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Por Juan Páez Ávila

            La megamarcha del sábado 05 de septiembre, despejó cualquier duda acerca de la decisión de la alternativa democrática de no dejarse aterrorizar por las amenazas de los representantes del aparato represivo del gobierno, cuya primacía se la disputan los jefes policiales del Ejecutivo Nacional y los chavistas más recalcitrantes del llamado Poder Moral y del Poder Judicial.

Que la protesta cívica es un derecho constitucional y las calles son un espacio que corresponde ocuparlo a todos los venezolanos, lo confirmó la presencia de centenares de miles de personas en las principales avenidas de Caracas.

            Superando la multitud que marchó el sábado 22 de agosto, el pueblo caraqueño convocado por la Mesa de la Unidad Democrática y otros representantes de la sociedad civil, dio una clara demostración de firmeza democrática, de coraje cívico y de disposición a defender los derechos individuales y colectivos que establece la Constitución de 1999.

            La firmeza democrática quedó evidenciada en que no obstante haber marchado hacía apenas unos quince días, frente a nuevas amenazas expresadas por la Fiscal General de la Republica, Luisa Ortega Díaz, de imputar de rebelión civil a los que convoquen una marcha y en su desarrollo se produzca un desorden público, el pueblo de Caracas, sin autobuses de propiedad del Estado, acudió desde urbanizaciones del Este y bajó desde muchos cerros del oeste, a ratificar con su presencia que en Venezuela existe una conciencia democrática, que puede impedir que se consolide un régimen autoritario y militarista.

            El coraje cívico se hizo presente, a pesar de la represión oficial contra la marcha anterior y la arenga del coronel Benavides, de la Guardia Nacional, llamando  sus tropas a defender el socialismo del siglo  XXI y a su Comandante en Jefe, frente a una manifestación pacífica y sin armas, lo cual vislumbraba un futuro de graves peligros por la posibilidad de que las armas que la república ha puesto en manos de la Fuerza Armada, para defender la soberanía nacional y garantizar la vigencia de la Constitución Nacional, podieran ser utilizadas para reprimir cualquier manifestación opuesta al pensamiento único y al autoritarismo del Jefe del Estado.

            Y en cuanto a la disposición de defender los derechos que garantiza la Constitución Nacional vigente, quedó transparentemente expresado en el repudio a una Ley de Educación aprobada sin consulta a los ciudadanos involucrados en el proceso educativo; en la defensa de la libertad de expresión y de información amenazada permanentemente por el gobierno; en la solicitud de la libertad de los presos políticos y en el rechazo a la intimidación contra la ciudadanía, por parte de altos funcionarios públicos que perdieron el poder de convocatoria y el dominio de las calles, y que pretenden sustituirlos  con la violencia, primero verbal y luego, si es necesario, policial y militar, actuando al margen de la Constitución vigente.

            La represión oficial no desaparecerá. Por ahora, la están aplicando selectivamente contra aquellos dirigentes que forman parte de la vanguardia en la protesta, y seguramente la acentuarán contra algunos líderes que han surgido en los últimos tiempos y se destacan como para competir y derrotar a Hugo Chávez, en las elecciones de 2010 y 2012.

La confrontación será cada día más tensa y hasta peligrosa, por la desesperación a que están llegando los círculos chavistas, que ven descender en sus escuálidas manifestaciones  a su jefe único, sin el cual no tienen vida política. Pero una mayor represión traerá como consecuencia que el desprestigio del comandante Chávez será también de mayores dimensiones, y su derrota frente a un pueblo más conciente y más combativo, tal como lo revelan las encuestas, será inevitable.