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Por Manuel Isidro Molina 

En Mérida se sufre el impacto delictivo de procedencia colombiana, no tanto como en Táchira, pero a niveles ya insoportables: sicariato, extorsión (“vacuna”) a los comerciantes y otros empresarios, secuestros extorsivos de personas y animales (ganado vacuno, perros de raza, etc.), robo de vehículos con fines extorsivos y tráfico, narcotráfico en todas su modalidades, trata de personas (principalmente con fines de prostitución), contrabando, lavado de dinero, entre otros graves delitos. Los mafiosos colombianos se apoyan en delincuentes venezolanos y corrompen funcionarios de seguridad (Guardia Nacional, CICPC, DISIP, Policía Regional, etc.) y del SENIAT.

Los mafiosos colombianos, según testimonios de personas perjudicadas en Mérida, escogen a sus víctimas, localizan sus teléfonos comerciales, residenciales o celulares, les hacen seguimiento y las llaman a nombre de las “FARC” con “saludos revolucionarios…” La gente sabe que son impostores, delincuentes comunes de mafias que actúan con impunidad por la protección corrupta de algunas autoridades. En las zonas rurales del estado, actúan abiertamente las “Águilas Negras”, vertientes de los paramilitares colombianos. Cerca de El Vigía, en uno de los pueblos de la zona sur del lago de Maracaibo, vi una pinta muy explícita: “PARACOS COÑOS DE MADRE SALGAN DE AQUÍ O LOS MATAMOS” con firma en siglas que no pude captar. Es la ley por propia mano, ante tanta impunidad. “Paracos” en el léxico colombiano significa literalmente “Paramilitares coños de madre”. Por eso, también hablan de “VENECOS” para referirse a nosotros los venezolanos.

Lo que planteo es suficientemente grave como para que el gobierno nacional, en vez de perder tiempo y energías cerrando medios de comunicación y encarcelando a inocentes por motivos políticos, intente un plan de emergencia en materia de seguridad fronteriza y lucha a fondo contra el delito y la violencia de estas mafias. En algunos casos, con todas las prevenciones democráticas constitucionales civilistas, se debe evaluar la suspensión de garantías en zonas específicas.

El problema se complica por la irresponsabilidad gubernamental durante esta década que viene desde el 2 de febrero de 1989, cuando asumió el presidente Hugo Chávez: el sistema de identificación y extranjería se volvió una rochela bañada en corrupción, por lo que ahora cualquier persona tiene la nacionalidad venezolana, sin ningún rigor ético y moral. Es decir, lo primero que consiguen los delincuentes colombianos es la cédula de identidad y la nacionalización. Lo planteo diáfana y firmemente, aunque algunos vagabundetes comiencen a hablar de “xenofobia” y otras perversiones que no anidan ni en mi mente ni en mi corazón, pero como venezolano tengo el derecho y la obligación de gritar: ¡Basta del reinado de los delincuentes colombianos!, quienes se aprovechan de nuestra bondad y solidaridad. Reitero mi amistad, mi aprecio y cariño hacia todos los colombianos y colombianas de buena voluntad que viven entre nosotros y ya se han hecho “nosotros” con hijos y nietos venezolanos, trabajando y luchando junto al pueblo venezolano. Pero esta justa y natural reiteración no significa que tangamos que bajar la guardia ante las mafias de delincuentes colombianos que vienen a nuestro país, a asesinar, robar, estafar, extorsionar, contrabandear, traficar con drogas, a corromper a jóvenes inexpertos y con escasa formación ética y moral -¡grave problema de la sociedad venezolana!- y a refocilarse en el cultivo de la corrupción que caracteriza a buena parte de los funcionarios públicos venezolanos, quienes se han habituado a tener el erario como botín.

Lo peor de todo es que las mafias colombianas han desbordado las zonas fronterizas. Prácticamente, toda la geografía venezolana está enervada por esta plaga delictiva, pero estoy seguro de que en el momento en que se comience a ejercer soberanía y control anti delictivo en la frontera colombo-venezolana, incluso investigando el lavado de dinero y los flujos aéreos y marítimos, se comenzará a desarticular ese tejido mafioso. Arduo trabajo para la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami, y los jueces penales, lamentablemente dedicados a la retaliación politiquera y el abuso de autoridad encarcelando inocentes en penales tan peligrosos como La Planta y Yare.

EL CONFESIONARIO

·        CONTINÚA INTERRUMPIDO EN TRÁNSITO AUTOMOTOR entre Mérida y Barinas, causando serios perjuicios a la actividad comercial, vecinal, familiar y estudiantil entre ambas regiones. Hubo derrumbes por fuertes lluvias que terminaron de colapsar la vialidad en puntos clave. La comunidad pide a gritos al ministerio de Obras Públicas y Vivienda, mayor celeridad y eficiencia en la atención a esta emergencia.

·        MÉDICOS Y OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD se quejan del autoritarismo cuartelero de oficiales militares (de carrera y asimilados) en el Hospital Central de la Fuerza Armada Nacional, en Artigas, Caracas. No todos, en realidad, pero algunos se distinguen por sus arbitrariedades y trato descortés e impositivo. Uno de los graves problemas psicológicos de nuestros militares es que asumen el trato vertical y la forma autoritaria de ejercer la milicia, como único referente en su patrón de conducta en la sociedad civil, es decir la vida extra cuartelaría, que en realidad es la sociedad venezolana; y no, al revés. Pretenden someter a todo mundo con su maquiavelismo y el abuso de poder. Algunos se convierten en psicópatas, simplemente, totalmente desadaptados en la vida civil.

·        EN LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA reposan detalladas denuncias sobre las pillerías administrativas en la gobernación del estado Monagas. Es vox populi el latrocinio que han fraguado el abuso de poder y la corrupción en esa entidad oriental. A partir de la próxima semana, voy a referir casos protuberantes de las tracalerías denunciadas, comenzando por el “Estadio Monumental” de Maturín, entregado sin drenajes y otros vicios de construcción, que todavía le están causando graves perjuicios al erario.

·        LA ASQUEROSA CORRUPCIÓN DE LA MAFIA MIQUILENA-CARRERO va tejiendo sus redes entre factores de oposición y algunos medios de comunicación, supuestamente críticos. Como es natural, sus alianzas son mafiosas: los capos ponen dinero y algunos otros recursos muebles e inmuebles, pero controlan las decisiones políticas de grupos, partidos y medios. Se les están viendo las cuatro patas a cada caballo. Algunos, gozosos, se han  convertido en chupa-medias y asiduos visitantes de residencias y oficinas de ambos mafiosos, quienes hicieron su “agosto” durante su reinado en el gobierno del presidente Hugo Chávez, quien nos lo toca “ni con el pétalo de una rosa”, seguramente por los delitos compartidos.

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