Por Manuel Isidro Molina

Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello aparecen como los alfiles del tablero político-institucional que comanda el presidente Hugo Chávez Frías, dentro de la simultánea batalla por la recentralización de competencias y administración de servicios en Venezuela, con base en el abuso del poder. No escapan el ministro de Relaciones Interiores y Justricia, Tareck El Aissami, los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional y la dirigencia del PSUV. Todos a uno.

Su intención es regresarnos al centralismo puntofijista de 1989, precisamente el año del "Caracazo", el estremecimiento del sistema político venezolano y la realización de las primeras elecciones de gobernadores y alcaldes. Esa ultraconcentración del poder presidencialista es conocida y ha sido sufrida en Venezuela, prácticamente desde 1930 hasta 1989.

Este saltoatrás chavista no augura nada bueno para el país, su desarrollo económico, los equilibrios sociales y la estabilidad política. Chávez tendrá "más poder", más problemas y más resistencia. La ultra concentración del poder en Caracas se traducirá en detrimento de los desarrollos regionales y locales; más, con el autocratismo que caracteriza enfermizamente a nuestro Presidente, quien vulnera la Constitución para remar contra la corriente de la historia y las realidades contemporáneas, en Venezuela y en el mundo.

La voracidad controladora de puertos, aeropuertos, policías y demás servicios de seguridad, vialidad y circulación vehicular, políticas ambientales, educación, salud y demás materias propias de la interacción de los organismos descentralizados y la rectoría del Poder Público Nacional (que no del gobierno o Poder Ejecutivo), no descansa en propósitos gerenciales destinados al bien público sino en la visión unipartidista del poder, su degradación unipersonal, y la constante aspiración de triturar políticamente a los contrarios.

Chávez quiere dominar todo, absolutamente todo. Se cree el dueño de Venezuela. Su estrecha visión ha convertido al país -para él- en una especie de "cuartel" sometido a los designios de un jefe-único (él), por lo que todos quienes habitamos y compartimos en esta nación debemos ser subalternos suyos.

Así trata a su enriquecida burocracia y a sus seguidores, con la vieja y simplona conseja de la zanahoria y el látigo. Y no entiende otra opción ni posibilidad. No se siente parte del Poder Público Nacional sino jefe de él, leyendo erróneamente en su condición de "Jefe de Estado" una especie de suprapoder que hace de los magistrados de los poderes Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral, subalternos suyos. Así, cuartelariamente, entiende su desempeño como "Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional" asignado por la Constitución al Presidente de la República, por el hecho básico, esencial, de ser expresión directa del Poder Civil de la nación que periódicamente elige sus autoridades y representantes; nada qué ver con su lejano y medio grado profesional de teniente coronel del Ejército, frustrado en la rebelión militar del 4F/1992. Quiere gobernadores y alcaldes sumisos, subalternos suyos, sin liderazgo real ni potenciales desarrollos políticos democráticos: el "rey" no quiere "reyesitos" ni "reyezuelos" en estados y municipios.

Chávez no tolera la disidencia ni la natural independencia de verdaderos magistrados electos por el pueblo o designados por la representación popular en sus diversos grados, de acuerdo con la Constitución. Ni siquiera respeta a sus seguidores: ¿cuánto vale, para Chávez, un diputado nacional o regional, un gobernador, un alcalde o un concejal? ¡Nada! Todos deben obedecerle, sin chistar; por eso, los gratifica melosamente cuando son lo suficientemente abyectos y los amenaza y castiga cuando le son "desobedientes". No importa si roban o fracasan administrativamente en sus gestiones, para los genuflexos siempre habrá impunidad protectora, como se lo ha garantizado -junto a sus enriquecidos subalternos de los Poderes Públicos Nacionales- a los Miquilena, Grüber, Peña, Barreto, Cabello, Manuitt, Chávez, Acosta y tantos otros, en cuyas gestiones nacionales y regionales maceraron fortunas y algunos llegaron a estructurar verdaderas mafias de la corrupción administrativa, el narcotráfico y la violación de Derechos Humanos. Ese malandraje, cuando le sirve perrunamente (con el perdón de los caninos), es bueno; y mejor, si callan para siempre "disciplinadamente".

La arremetida que ejecutan Cabello y Rodríguez, cada uno en su ámbito de incompetencias, no obedece sino a las ansias del control por el control. No les importa el ridículo que hacen, lo importante es satisfacer los antojos de su jefe. Detrás de esos "heróicos" movimientos para la "Profundización de la Revolución" (les gusta en mayúsculas), están el manejo caprichoso y autoritarista, unipersonal, de la Fuerza Armada Nacional, el Presupuesto Público Nacional y el concierto comunicacional del Estado, secuestrado por el sectarismo monopartidista gubernamental. Amenaza del uso de la fuerza, asfixia financiera y descalificación moral genérica constituyen la fórmula del gobierno maquiavélico de Chávez.

El tiempo permitirá la pustulación del régimen chavista, tan presidencialista y centralista como todos los fracasos venezolanos entre 1830 y 1989. La macrocefalia estatista no perdona, comol está demostrado históricamente.

EL CONFESIONARIO

* EL TENIENTE CORONEL (GN) Juan Carlos Piñero tiró la toalla al frente de la Policía del Estado Monagas, enervada por sicarios vestidos de policías. No pudo con ese infectado cuerpo policial, a cuya dirección fue enviado interinamente por el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami, a raíz de la crisis generada en enero pasado por los asesinatos de los jóvenes Darwin Fernández y Rodolfo Sánchez, en Caicara de Maturín, hecho del cual están responsabilizados el entonces comandante comisario Lisandro Jaramillo y tres policías más. A la renuncia de Piñero, se agrega el nuevo nombramiento realizado: el sub-comisario Luis Alberto Garbán, segundo comandante de la Polimonagas, subalterno de Jaramillo y su protector el gobernador José Gregorio "El Gato" Briceño. El ahora "Comandante General", también es reo de la justicia, pues fue imputado por el Ministerio Público por los delitos de "homicidio calificado y uso indebido de arma de fuego por el Tribunal Tercero de Juicio del Estado Monagas a cargo de la Dra. Marbelys Palacio, (causa penal No. 16F12-0641-08)". La juez le había otorgado con anterioridad, de manera incorrecta, una medida cautelar, en vez de la correspondiente privativa de libertad, de acuerdo a lo establecido en el Código Procesal Penal. "Esta medida de gracia -dice nuestra fuente- le permitió a Luis Alberto Garban mantenerse activo dentro del cuerpo policial, y ahora, asumir la Comandancia General". El juicio contra Garbán se encuentra en la etapa de escogencia de los escabinos. "¿Será que piensan juzgarlo sin separarlo de sus funciones? ¡Esa es la policìa de El Gato! ¡Zamuros cuidando carne!", se preguntan y protestan desde Maturín.

* LISANDRO JARAMILLO, imputado por los asesinatos de los jóvenes Fernández y Sánchez, continúa alojado cómodamente en una habitación especial del Centro de Especialidades Médicas de Maturín, cuyos propietarios mantienen relaciones mercantiles con la gobernación y varias alcaldías, así como con organismos públicos nacionales. "No ha pisado la cárcel, protegido por el gobernador", indica la fuente. Se teme que este comisario ex comandante de Polimonagas, evada la justicia huyendo del lugar. Ocurridos los asesinatos de los mencionados jóvenes, Jaramillo picó cabos, y fue apresado en Mérida, huyendo, posiblemente rumbo a Colombia. ¿Están esperando que la indignación popular coja calle en Maturín y Caicara de Maturín? Este es un caso de impunidad que apenas es la punta del iceberg del sicariato policial monaguense, mantenido "bajo control" del gobernador y sus subalternos mafiosos. La investigación que realiza la Defensoría del Pueblo debe ser apuntalada de cosnuno por la Fiscalía General de la República, el ministerio de Relaciones Interiores y Justicia y demás autoridades nacionales. ¿Cuándo va a intervenir la Asamblea Nacional, en estos casos de violación sistemática de Derechos Humanos?

* UNA ARREMETIDA FINAL contra la Ley de Ejecicio del Periodismo (1994), pareciera estar en marcha, después de haber sido convertida en "letra muerta". La existencia del Colegio Nacional de Periodistas depende de ella, y su justificación histórica y académica radica en la colegiación obligatoria de los licenciados en comunicación social de nuestras universidades públicas y privadas. Sectores gubernamentales radicalizados coinciden en sus objetivos con factores neoliberales expresados por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Bloque de Prensa Venezolano, acérrimos opositores a ambas conquistas de los periodistas venezolanos en 1972 y 1994. Como lo dije en junio de 2008, no me contarán entre los enterradores del CNP y del nivel universitario de nuestra profesión. Y agrego una más: del adefecio que fabriquen la Asamblea Nacional dominada por el gobierno, los colegas y dirigentes que hoy niegan la validez de la colegiación obligatoria, y los errores acumulados de la dirigencia gremial, pues no formaré parte. Así lo plantearé en próxima reunión con la Junta Directiva Nacional del CNP, cuyos integrantes tuvieron la atención de incluirme en la lista de invitados a consultas sobre esta crisis gremial. Estamos ante un proceso de "descolegiación" de los periodistas venezolanos, que igual quieren coronar propietarios de medios y agentes fanatizados del gobierno, unidos ante la fuerza y la independencia de un gremio, cada vez más desdibujado, golpeado por la intolerancia y desamparado social y contractualmente, salvo la ínfima minoría de colegas y demás trabajadores protegidos por los contratos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.