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Por Manuel Isidro Molina
Misión Cero Juegos Ilegales llaman a la política que está (medio) aplicando (con pinzas) el gobierno contra las mafias de la hípica y los centros secretos de apuestas que funcionan en la Gran Caracas, incluyendo los cinco municipios cuyos alcaldes, gobernadores y jefes policiales se vienen haciendo “los locos”. Algunos de ellos son “amigos” de los mafiosos, y por tanto cómplices y hasta beneficiarios de ese dinero sucio. Mucho limpio “chavista” se ha hecho activo capo pudrimillonario de estas actividades ilegales, bajo el amparo gubernamental.
En la ONA deben saber que narcotráfico, legitimación de capitales (“blanqueo de dinero”) y juegos ilegales constituyen redes que se entrelazan y retroalimentan con trata de mujeres, corrupción administrativa y eso que particularmente se denomina “corrupción de funcionarios” (burócratas, policías y militares). Mafioso es mafioso, delincuencia organizada en acción, tanto en Caracas como en los más importantes centros urbanos de Venezuela, con sus respectivos nexos en los “paraísos fiscales” del exterior y ciudades tan prominentes en estas lides como Miami, Panamá, Aruba, Curazao, Bogotá o San José de Costa Rica, donde corre la plata pareja, a manos llenas, de venezolanos “con suerte”, pillastres de todo tipo, procedencia y “militancia” política.
Informalmente, me entero que supuestamente, luego de varios allanamientos y detenciones en los municipios Sucre, Baruta y Chacao, la corrupción de funcionarios policiales está en desarrollo para que la Fiscalía no pueda sostener las acusaciones y –sobre todo- no se llegue a los capos vinculados a destacadas figuras del gobierno, la oposición y algunos empresarios de la hípica, bingos y casinos. Me dicen que están “jugando duro”, de veinte a cuarenta mil bolívares por funcionario, dependiendo de la jerarquía en el CICPC y en la investigación ordenada por el Ministerio Público.
Se activaron las alarmas luego de nuestras denuncias sobre las mafias hípicas y los juegos ilegales. Detonante fueron dos jóvenes apresados por el CICPC, cuando se disponían a “dormir” un ejemplar, y el allanamiento a una discoteca en Altamira de nombre Triskel, propiedad del ingeniero Roberto Rodríguez León, también dueño de un centro hípico de nombre “La Recta Final”, donde funciona una oficina de apuesta permisada por la Superintendencia Nacional de la Actividad Hípica  (Sunahip). En dicha discoteca, PoliChacao encontró cierta cantidad de supuesta cocaína.
Algo de historia
Estas oficinas de apuestas y juegos extra taquilla de los hipódromos como “Macuares, Pollas, Dupletas, Remates, Tablas Fijas”, etc., fueron autorizadas bajo licencia y sin control administrativo de nadie (sin auditoria) por Héctor Dávila Mendoza (Sunahip). “Luis Chacón –cuentan conocedores de la saga-, siendo presidente del INH, hizo muchas denuncias en contra de Héctor Dávila, y Héctor Dávila hizo muchas denuncias en contra de Luis Chacón, ante los despachos del entonces ministro de Finanzas, Alí Rodríguez Araque, y su consultor jurídico Rodolfo Corro. Optaron por votar a Chacón y a Davila, simultáneamente”.
Ahora el Estado, por medio de la Sunahip, suspendió las licencias a las “oficinas legales", que ahora junto a las muchas ilegales, vuelven a la clandestinidad (¿Neo “Banca Suiza?).
Supuestamente, hay una reunión pautada para el día lunes 26.09.2011, en la que todos los entes involucrados en la suspensión de  licencias a las “oficinas”, irían a exponer sus argumentos e intereses. Millones de bolívares, dólares y euros, propiedades (bienes muebles e inmuebles) y puestos de trabajo (no todos delictivos, por cierto) están en juego. ¿Qué pasará? No sé, pero de que es un campo delictivo de importancia, lo es.
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EL CONFESIONARIO

·       LA DENUNCIA CONTRA LOS ESTAFADORES de profesionales y trabajadores independientes necesitados de vivienda, tuvo efectos inmediatos:
1) JOHNNY RAFAEL GUÉDEZ, antropólogo de la UCV y ex vecino del barrio Isaías Medina Angarita de Catia, municipio Libertador en Caracas (

·       PROFESORES de la Universidad Experimental Rómulo Gallegos (UNERG) se han venido quejando de la herencia que  dejara el ex rector Luis Gallardo,  Gobernador del estado Guárico, al nuevo Rector Ramón Galindo. “Los concursos son para algunos compañeros del chavismo o simplemente los amigos de turno, la política de ascensos en el escalafón universitarios no se cumple como lo señalan la Ley de Universidades y su Reglamento”. Se favorecer “a los del entorno político y no a los más capaces y de mayores meritos académicos –dicen-;  algunos directores de los postgrados no tienen credenciales académicas; directores de escuela  y decanos de facultades  no califican   para desempeñar la gerencia pedagógica, el requisito sine qua nom es  la obediencia  a los intereses  del PSUV”. Piden que se investigue el cúmulo de irregularidades, pues además “la unidad de extensión e investigación es inexistente, personal administrativo sin talento ni probidad,  perteneciente a la vieja cúpula adeco-copeyana, vestidos de rojo-rojito,  pasan  sin el procedimiento legal a ser profesores de la institución. Títulos de postgrado que exhiben muchos profesores de dudosa procedencia en acuerdos y subterfugios con universidades privadas de mala reputación… o no reconocidos por el Reglamento que rige los estudios de postgrado en nuestro país”.  El ex rector Gallardo “elevó la matricula estudiantil pero los profesores que ingresaron a través de la figura de concursos amañados dejan mucho que desear,  lo cual originó un daño irreparable a los educandos en su formación”. Señalan los denunciantes que no gozan del beneficio del HCM, sino de un auto gestionado,  “casi que casero”, con una cobertura de Bs.F 10.000,00,  “que sólo tiene validez en el estado Guárico”. Piden a la ministra de Educación Superior,  Yadira Córdoba, y el viceministro Rubén Reinoso,  “analizar con seriedad y objetividad la crisis académico-administrativa de la UNERG”.
·       LA INSEGURIDAD se traga a la Perla del Caribe. La Policía de Nueva Esparta, INEPOL, es una de las más corruptas de Venezuela, afirman. Muchos “mala conducta” ingresan a la institución, por lo que su participación en los hechos delictivos es una realidad. El jefe de la INEPOL, comisario Benito Dumont, imputado por la fiscalía y destituido del cargo, entonces,  Jefe de Operaciones,   por delitos contra los derechos humanos al asesinar de manera flagrante a humildes trabajadores de PDVSA que dormían en  una habitación del hotel Blue Lyon en el 2007, demuestra que lo peor del funcionariado policial es reenganchado nuevamente por el gobernador Morel Rodríguez. Esta matanza la presentaron como un enfrentamiento con la policía, cuando la verdad es que esos trabajadores fueron masacrados.
·       TRES TRIPLES HOMICIDIOS ocurridos el mes pasado en la bella isla Margarita,  no han tenido una investigación imparcial ni de parte de la Fiscalía ni mucho menos por el CICPC, organismo corrompido e ineficiente que ha sido declarado en reestructuración por el ministro Tareck El Aissami. Se dice que funcionarios del CICPC estarían involucrados y que el móvil es el control de los carteles de la droga: funcionarios del CICPC y la GNB estarían supuestamente inmersos “en el negocio del ‘tumbe’ de la droga para ubicarla en el mercado con bandas organizadas”.
·       LOS HOMICIDIOS, el robo, el secuestro exprés, la violación,  la extorsión de ciudadanos venezolanos y extranjeros honestos y trabajadores forman parte de la estadística semanal y de la página roja de la prensa regional. También, “la legitimación de capitales es una constante: pase por alguna construcción en la isla y se percatará que no hay un cartel que indique que institución bancaria la financia. La fiscalía dejó de ser lo que era, una institución al servicio de las víctimas y los justiciables para convertirse en un aparato que obstaculiza la investigación –según abogados en ejercicio-,  está en manos de una fiscal que ni siquiera se reúne con los cuerpos policiales y las instituciones preventivas para el diseño de una política de seguridad ciudadana”. Consideran los denunciantes que en Margarita, “el Poder Judicial carece de preparación, la defensa pública está dirigida por la abogada Milka Olivero, cuyo único merito para ocupar el cargo es ser miembro del oficialismo y madre de la corredora Millka Duno”.
·       LA CORRUPCIÓN de “las policías margariteñas es una simple muestra de la inoperancia y la falta de autoridad del ministerio de Interior y Justicia para coordinar  con los cuerpos policiales de las regiones lo relativo a la seguridad de las personas y sus bienes. El turismo en Margarita es una ruleta rusa”.
·       HENRIQUE CAPRILES RADONSKI no se retrata en grupo con sus colegas aspirantes a la candidatura presidencial de la Mesa de Unidad Democrática (MUD). Su notoria ausencia en el aniversario de Acción Democrática, se repitió en la convención de Fedenaga (Federación Nacional de ganaderos). Sus asesores gringos le han recomendado no aparecer junto a exponentes de la política puntofijista (“la cuarta”) ni con “viejos”. Lo orientan hacia una ruptura política generacional, que todavía están diseñando.
·       LA SEMANA QUE VIENE les cuento otras cosas… como el trío de financiamiento y control de medios conformado por Manuel Rosales, Tobías Carrero y Alberto Federico Ravell, en el triángulo Caracas-Bogotá-Panamá.

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@manuelisidro21
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