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Por Rafael Iribarren
"Masacres", oficialmente hoy se refiere a las sucedidas en los años ochenta y noventa; no a las de los últimos diez años, que aunque menos, igual las ha habido; la del “Cuartel Mara”, de “Las Claritas”. Hacia treinta años de masacres encubiertas e impunes. Incluyendo los muertos de El Caracazo, unos trescientos registrados y con los desaparecidos hacia los cuatrocientos y más.
Cantaura, octubre del ‘82, veintitrés muertos; Yumare, mayo del ‘86, nueve muertos; El Amparo, octubre del ‘88, catorce muertos (antes, igual en Apure y por el mismo Cejap, Isla de Charo, Las Gaviotas, Totumitos y Vallado; después, Las Garcitas); El Caracazo, febrero ‘89; ciento cincuenta (¿?), doscientos cincuenta (¿?) muertos; Colonias del Dorado, agosto del ‘92, veintinueve muertos; Retén de Catia, noviembre del ‘92, sesenta y tres (¿?) muertos; Cárcel de Sabaneta, enero del ‘94, cien muertos.
UN MISMO MODELO DE MASACRE
Todas las masacres fueron ejecutadas con el mismo patrón; como operaciones militares, por efectivos militares y policiales, y con elementos básicos comunes; uno, que, salvo el Caracazo, en que formalmente hubo el decreto presidencial del “Plan Ávila” fue implementado por el alto mando de la FAN y luego ejecutado por la oficialidad media; el diseño la decisión y la ejecución de todos los demás fue iniciativa planificación y obra de mandos medios militares y policiales; dos, que fueron masacres de gente desarmada y en algún caso, limitada y precariamente armada, incapaz de ni siquiera defenderse mínimamente; y tres, todos los casos se terminaron ventilando en los tribunales militares que dictaminaron rechazando cualquier inculpación a sus ejecutores.
ENCUBRIMIENTO E IMPUNIDAD
Con la misma cuenta oficialista; fueron tres quinquenios largos de masacres encubrimiento e impunidad digamos puntofijista; pero, desde Cantaura en el ‘82 hasta ahora, con dos quinquenios más de encubrimiento e impunidad, ahora, chavista. Dicho propiamente, las masacres oficialmente reconocidas “de los ‘80 y ‘90” fueron de autoría puntofijista; pero el encubrimiento y la impunidad ante ellas ha sido es y seguramente seguirá siendo de autoría puntofijista-chavista; militar.
MILITARES JUECES Y PARTE
En el 2006 en la AN se designó una “Comisión Especial” para hacer un informe sobre las masacres los asesinados y desaparecidos, políticos, de “los ‘80 y ‘90”. Luego de tres años hace unos días anunció que en un cierto lapso entregaría su informe. Indicativo; puesto que de las masacres real o pretextadamente políticas, Cantaura y Yumare, El Amparo Isla de Charo etcétera, se conoce o existe toda la información; se conoce todo, los mandos autores intelectuales y mandos y efectivos militares y civiles que las ejecutaron; se conocen las víctimas y donde y como se ejecutaron; ahí no hay que investigar mucho. Y de las masacres “no políticas” la de Sabaneta y la del Retén de Catia, como la mayor de El Caracazo, también tiene que existir toda la información acerca de sus ejecutores; falta, como en las masacres de las cárceles, es la cuantificación e identificación definitiva de las víctimas y determinar la forma concreta como fueron muertos; y mostrar las responsabilidades concretas.
¿Quién decretó y quiénes asumieron el mando supremo de ejecutar el Plan Ávila? Se sabe: Pérez, Alliegro y los del Alto Mando de la FAN. Lo que no se ha hecho público; aunque sí se sabe porque existe la información precisa; los que no solo ejecutaron el Plan Ávila cumpliendo órdenes; sino que además lo hicieron con exceso saña y alevosía. Porque el Plan Ávila ciertamente Pérez y Alliegro y el Alto Mando lo pusieron; son responsables y hay que enjuiciarlos; pero también a los comandantes mayores capitales y tenientes que lo hicieron con ese exceso esa saña y esa alevosía innecesaria que ellos le pusieron; por lo que igual son responsables y hay que identificarlos y enjuiciarlos O sea, a Pérez y Alliegro y demás a enjuiciarlos por el Plan Ávila y a los oficiales medios de entonces por la masacre.
Ahora con la pretensión de enjuiciar a Pérez y su ministro por el Caracazo; precisamente ni por ello, al contrario, cesará el encubrimiento y la impunidad; que ésta deriva de aquel; y ambos son hechos posibles mediante el ejercicio del poder. Y bien significativamente, en los casi treinta años de encubrimiento e impunidad transcurridos desde Cantaura en 1982 habiéndose producido los muchos y profundos cambios que conocemos en el ejercicio el poder por civiles; y sobre todo la militarización extrema de los últimos años; el encubrimiento y la impunidad se han mantenido y continuado. Obviamente, porque son los militares, concretamente los altos oficiales de hoy que hace quince y veinte años eran oficiales medios y bajos quienes hoy mas que nunca necesitan el encubrimiento y la impunidad.
FARSA PARA EL ENCUBRIMIENTO TOTAL
Todas las masacres “de los ‘80 y los ‘90” fueron y son escándalos de perversión militar encubrimiento e impunidad; de suprema perversión en el ejercicio autoritario del poder.
La reactivación del caso por la Fiscalía General; las exhumaciones en La Peste, absoluta y descaradamente militarizadas, consistentemente denunciada por Cofavic y Provea; y la apertura de expedientes a Pérez y Alliegro constituyen una manipulación de la conciencia política nacional y de los familiares y solidarios de las víctimas; y una farsa. Y todo lo contrario de ser acciones contra el encubrimiento y la impunidad, del “prohibido olvidar”; con esta farsa, militares subrealistamente jueces y parte, se pretenden ellos mismos su propio encubrimiento e impunidad totales de su responsabilidad histórica; no solo en El Caracazo sino en general; del militarismo en que estamos; destacadamente de los que hoy, ahora, son revolucionarios bolivarianos, participantes en todas las masacres, en todas, “de los ‘80 y los ‘90”.

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