Por Daniel Ramos Mayta
La Paz, jul 27 (ABI).- Acostumbrado a dormir cada noche con un menor distinto, el sacerdote José Mamani Ochoa, de 48 años, hizo durantes años de la parroquia San Benito, en Cochabamba, a 400 km al este de La Paz, donde los agentes encontraron colchonetas regadas por todas partes, su paraíso sexual personal.
Tres niños, de 7, 8 y 10 años, a los que el sacerdote de tendencias sexuales obtusas, cercenó de un tajo la inocencia, dijeron “el padre José me violó…”.
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en Bolivia aprobó la denuncia de un joven que destapó las agresiones denunciadas tras vivir en carne propia el acecho sexual.
Mamani Ochoa fue puesto tras de rejas hace tres semanas, después de comprobados sus abusos con los menores que la sociedad y su ministerio le confiaron proteger.
La historia de esos tres niños, el adolescente y el cura ha remecido las estructuras de una sociedad pacata, pero cada vez más acostumbrada a escuchar en voz alta las desviaciones de los “pastores”.
Amén de asegurar la estabilidad emocional de niños, niñas y adolescentes bolivianos, abandonados o no, contra el rebrote de abusos sexuales en Bolivia, la Comisión de Política Social de la Cámara de Diputados aprobó la realización de tests psicológicos a autoridades eclesiásticas, curas, párrocos, sacerdotes, pastores y personal encargado de orfanatos y albergues infantiles, para la detección precoz de potenciales pedófilos.
La pedofilia es el acceso carnal con niños y aunque la palabra misma vomita rechazo, brutalidad, malnatutalidad y decenas de adjetivos de impotencia, guarda relación con un abuelo suyo, la pederastia, una institución en los ejércitos espartanos antes de Cristo, cuatro o cinco siglos, cuando los hombres enseñaban a la lucha a otros hombres más chicos, a título de la formación en la carrera de las armas.
“El padre entró violentamente y me dijo que él tenía que bañarme, porque tenía un jaboncillo especial, pero lo peor vino en la noche. El se desnudo, se metió en mi cama y me agarró de la cintura…”, contó el adolescente a la Policía.
Según el jefe de la división Trata y Tráfico de la Felcc, Boris Bellido, el sacerdote iba a las comunidades, donde reclutaba a los niños de familias pobres o disgregadas.
El pederasta además recibía a los niños abandonados o en conflicto que le enviaban la Defensoría y las juntas escolares de los alrededores de San Benito.
Al menos unos 17 niños pasaron el suplicio de sus desvíos.
La televisión pasó el caso como uno más, pero en coro de voces le pegó con palo aquel que desde otro tipo de púlpito, más bien desde un curul, quiso que una ley permita arrancarles los cojones a los pedófilos.
En medio de este embrollo, entra en escena un test psicológico a personal de instituciones religiosas, de organizaciones no gubernamentales, de orfanatos y albergues públicos, para detectar precozmente a violadores de niños, niñas y adolescente, esto a raíz de la gran cantidad de casos que infligen a una sociedad cada vez más indiferente al mal que aqueja al vecino, proferido por todo tipo de sacerdotes (católicos) y pastores (evangélicos), “ya que gran parte de las violaciones se han dado en estos centros públicos”, dijo el presidente de esa comisión legislativa, Guillermo Mendoza.
Mendoza, un periodista devenido humanista y luego político ha resuelto tomar el toro por las astas y ha propuesto echarle un químico a los escrotos de todos aquellos que sean encontrados culpables de violación. Así, sin vueltas.
El parlamentario aclaró que esta iniciativa no tiene el ánimo de dañar la honorabilidad de las personas, sino que el Estado, el Ministerio Público y el sistema judicial boliviano tienen la obligación de dar protección y seguridad a la población para que puedan interactuar socialmente en confianza con estas instituciones y sus encargados.
Explicó que, lamentablemente, tras las puertas de muchas iglesias y albergues que “acogen” a miles de niños y adolescentes cotidianamente, se esconden hechos tan obscuros como destructivos que acaban de golpe y para siempre con la inocencia, confianza y alegría infantil, dejando en su lugar una secuela devastadora en el cuerpo, la psiquis y el alma de las víctimas y minando frecuentemente su misma voluntad de vivir.
“Por lo tanto, creemos que más allá de generar susceptibilidad tanto en la Iglesia Católica como en la Iglesia Evangélica y en las ONG’s se debe apoyar este test que va ser anual, con la finalidad de establecer la salud emocional, la tendencia sexual de los encargados de estar en relacionamiento con adolescentes, niños y niñas”, remarcó.
Sus declaraciones están cruzadas por el recuerdo del cura que desgració la vida de 17 menores en la cochabambina San Benito, caso que saltó a la luz pública boliviana un mes atrás.
Muchas de sus víctimas fueron vejadas sexualmente durante años.
Crímenes de este tipo circulan por debajo la superficie de una sociedad como la boliviana que cuando no los negó, los encubrió. En otras palabras los perpetuó.
Mendoza informó que, según sus investigaciones, la violencia sexual, después de la violencia intrafamiliar, se ha tornado en el segundo problema que más afecta a los niños y adolescentes en Bolivia, ya que más del 90% de los casos denunciados son agresiones a niñas, niños y adolescentes.
Directo al grano, Mendoza urgió coordinar con autoridades del Ejecutivo un programa la realización de estas pruebas psicológicas en todo el territorio nacional.
“Un granito de arena no está demás”, afirmó con voz de imposición, al tiempo de advertir que las víctimas necesitan más atención para poder romper el silencio, “pero ante una sociedad dispuesta a brindarles credibilidad, feligreses decididos a combatir el mal en sus propias filas, un sistema judicial comprometido con la justicia, medios de comunicación respetuosos de esta tragedia y al menos algunos obispos y sacerdotes con la valentía suficiente para enfrentar los riesgos y actuar firmemente en defensa de la niñez”.
“Tal como suponemos hubiese hecho el propio Cristo”, remata sin concesiones, al tiempo de asir tal vez el único arma con que podrá combatir este mal que avanza, cual cáncer, silente, lento pero constante.
La Constitución Política del Estado, en su Artículo 15, dispone que “toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual”.
En ese contexto, la comisión parlamentaria que encabeza tiene entre ceja y ceja un propósito: evitar que un niño o una niña o un adolescente más muera emocionalmente, luego de ser abusado por violadores que se esconden detrás de una imagen de "cariño y consuelo".
También, descubrir a los violadores que desenmascarados y llevados ante la justicia alegan "debilidades", "errores", "casos que ocurren" o "problemas aislados".
Como advirtió Jesús y no sólo a los más de 20 mil sacerdotes pedófilos en el mundo detectados por el Vaticano, sino “a cualquiera que se atreva a dañar la inocencia de un niño, más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y le arrojen al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños”, sentenció monseñor Tito Solari.
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