Por Luis Fuenmayor Toro
En reciente artículo en este medio, comenté el caso de un “periodista”, quien tiene por trabajo introducirse en toda manifestación opositora para, micrófono en mano y camarógrafo al lado, darse a la tarea, no de entrevistar a la gente en forma respetuosa, para conocer sus pareceres, sino de efectuar preguntas en las que a la vez acusa a su interlocutor de querer realizar actividades indebidas y delictivas. El micrófono lo usa además como arma, para casi golpear en la boca a sus entrevistados, y luego dirigirles una andanada de interrogantes sugestivas de la respuesta. ¿Van a enfrentar a la policía para llegar a la asamblea? ¿Se van a comportar violentamente? ¿En ese morral llevas piedras? ¿Siguen con la violencia por delante? Y así por el estilo. Los dirigentes opositores, muchos de ellos entrenados para no caer en la trampa, contestan cualquier cosa y tratan de salir de la situación, pero el amigo inquisidor los persigue con su sarta de preguntas-acusaciones, que para cualquiera son simples provocaciones.
Preguntaba yo en el artículo referido: ¿Cuánto tiempo duraría un “periodista” opositor en una manifestación gubernamental, con una conducta similar a la del provocador señalado? Me basé en la conducta violenta que han desplegado algunos grupos pro-gubernamentales, como la ocurrida contra los periodistas de Últimas Noticias. Como siempre, las verdades son las que más irritan a la gente y este caso no fue una excepción. Varios militantes del proceso protestaron el contenido de mi artículo en forma seria y con mayor o menor vehemencia entraron a discutir con sus argumentos, sin irrespetos ni acusaciones más allá del “saltaste la talanquera”. Algunos trataron de justificar la conducta del provocador diciendo que era un servidor público haciendo su labor, lo cual es una inocentada de quien lo dijo o una respuesta irónica y burlona, que como tal descalifica a sus autores.
Si la oposición ha agredido periodistas en el pasado, no puede respondérsele con agresiones similares por parte del gobierno o de grupos gubernamentales. Si las movilizaciones opositoras terminan en una violencia incontrolable o hay amenazas de que termine en esa forma, tómense las prudentes medidas policiales preventivas, pero no se puede impedir la movilización por la fuerza y lanzarle bombas lacrimógenas (gas del bueno) y agua a presión o peor proyectiles de plástico, antes de que ocurra ninguna acción delictiva. No se la puede prohibir ni estoy de acuerdo con la práctica de convocarle el mismo día y hora una manifestación oficial, a la cual se le permite llegar donde quiera. Es una burla y una provocación a unos venezolanos manifestantes, a quienes prácticamente el Gobierno les dice: “ustedes marchan sólo hasta aquí, mientras los míos marchan a dónde quieran”.
Durante años, los revolucionarios combatimos al terrorismo de Estado como medio para enfrentar al terrorismo. Condenamos siempre a Estados Unidos por esa práctica incluso contra fuerzas terroristas. No se puede tampoco justificar errores y omisiones diciendo que en el pasado se cometían peores descuidos y que se incumplían las leyes. Precisamente por eso salimos del pasado, para alcanzar un gobierno que no incumpliera las leyes, que actuara dentro del derecho y la justicia. Afirmé que la LOE no se discutió como lo obliga la Constitución; alguien serio y decente me contestó que él y otros activistas lo hicieron en algunos estados durante algunas semanas, lo cual es muy loable, pero ¿es ésa la consulta que ordena la Constitución? ¿La que realice un dirigente por su cuenta junto con otros convencidos de que se debe propiciar el intercambio?
Si mal no recuerdo, el texto legal no se conoció sino unos 10 días antes de aprobarse ¿Qué discusión pudo hacerse? ¿Con quiénes? ¿Cuántos participaron? Hay más discusión hoy, después de aprobada la Ley. A cada rato se cacarea que ésta es una democracia participativa y protagónica. ¿Dónde ocurrió esa participación y ese protagonismo en el caso de la LOE y dónde en el caso de la LOPE? En este último caso calla el gobierno y calla la oposición. Son cómplices diabólicos contra los intereses precisamente de la democracia y la participación. Este proceso no le pertenece al Presidente, ni a los diputados de la Asamblea, ni a los militantes del Psuv, ni a los adoradores de Chávez. Todos somos parte de este proceso y tenemos el derecho a apoyar, a disentir, a confrontar, a discutir, a escribir y a denunciar. No tengo que pedirle permiso a nadie para hacerlo y no lo voy a hacer. Quien esté en descuerdo que piense lo que quiera; ése es su problema.
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