Por Luis Felipe Colina

I.- MAFIA JUDICIAL. Una demanda laboral por tres millones de dólares contra la publicidad “Leo Burnett Worldwide” ha destapado la cañería de la célebre banda de “Los Enanos”, instalada, ahora, en predios de los tribunales del trabajo de Caracas. En el juicio contra la mencionada transnacional norteamericana se generaron a lo largo de dos años, seis apelaciones sucesivas, contra seis sentencias dictadas por los jueces inferiores. Hay nueve magistrados de apelación en lo laboral pero los “sorteos” para designar cuál de dichos magistrados dictaminaría los seis recursos de alzada, recayeron de manera siempre en la misma persona: Felixa Hernández, magistrada quinta superior. Por supuesto, en cada una de sus actuaciones Hernández favoreció a la transnacional. Entre los integrantes de este nuevo tentáculo de la banda de “Los Enanos” se señalan, al jefe de la Oficina de Coordinación de los Tribunales laborales, a la mencionada jueza y a un ex presidente de la cámara de comercio venezolana-americana, Venachamb. Por cierto, esta última, al ser notificada de la irregularidad, estaría analizando la expulsión de su mencionado miembro para no hacerse copartícipe de la violación de las leyes RICO, acrónimo de “Rackeetering Inducted Corrupt Organization” y “Foreing Corrupt Act”, que penalizan los sobornos de empresas gringas a funcionarios públicos, aun fuera del territorio de Estados Unidos. Por su parte, la DEM y la propia presidenta del TSJ, Luisa Estela Morales, siguen sin pronunciarse en torno a los sorteos judiciales irregulares.

II.- APOYO POLITICO. Integrantes de la banda “Los Enanos”, que opera en los tribunales del país, se ufanan con contar con el apoyo político del ex vicepresidente José Vicente Rangel, del ex ministro, capitán Ramón Rodríguez Chacín y del gobernador del estado Aragua, teniente Rafael Isea y de controlar a la Fiscal, a la Oficina de Fiscalización y algunos jueces.

III.- ADEMAS DE LA OFENSIVA JURÍDICA que ya fue aprobada contra las radios independientes, Conatel procederá a incautarles los equipos de transmisión y estudios de grabación a aquellas emisoras que tengan penalidades y multas no canceladas con el Ejecutivo, según sea la fecha del atraso en hacer efectivos los pagos. O sea, que si los mismos resultan superiores al total del avalúo de los equipos incautados, entonces los dueños tendrán que responder con el embargo de sus bienes personales para ponerse al día con sus acreedores oficiales. Se trata de medidas confiscatorias similaresa las aplicadas a RCTV, aunque en ese caso el gobierno se limitó a confiscar los equipos del canal 2, pero sin hacerlos parte del pago de deudas. Otra novedad en las disposiciones contra las emisoras confiscadas, es que las mismas no permanecerán en manos del Ejecutivo, sino transferidas sin costo alguno a individualidades e instituciones no gubernamentales que harán uso de ellas como concesionarios.

IV.- PDVSA. El directivo Eulogio del Pino, fue el hombre encargado por el ministro Rafael Ramírez para que convocara una reunión de urgencia con todos los propietarios de las empresas contratistas expropiadas por el gobierno en la Costa Oriental de Lago, para plantearles un conjunto de temas relacionados con su difícil y crítica situación. En la reunión que se celebró en el Hotel Maruma, Pino felicitó a aquellos propietarios expropiados que se “habían portado bien porque no salieron a protestar contra el gobierno en los medios y no le hicieron daño a la revolución denunciando a Pdvsa, a sus directivos y al presidente Chávez”. Y como premio, el gran anuncio, la gran noticia: que pronto se constituiría en la sede de Pdvsa-Maracaibo una oficina donde podían ir a presentar sus quejas y reclamos. Sobre los pagos, sobre las deudas oficiales que mantienen a los pueblos de la Costa Oriental de Lago en una bancarrota que ha catapultado al desempleo en más del 70 por ciento, sólo se dijo que hay que esperar que se recupere la economía mundial de la crisis y que los precios del crudo respondan con un alza que le permita al gobierno atender las deudas que tiene con los ex contratistas. “Es cuestión de tener paciencia” les dijo Pino a los afectados.

V.- RECUSACION. Por estar incursa en la comisión de los delitos de abuso de poder, falsificación de documento público, encubrimiento y obstaculización de la justicia, previstos en los artículos 203, 205, 206, y 316 del Código Penal y 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, respectivamente, fue denunciada ante la Fiscalía del Área Metropolitana de Caracas a la Jueza primera de Control de Caracas, Ivelise Acosta Farías.

VI.- CONTINÚAN LAS IRREGULARIDADES y hechos de corrupción en el Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía. También hay malestar porque hasta las puertas de seguridad fueron empapeladas con afiches de una marca cervecera. El nuevo presidente de dicho instituto es hermano de Eugenio Vásquez Orellana, presidente del Banco de Venezuela y ambos aseguran contar con el respaldo del vicepresidente de la República-ministro de la Defensa, Ramón Carrizales.

VII.- LA FILTRACIÓN de los “off the records” de los programas de José Vicente Rangel en Televén, ha dado lugar a una cacería de brujas. Desde este jueves, por ejemplo, estuvo circulando entre cibernautas el video sin editar, del programa que se exhibirá, hoy, domingo. Nos referimos a la entrevista a Diosdado Cabello en la que este último declara que aspira penalizar a Unión Radio por el contenido de los programas de la filial de dicho circuito en Miami. En los videos filtrados, Rangel y “doña” Ana, su productora, adoptan las conductas más serviles hacia los altos funcionarios entrevistados. Ni las amenazas de despido, ni la presencia de agentes del G-2 cubano en la planta televisiva, sin embargo, han acobardado a los empleados de Televén, quienes siguen activando sus videocámaras indiscretas.

VIII.- EN MIRAFLORES se da como un hecho la designación de Argenis Chávez, primo del presidente Chávez Frías, como nuevo presidente de la estatal petrolera Pdvsa. Rafael Ramírez continuará como ministro de Energía y Petróleo y vicepresidente del Psuv para la región andina.

IX.- SE ACENTÚA el enfrentamiento entre los integrantes de la plana mayor del Ministerio Público. El tratamiento dado a varios casos políticos ha creado malestar en el sector institucional de la Fiscalía, que se resiste a actuar como una seccional del partido de gobierno. 
 
X.- EL INFORME de la junta interventora del Banco Industrial de Venezuela recomienda la liquidación de ese instituto creditito del Estado venezolano. El Ministerio Público, por su parte, profundizará las investigaciones a directivos y ex directivos del BIV.

XI.- INJERENCIA. Esta semana la Fiscalía de Honduras iniciará una investigación sobre la aeronave venezolana siglas YV1496, propiedad de Pdvsa y piloteada por dos oficiales de la Fuerza Armada Venezolana, que violó el espacio aéreo hondureño el pasado 5 de julio. Según el gobierno interino de Roberto Micheletti la conversación que los militares venezolanos sostuvieron con la torre de control, de unos cinco minutos en total, quedó debidamente grabada. “La operación militar, que pudo haber tenido el objetivo de provocar una masacre, fue coordinada y dirigida por Hugo Chávez. Parte del plan, según analistas, era que Manuel Zelaya, supuestamente desde el avión y en comunicación vía celular con Telesur, llamara a la gente a invadir la pista y quitar los obstáculos, esto pese a que la zona era resguardada por miles de policías y militares”, ha dicho el propio Micheletti.

XII.- HIPER-CORRUPCION. Dirigentes del Psuv admiten que los niveles de corrupción en las áreas administrativas y de importación de Mercal son realmente descomunales y superan los record “históricos” de sus antecesoras Corpomercadeo y Corporación Casa. Sobre el tema está prohibido hablar en público en el partido de gobierno, para evitar “dañar la reputación de varios miembros de la FAN”, según nos lo han aegurado varios miembros de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.

XIII.- BOLIBURGUESIA. En el Ministerio Público le siguen los pasos a la compra del banco Banorte, vendido recientemente por el banquero de origen paraguayo Carlos Gill Ramírez. El comprador, José Zambrano, realizó la transacción a través de una empresa con sede en Barbados denominada Intact Business Ltd., y cuyo balance era 2.150 bolívares fuertes en enero del 2008. Según algunos investigadores se trataría de una venta simulada. Gill es hermano de Víctor Gill Ramírez, presidente del banco BFC, propietario de la avioneta enviada con el Cardenal Ignacio Velasco, el 11-A de 2002, a La Orchila con la finalidad de convencer al entonces depuesto presidente Chávez que viajara a la república de Cuba. Por ambos hermanos, connotados banqueros “bolivarianos” en la actualidad, abogó el actual gobernador del estado Portuguesa, teniente coronel Wilmer Castro.

XIV.- INVERSIONES. En varios organismos del Estado investigan supuestas inversiones realizadas en Aruba, San Martín y Europa, por el ex alcalde Leopoldo López y un ex comandante del Ejército de apellido Rojas.

XV.- TRIBUTACION. Los tribunales tributarios y penales están próximos a tomar una decisión contra los miembros de la junta directiva del Grupo Sindoni, en el estado Aragua.

XVI.- FAN. Conocedores de la realidad castrense venezolana aseguran que el descontento en las bases de las Fuerzas Armadas sobrepasa el setenta por ciento de sus integrantes. “La FAN, aunque Chávez diga lo contrario, es polvorín que estalla en cualquier momento”, nos asegura un oficial en situación de retiro que se jacta de ser el “primer militarólogo” del país.

XVII.- APOYO POLITICO. Integrantes de la banda “Los Enanos” que opera en los tribunales del país, se ufanan con contar con el apoyo político del ex vicepresidente José Vicente Rangel, del ex ministro, capitán Ramón Rodríguez Chacín y del gobernador del estado Aragua, teniente Rafael Isea y de controlar a la Fiscal, a la Oficina de Fiscalización y algunos jueces.

XVIII.- TRIBUNALES. Los sindicatos de trabajadores del Poder Judicial preparan acciones contundentes a partir del 15 de Agosto Protestan el incumplimiento de las obligaciones laborales por parte del empleador. 
 
 
XIX.- ARBITRAJE. Los asesores jurídicos de Pdvsa, encabezados por Hildegard Rondón de Sansó y Beatrice Sansó de Ramírez, suegra y esposa, respectivamente, del presidente de esa empresa estatal, Rafael Ramírez, ya preparan los contratos a ser suscritos con las empresas transnacionales que operarán la Faja del Orinoco, en los cuales se estipula el mecanismo del arbitraje internacional, figura contemplada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la reciente sentencia que rechazó el recurso de interpretación presentada por los profesores universitarios Camilo Arcaya, Fermín Toro y Luis Britto García, sobre el artículo 155 de la Constitución Nacional. En medios de Pdvsa se comenta que la referida decisión del TSJ fue concertada con el equipo jurídico de la estatal petrolera y con el alto gobierno.

XX.- LEY DE EMOLUMENTOS. Desde el alto gobierno se le ha hecho saber a los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia que tienen oportunidad hasta diciembre de este año para tramitar su jubilación con el beneficio de sus actuales sueldos, ya que a partir de Enero del año 2010 entraría en vigencia la nueva Ley de Emolumentos que contempla un sueldo máximo de 11.000 bolívares fuertes para los altos funcionarios, es decir, treinta mil bolívares fuertes inferior a la asignación salarial actual.

 

_____________________________________________

 

Semanario LA RAZÓN

www.larazon.net

Caracas, 12.07.2009