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Por Luis Fuenmayor Toro
La oposición ha tomado a la Ley Orgánica de Educación (LOE) como el instrumento fundamental para basar sus movilizaciones actuales contra el Gobierno, a pesar de que políticamente es mucho más importante en el sostenimiento del régimen la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Sobre ésta, las universidades, los estudiantes y los medios de comunicación opositores guardan un total silencio.
No pareciera importarles que se sobreestime a la mayoría y que una porción de votantes venezolanos quede sin representación, a pesar de haberse expresado electoralmente. En este aspecto, gobierno y oposición tienen un acuerdo tácito, que se basa en aquella profunda concepción de la vida que dice: Si es bueno para mí es bueno y si me perjudica es malo. Ambos piensan que serán beneficiados, por lo que lo demás no importa. Al carajo con los principios.
Sobre la LOE hemos expresado que hubiéramos querido un instrumento que sentara las bases para la formación de un venezolano altamente capacitado, con los conocimientos más avanzados posibles, ajustados al gigantesco desarrollo actual de la humanidad y preparado y apto para enfrentar las necesidades del país en relación con la solución de sus ingentes problemas, su despegue del subdesarrollo y la elevación significativa del nivel de vida de la población, todo ello dentro de un marco de independencia y soberanía, de cooperación internacional y de pluralismo político e ideológico.
La ley derogada, producto de la Cuarta República, no cumplía con ninguna de estas exigencias, por lo que era de esperarse que las mismas aparecieran en el instrumento legal de la revolución, que esperamos durante diez años y para el cual muchos ofrecieron su concurso y sus propuestas.
Hubiéramos querido que se estableciera una clara disposición que prohibiera esa perversión tan frecuente en nuestros días, que otorga la exoneración de cursar asignaturas a los estudiantes que no han recibido clases de las mismas, por carencia de docentes o por cualquier otro hecho de negligencia criminal de los administradores del sistema.
Esta aberración, que afecta la enseñanza de la matemática, la física, la química y algunas otras, golpea profundamente a nuestros estudiantes pobres al convertirlos en minusválidos intelectuales, incapaces de sobrevivir en su desempeño futuro, donde serán víctimas de competencias imposibles de superar y de retos que los harán fracasar una y otra vez, con los consiguientes resultados de frustración, deserción y exclusión educativa. Sobre este vital aspecto no se pronuncia la LOE, armada y aprobada en una semana por nuestros excelsos diputados.
Hubiéramos querido que la LOE garantizara la inclusión de todos con la mayor calidad posible, de manera que no se permitiera el analfabetismo, ni la deserción escolar, para hacer real la disposición constitucional de tener un bachiller en cada venezolano, por lo que las misiones Robinson y Ribas serían innecesarias, al cesar las causas que las originaron. Contrariamente, la ley establece las misiones, ya no con carácter transitorio como se supone es toda misión, sino permanente dentro del sistema educativo.
En el caso de las universidades, hubiéramos querido se restituyera la exigencia de ser doctor para ser autoridad y para ascender a profesor asociado y se exigiera un escalafón elevado en el caso de las autoridades. Que existieran disposiciones para acabar con el facilismo, que invadió la vida universitaria desde hace ya cierto tiempo, y que derogara la definición de recinto universitario impuesta por la Ley de Caldera.
Que desconcentrara las funciones de los consejos universitarios en varios nuevos organismos de similar nivel, para aumentar la eficiencia académica y garantizar el autocontrol institucional, en lugar de crear sólo al Consejo Contralor, el cual aparece aislado, fuera de contexto y simplemente como una advertencia de carácter punitivo para las universidades.
Nada de lo anterior. La enseñanza, función primordial de la escuela, está muy diluida en la LOE. Se colocan como prioritarias actividades que son secundarias e indirectas de la escuela, la cual, si bien tiene que preocuparse por la alimentación, la salud y el trato familiar de sus alumnos, no puede ser designada responsable de este tipo de actividades, que corresponden a otros ministerios y organismos. Hubiéramos querido… pero lamentablemente no ocurrió, con lo cual continúa perdido el rumbo en lo que a la educación respecta.