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El gobierno de Estados Unidos asegura que el gobierno del teniente coronel Hugo Chávez Frías facilita las operaciones de narcotráfico de la guerrilla de las FARC. De manera concreta ha señalado a los generales Henry Rangel Silva, Hugo Carvajal y Clíver Alcalá, al capitán de fragata Ramón Rodríguez Chacín, al oficial de inteligencia Ramón Madriz y a dos dirigentes del PSUV.
 
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Por Santiago Alcalá

Chávez, prosigue en la ruta, de Manuel Noriega ex presidente de Panamá hoy convicto por felonías de menor calibre a las de su émulo venezolano.
Los más recientes pasos de esa ida sin regreso, son los episodios de la narcoavioneta apresada en el Cabo San Román con 1.400 kilogramos de cocaína y la inclusión de cuatro personeros del chavismo duro, como “nacionales especialmente designados” por parte el Office of Foreing Assets Control de Estados Unidos (OFAC) a causa de crímenes que en doctrina se califican como lesa Humanidad.Pero ésta, también, el más reciente informe del Grupo Internacional de Crisis, una reputada ONG establecida en más de sesenta países que asigna al gobierno de Chávez las peores calificaciones en cuestiones de civilidad.
El secretismo como política de Estado
Este “Quirófano” no desea prejuzgar sobre la pretendida culpabilidad o inocencia  de los señalados por la referida dependencia del Tesoro, de Estados Unidos. Tampoco quiere hacerlo, en relación con los numerosos indicios sobre la posible participación de altos funcionarios gubernamentales, incluidos algunos militares, en el incidente de la mencionada avioneta.
Pero en lo que no se puede titubear es en la acusación de secretismo. Chávez se niega a investigar cualquier hecho punible en que figuren sus colaboradores, al menos hasta que alguno de éstos salga de sus afectos personales.
Las acusaciones contra el general Cliver Antonio, Alcalá Cordones, el diputado del PSUV en funciones Freddy Bernal, el Presidente Alternativo del Parlamento Latinoamericano Amilcar Jesús Figueroa Salazar, alias “Tino” y del  el oficial activo de Inteligencia del Sebin, Ramón Isidro Madriz Moreno, alias”Amín”, formuladas por las autoridades norteamericanas, no se pueden despachar con el manido latiguillo del “complot del Imperialismo”.
Peor aún ha sido la reacción oficialista, ante las revelaciones vinculadas con la narcoavioneta. El canal “Globovisión” se ha limitado a recibir y transmitir información sobre el hecho, pero he aquí que Conatel ha enviado varios mensajes explícitos al canal de televisión: O te callas o te cerramos la estación.
Este nuevo bochorno de impunidad, de indulgencia plenaria para los afectos al gobierno se une al también silenciado affaire Makled. Ni una sola comisión o subcomisión de la Asamblea Nacional, ni un fiscal especial del Ministerio Público, ni un solo escuadrón del CICPC o el SEBIN, ha llamado a declarar a Carlos Aniasi Turchio contralmirante y supuesto alto pana de Walid Makled, a Tarek El Aisami, ministro de Relaciones Interiores, cuyo hermano Firaz, fue señalado de recibir coima de los Makled, a Francisco Ameliach, vicepresidente de PSUV y militarote también, cuyo hermano Saúl les otorgó a los Makled los contratos de concesión para la distribución de urea, a Omar Mora Díaz, magistrado  firmante del carné que portaba Makled como funcionario del TSJ, a  Eladio Aponte Aponte, magistrado-colega de Mora Díaz, supervisor directo de Makled como “empleado” del TSJ, a Yubirí Ortega de Carrizalez, ex ministra del ambiente y esposa del ex vicepresidente Ramón Carrizales, habitué, con descuentos suculentos, de la Almacenadora de “El Turco”  propiedad del narcogang.
Pero también están los casos de Hugo Armando Carvajal Barrios; Director General de Inteligencia Militar (DGIM), de Henry de Jesús Rangel Silva en su momento director general de la DISIP, hoy SEBIN y Ramón  Rodríguez Chacín, ex ministro del Poder Popular para Interiores y Justicia, hoy Presidente del Tribunal Ética (¡!) del partido de gobierno, incriminados, también por el gobierno de Estados Unidos por felonías vinculadas al narcotráfico.

EL GRUPO INTERNACIONAL DE CRISIS, GIC
El informe del mencionado grupo internacional, no es menos comprometedor. Chávez, directamente, –señala el informe-   tiene que responder por su ambigüedad frente a varios grupos armados; por su falta de voluntad para enfrentar la corrupción; por su política de armar a civiles “en defensa de la revolución” y por último, pero no menos importante, por la propia retórica incendiaria del Presidente.
En lo tocante al problema de inseguridad el GIC señala la existencia de delincuentes individuales al lado de integrantes de bandas o de la misma policía, así como también la presencia en Venezuela de grupos internacionales del crimen organizado.
“Venezuela se ha convertido en un corredor principal del narcotráfico en el que diversos grupos, como las guerrillas colombianas, los paramilitares y sus sucesores, se han unido a organizaciones mexicanas (…) Estas conductas parecieran ser toleradas por parte de individuos en las esferas más altas del Gobierno (…) Los “colectivos” urbanos combinan actividades políticas con actividades delictivas, incluyendo acciones armadas contra opositores del Gobierno”.

COMISION DE LA VERDAD
La investigación  y sanción a los responsables de hechos tan graves es una cuestión de soberanía. Por mucho menos que eso, Manuel Noriega está preso y su país, Panamá fue invadida  por fuerza extranjera.  Ante la obstrucción de cualquier investigación por parte del gobierno de Chávez, se impone la designación de una o varias Comisiones de la Verdad.
Si no se pueden sancionar legalmente, por lo menos que se los investigue y se expongan los resultados al público.

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Semanario LA RAZÓN

www.larazon.net

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