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Por Ángel Páez

LIMA, 28 jul (IPS) - En un discurso cargado de advertencias, el presidente de Perú, Alan García, reveló que en la selva amazónica se construye una prisión para los condenados por corrupción y que presentará un proyecto para renovar la mitad de los escaños del Poder Legislativo.

Con motivo del 188 aniversario de la independencia de Perú, y dando inicio al cuarto año de su gestión, García lamentó que a pesar del "notable fortalecimiento" de la economía y el desarrollo nacional, el malestar social ha generado un clima de caos y violencia por culpa de "agitadores y extremistas" y de una presunta "intromisión extranjera".

En una de las manifestaciones más violentas desde que se restableció la democracia en este país, en 2000, el 5 de junio murieron en la norteña provincia de Bagua, en la selva amazónica, 24 policías y al menos 10 civiles en choques entre fuerzas de seguridad e indígenas.

Los nativos rechazaban un paquete de leyes que amenazaban la propiedad de sus tierras y el derecho a decidir sobre la explotación de sus recursos.

Luego estallaron otras manifestaciones en zonas andinas del centro y del sur, con bloqueos en las principales vías de comunicación. La protesta social obligó a García a renovar su gabinete y a dejar sin efecto algunas de las normas cuestionadas.

En su discurso de este martes, el jefe de Estado ofreció como solución un proyecto de ley para que las comunidades indígenas y andinas reciban los fondos del canon recaudado a las empresas que explotan los recursos naturales, y mediante ese mecanismo ejecuten en forma directa obras de necesidad social.

García inició el cuarto año de su administración con una desaprobación de 68 por ciento, según encuesta de la empresa Ipsos Apoyo.

Además, 54 por ciento de los encuestados estimaron que ha empeorado el control de la corrupción desde que comenzó el gobierno, en julio de 2006.

Por un escándalo de corrupción se produjo el primer cambio del elenco ministerial, en octubre de 2008, con la remoción de altos funcionarios acusados de vínculos indebidos con la negociación de contratos petroleros.

Además, están pendientes denuncias sobre la adjudicación de millonarios proyectos de obras públicas.

"Debemos defender y depurar nuestra democracia de los corrompidos y corruptores, aplicando cuanto antes los artículos del nuevo Código Procesal Penal a esa lacra, para que su sanción sea veloz, y recluirlos en la nueva colonia penal de la selva que estamos construyendo, para que allí trabajen", dijo García.

Es posible que el presidente se refiriera al viejo presidio de El Sepa, inaugurado en 1951 en medio de la región amazónica de Ucayali para albergar a delincuentes peligrosos, pero usado como cárcel de luchadores sociales en las dictaduras militares de Manuel Odría (1948-1956), Ricardo Pérez Godoy (1962-1963), Nicolás Lindley López (1963), Juan Velasco Alvarado (1968-1975) y Francisco Morales Bermúdez (1975-1980).

"El propio mensaje evidencia que no ha habido en los tres años del gobierno de García resultados que mencionar", dijo a IPS la coordinadora del colectivo Grupo de Trabajo contra la Corrupción, Inés Arias.

"No se han mencionado objetivos claros de una efectiva política contra la corrupción... El anuncio de la construcción de una colonia penal en la selva, para que allí trabajen corruptores y corrompidos, es un pronunciamiento efectista en un momento en que la mayoría de la ciudadanía cree que la corrupción es el mayor problema que tiene el país", añadió.

Por otra parte, el mandatario sostuvo que enviaría al parlamento un proyecto de ley para la renovación de la mitad del Congreso legislativo, que regiría a partir del próximo gobierno. Si la propuesta es rechazada por los congresistas, García dijo que alentará el referéndum sobre este punto.

"Esta es una propuesta positiva", dijo a IPS el sociólogo político Carlos Reyna, estudioso de los gobiernos de García.

"Pero parece oportunismo porque la reforma se aplicaría en el próximo gobierno y no en el suyo, cuando 80 por ciento de la población está inconforme con la actuación del Legislativo", según encuestas, apuntó Reyna.

"Es obvio que su Partido Aprista Peruano tiene pocas posibilidades de ganar las próximas elecciones y que lo que busca es el desgaste del siguiente Congreso, con el proyecto de presentarse en los comicios que vienen a continuación".

El mandatario criticó a las empresas mineras por haber invertido 133,3 millones de dólares de un fondo de compensación de 333 millones que constituyeron, administran y ejecutan las más importantes compañías del sector a cambio de que el Estado no les aplicara un impuesto a las ganancias excesivas en los últimos años, caracterizados por una enorme alza de la demanda y los precios internacionales.

"Si quieren estabilidad, entonces inviertan para que haya estabilidad", dijo García a los empresarios de la minería, el sector de la economía más afectado por protestas sociales.

El mandatario dirigió un mensaje directo a la empresa Doe Run, de capitales estadounidenses, que opera un complejo metalúrgico en la ciudad de La Oroya, en los Andes centrales, acusado de ser uno de los más contaminantes del país.

La empresa alegó desfinanciación para cumplir las normas ambientales exigidas por el gobierno y pidió una cuarta prórroga, que vencerá en octubre, blandiendo el despido de unos 3.000 trabajadores.

El gobierno accedió a ampliar el plazo, si la empresa aporta 100 millones de dólares a las operaciones, entrega el total de sus acciones al Estado y concluye las negociaciones con sus acreedores.

Pero la empresa respondió alentando una huelga indefinida de los trabajadores en su defensa, sólo frenada por la intervención gubernamental.

Doe Run "debe aportar nuevo capital y dar al Perú las garantías económicas suficientes de que esta vez sí cumplirá, si es así, el Estado podrá conversar y concertar con ella, de lo contrario la ley será aplicada implacablemente", dijo García.

Otras críticas del mandatario se dirigieron al gobierno de su antecesor, Alejandro Toledo (2001-2006), por haber puesto en vigor normas favorables a la exportación de gas natural en desmedro del mercado interno, y pidió la intervención de autoridades fiscales y judiciales para investigar esas medidas.

"Nuestro compromiso es que en ningún caso el uso nacional interno, actual o posible (del gas) para la electricidad, los vehículos o la industria, sea detenido o sacrificado en beneficio de las exportaciones", dijo García.

"En un país convulsionado por protestas sociales, García ha sido especialmente crítico con las empresas privadas, tratando de decir que la responsabilidad no solo es atribuible al gobierno", explicó el profesor de economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Humberto Campodónico.

"Pero no está cuestionando a los inversionistas, sino que les está advirtiendo que de ellos también depende que exista estabilidad, cuando reclama a los mineros que ejecuten más obras sociales, a Doe Run que no deje en la calle a los trabajadores de La Oroya y a las gasíferas que garanticen el abastecimiento interno. Es un llamado de atención", apuntó.