Todo indica que el gobierno de Venezuela ocultó verdades en el Examen Periódico Universal (EPU) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y con ello torció derechos humanos que deben ser respetados por los 193 miembros de la ONU, aunque con Siria han sido benevolentes.
El informe a la ONU, por ejemplo, no dijo una sola palabra sobre la situación laboral, pero hay decenas de denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que también forma parte de la ONU.
Según el informe anual que la ONG Provea presentará en los próximos días, desde 2005 han sido asesinados 270 sindicalistas venezolanos por confrontaciones entre ellos mismos, pero que el Estado venezolano debió impedir. La mayoría de esas muertes corresponden a las áreas de construcción y de las industrias básicas en el estado Bolívar.
Todas las denuncias indican que han surgido mafias que utilizan el sindicalismo para hacer negocios que incluyen venta de puestos de trabajo y extorsión a constructores.
Las denuncias dicen también que estas desviaciones son secuelas del antisindicalismo de este gobierno que desde un principio buscó destruir a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y a todos sus sindicatos afiliados.
El gobierno es el primero en pisotear los derechos laborales. Como si fuera poco, cuando los obreros protestan, los reprime y los mete presos porque ha judicializado el ejercicio de la libertad sindical.
Provea recoge en su informe que son 120 sindicalistas sometidos a juicio penal y de ellos, más de la mitad simpatiza con el gobierno. Es decir que este gobierno persigue hasta a sus propios líderes sindicales, confirmando que es antisindical, como se ha denunciado.
La dirigencia creada por este gobierno para sustituir a la tradicional ha fracasado y ni siquiera ha podido cumplir con la reforma de la Ley del Trabajo para devolverles a los asalariados las prestaciones sociales birladas en 1998.
La decepción de los trabajadores sigue creciendo. Por eso, varios sindicatos realizarán el jueves 20 de octubre en todo el país la denominada “Jornada de los Indignados de Venezuela”. No será un paro, sino una protesta en la calle que desmiente lo que las encuestas pretenden vender como verdad.
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