A propósito del libro de Alfredo Ramos Jiménez, profesor titular de la Universidad de Los Andes y director del Centro de Investigaciones de Política Comparada de la Facultad de Ciencias Políticas de esa misma institución, intitulado “El Experimento Bolivariano. Liderazgo, Partidos y Elecciones” (2009), bien vale esta disertación. No sólo para aludir algunas partes del texto que refieren el problema que vive el país en el marco del actual régimen con acentuados visos autocráticos. También, para inducir algunas reflexiones dirigidas a exhortar un comportamiento político y social alineado con el clamor de quienes padecen los problemas de un gobierno que pareciera únicamente esforzarse por mantenerse en el poder a desdén de las carencias y dificultades que caracterizan el paradójico discurrir de una nación ricamente petrolera como Venezuela.

 

Lo de “experimento” deviene, precisamente, de la sensación de vivir un país cuyo gobierno dedica su tiempo a enturbiar el ambiente político con el afán de arrinconar a quienes manifiesten inconformismo o expongan opiniones alejadas de las pretensiones oficialistas. Así que la gestión gubernamental pareciera estarse configurando en medio de un tenebroso laboratorio. Particularmente, porque sus ejecutorias buscan horadar el complejo edificio de la democracia, cuyas estructuras han sido el resultado de ingentes tareas que si bien pueden dar cuenta de agudas contradicciones, del mismo modo son el resultado de agobiantes procesos conciliatorios y de cooperación basados en objetivos de desarrollo económico y social.

 

En el fragor de esta experiencia bolivariana, los resultados lucen precarios. Desde la perspectiva del liderazgo, de los partidos o de las elecciones, faltan ideas que avalen el sentido lógico y consistente de un proyecto político que pudo haber emprendido una interesante jornada de lucha a favor de las insuficiencias y deficiencias que, naturalmente, se establecieron a lo largo de cuarenta años de construcción democrática hasta confundirse con las realidades propias de los procesos políticos que determinaron las desavenencias de entonces. Sin embargo, las tendencias actualmente tienen un amargo sabor toda vez que las decisiones se asumen a partir de viserales posturas e infundadas consideraciones pues la idea es la concentración y detención del poder en unas pocas y negras manos. Para ello se valen de la intimidación apostando a consolidar la pobreza para así continuar experimentando con la ignorancia desde encubiertos laboratorios de desvergonzada guerra política.

 

 

La presencia de Hiram Gaviria, médico veterinario, productor rural, delegado de Venezuela ante la UNESCO1999–2002 y presidente regional de UNT, fue aprovechada para que un nutrido grupo de universitarios, empresarios y dirigentes políticos de distintas tendencias democráticas, disfrutara de una interesante conversación sobre la situación agroalimentaria venezolana. En su disertación, Gaviria Rincón explicaba los cambios que ha vivido el país por causa de los problemas de una agricultura que sigue sin consolidarse, de una ganadería más debilitada y de un ambiente agrario profundamente vapuleado por políticas públicas de pésima estructuración. Según él, la Ley de Tierras dictada en 2001 y reformada en 2003, sienta las bases políticas para provocar el desmoronamiento del sector agroalimentario. Particularmente, cuando el Instituto Nacional de Tierras se arroga facultades para proceder a confiscar abruptamente unidades de producción y propiedades rurales a lo largo y ancho de Venezuela lo que ha constituido una grosera arremetida contra tan importante sector de la economía nacional. Tanto, que hoy día se ha contraído de forma estrepitosa la consolidación del rebaño bovino, la producción de rubros como leche, huevos, maíz blanco, arroz, caña de azúcar, café y aceites vegetales. Ello ha revelado el mayor deterioro en la historia nacional. Con el cuento del pretendido socialismo, el país ha entrado en una fase de empobrecimiento catastrófico y no por culpa inmediata de ninguna crisis financiera internacional, como se ha pretendido acusar. Gaviria, puso a reflexionar a Mérida.

 

Realmente es así, tal como suena. Un verdadero golpe de Estado. No sólo previamente anunciado, sino también amparado por el poder gubernamental. Tan cierto como luce. El caso es que el vicepresidente del PSUV, y además ministro de Energía  y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, ha sido comisionado por el Alto Gobierno para violentar el Estado de Derecho que legitima la gobernación del estado Táchira en manos del abogado Cesar Pérez Vivas. El hecho de declarar su intención de desplazar al gobernador toda vez que su presencia representa una “piedra de tranca” a los propósitos del gobierno nacional, es no sólo un insulto a la Constitución de la República y a las leyes que rigen la materia electoral y determina los derechos políticos del venezolano. Igualmente, es un delito de toda índole que debe penalizarse pues con su vulgar pronunciamiento está atropellando y amenazando la legalidad y legitimidad alcanzada por la votación del pueblo tachirense cuando, el 23 de Noviembre 2008, eligió a Pérez Vivas como gobernador de tan importante entidad federal. Y tan procaz manifiesto, no debe ni puede permitirse. ¿A cuenta de qué?

 

Las comicios para elegir representantes ante los organismos de cogobierno universitario realizadas el pasado miércoles 13, se convirtieron en razones para demostrar al país que la Universidad de los Andes es terreno democrático. En todo momento imperó la tolerancia pese a que fueron a la contienda profesores y estudiantes identificados por colores de partidos y movimientos políticos de posturas polarizadas. No obstante, los resultados dejaron ver que se impuso la alternativa democrática por encima de las fuerzas del oficialismo en una proporción equivalente a dos terceras partes. Y ello significa el valor que tuvo para quienes depositaron su voto profesoral y estudiantil que la Universidad autónoma se respeta. Que sus proposiciones encaran toda pretensión totalitaria pues sus postulados no engranan con la búsqueda de la verdad que plantea el proyecto autonómico universitario. Aunque la fractura de la posibilidad de aglutinar los factores democráticos, dejó ver que cualquier acto de resistencia al absolutismo gubernamental requiere de unidad fundamental. Es la única vía para superar la intención del oficialismo expresada en la ortodoxa pero efectiva estrategia de “divide y vencerás”.

 

 De acuerdo a los últimos dictámenes de este gobierno militarista, la educación del niño y adolescente venezolano estará enmarcada por desaforados criterios que sólo conducirán a hundir esta población en las iniquidades de la historia contemporánea de Venezuela. Sobre todo, cuando estos cubanos incitarán programas educativos que desconocerán a los hombres que construyeron política y económicamente a Venezuela y que no siempre fueron militares. Su deformación está basada en la internalización de aspectos que en nada contribuirán a formar un venezolano apegado a valores de verdad, paz, rectitud, amor y no–violencia pues resulta incongruente que los referidos contenidos destaquen la vida del Ché Guevara, guerrillero y exterminador de vidas y voluntades. O la del actual presidente, al margen de la referencia que igualmente representan quienes ocuparon la presidencia de Venezuela después del derrocamiento del dictador Marcos Pérez Jiménez. Estas discrepancias sólo acentúan la polarización que ha ocasionado la funesta distorsión de una visión unitaria de país, además de profundizar los estragos que tristemente siguen distanciado a familias enteras. ¿O es que los venezolanos van a tener la misma posibilidad en Cuba de asomar las narices donde no son llamados?

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Mérida, 18.05.2009