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 Por  Juan Páez Ávila

            La  violación de la Constitución Bolivariana de Venezuela, hecha aprobar por el Presidente de la República para una supuesta revolución inspirada en el pensamiento de Simón Bolívar, no sólo deja a un lado las ideas fundamentales del Libertador, sino que también lo colocan al margen del ordenamiento jurídico del país y le abre las puertas a todo tipo de protestas, pacíficas unas y no muy pacíficas otras, alimentadas por la crisis social, política y económica que se agrava cada día, cada semana o mes del año, porque las políticas públicas ejecutadas por sus subalternos, no solucionan los problemas más agobiantes de los sectores populares y de la clase, y lleva a la ruina al sector empresarial.  

            La política oficial de expropiar fincas en plena producción y empresas industriales o de servicios que  emplean a miles de trabajadores, y tienen resultados  altamente productivos, lo que ha logrado es aumentar el desempleo y la conflictividad social en los últimos años, sin poder alcanzar el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria y un mayor desarrollo económico.

            El fracaso es tan evidente que tenemos que importar entre el 70  y el  80% de los alimentos que consumimos en la dieta diaria, el desempleo lo ha tenido que ocultar el gobierno con las ayudas a los más pobres, y seguimos siendo un país cada día más dependiente de los precios del petróleo, que al ser muy altos también ocultan el drama de la pobreza por algún tiempo, suficiente para volver a la realidad que caracteriza al país, de una insuperable pobreza y de un enriquecimiento rápido e ilícito de un pequeño grupo de privilegiados que dirigen y administran la hacienda pública.

            Esa política oficial sólo resulta comprensible porque el grupo de asesores del Presidente de la Republica, ubicados en los más altos cargos de confianza, algunos de ellos conocedores del fracaso del estatismo en la Unión Soviética y otros países que pugnan por salir de ese atolladero, no han sido capaces de informarle al Jefe del Estado que los dogmas de la Academia de Ciencias de la URSS no dieron los resultados que buscaban de crear un hombre nuevo y un mundo feliz. Y aunque es posible que el Presidente no los oiga, la responsabilidad en la crisis política y social que muchos expertos no sólo ven venir peligrosamente, sino que también consideran que se agravará porque abarcará la economía, será de todo el equipo gubernamental.

            Una de las últimas manifestaciones de lo equivocado de la política de expropiaciones, es lo acontecido con las empresas de servicios petroleros de la Costa Oriental de Lago de Maracaibo, que le daban trabajo directo a unas 30.000 personas e indirecto a unos 100.000, y que  hasta estos momentos la nueva PDVSA sólo puede absorber unos 10.000, y no está garantizada la eficiencia para mantener la producción de petróleo en esa zona.

            Y tal vez lo más grave sea que PDVSA al no poder pagar la deuda contraída con estas empresas de servicio, aconseja al Presidente que las expropie, para ganar tiempo, aunque deje en el desempleo a miles de venezolanos y aumente la conflictividad social.

            Seguramente el Presidente de la República considera que su poder es de tal magnitud, que ninguna protesta lo puede desestabilizar porque cuenta con la Milicia Bolivariana y el apoyo de la Fuerza Armada, lo que le permite arremeter contra los sectores de la sociedad civil que lo adversan. Y aunque nuestra historia está cargada de Comandantes en Jefe que terminan apoyándose en la represión, algunos con muchos muertos encima o bajo su responsabilidad, también revela que en muchos casos se han equivocado y finalizan derrotados.