parte del derecho internacional, que es vinculante para todos los miembros de la comunidad internacional. La práctica sistemática y generalizada de la tortura constituye un crimen contra la humanidad.

El 12 de diciembre de 1997, la Asamblea General de las Naciones Unidas, por recomendación del Consejo Económico y Social, proclamó el 26 de junio Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, con vistas a la erradicación total de la tortura y a la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor en 1987. Ecuador ratificó esta convención el 30 de marzo de 1988.

Víctimas no denuncian

Elsie Monge, presidenta de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhus), dijo que en Ecuador esta práctica se mantiene, sobre todo, en las filas policiales.

A su criterio, la tortura se ha invisibilizado porque los agentes policiales mantienen a las víctimas detenidas hasta que las huellas del maltrato desaparezcan. Además, sostiene, que los afectados, por temor, no se atreven a denunciar.

Este último aspecto no permite que se tengan estadísticas de los casos de tortura. Sin embargo, mencionó que en 2010, en la oficina de la Cedhus se recibieron 25 denuncias. Monge señaló que en lo que va del 2011 se han encontrado cadáveres de personas -con antecedentes policiales- con indicios de haber sido torturados, lo que evidenciaría la existencia de un grupo parapolicial de “limpieza social”.

Una fuente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (creado en el actual Gobierno, en 2008) reconoció que, efectivamente, el país no cuenta con un registro, pero que se está trabajando en un proyecto para recopilar casos de tortura.

Monge destacó los esfuerzos del Gobierno por depurar las filas policiales de agentes que cometieron abusos a los derechos humanos. En la actual administración se desintegró al Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Policía por las reiteradas denuncias de abusos a los derechos humanos.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó a la Agencia Andes que desde 2008 hasta la actualidad ha capacitado a 4 000 agentes de la Policía en lo relacionado a buen trato en el procedimiento de detención. Además, junto al Ministerio del Interior, elaboraron el manual de los Derechos Humanos aplicados a la función policial que ha sido distribuido a todos los uniformados en el país (42 mil efectivos).

456 víctimas entre 1984 y el 2010

Por iniciativa del presidente Rafael Correa se conformó el 3 de mayo de 2007 la Comisión de la Verdad  que recogió las denuncias de diversas organizaciones de víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridos entre 1984 y 1988 y otros períodos.

Según el informe de la Comisión, presentado en junio de 2010, el 55,1% de los casos de abuso y violación a los derechos humanos ocurridos en el Ecuador, entre 1984 y 2008 corresponden al período presidencial de León Febres Cordero (1984-1988).

Durante ese período presidencial se efectuaron 32 ejecuciones extrajudiciales, 12 atentados, 9 desapariciones forzadas, 214 privaciones ilegales de la libertad, 275 víctimas de tortura y 72 hechos de violencia sexual.

El informe también señala que durante la presidencia de Rodrigo Borja se presentaron el 8,5% de casos, en la actual administración, el 7,6% y, en los otros gobiernos, menos del 5% cada uno. Aclara, sin embargo, que “no existen factores que permitan considerar al conjunto de casos mencionados como vinculados con políticas establecidas por un determinado gobierno ni con una política de Estado que haya conducido a esos resultados como si es evidente en el Gobierno de León Febres Cordero”.

El documento determina la existencia de 831 violaciones a los Derechos Humanos en Ecuador y 456 víctimas que constan en los 118 casos investigados.

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