Por Manuel Isidro Molina
El gobierno del presidente Hugo Chávez tiene en la frente la sangre de más de ciento veinte mil (120.000) venezolanos y venezolanas asesinados en casi once años de pésima gestión, que envuelve sin solución de continuidad a sus ministros de Relaciones Interiores, desde Luis Miquilena hasta Tareck El Aissami, por cierto, el único que se ha empeñado en enderezar ese fardo dejado por sus predecesores y la incompetencia misma del Jefe del Estado.
La magnitud del problema delictivo venezolano es muy superior a la montaña de asesinatos que se ha acumulado. El impacto de esa mortandad de seres humanos, una catástrofe histórica, tan fuerte como es, no expresa la real magnitud del problema. Es la punta del iceberg de un estadio moral deplorable de la República. Muchos no lo quieren ver, y por tanto están incapacitados para revertirlo.
Algunas personas creen que se exagera, cuando se habla de esta Venezuela enervada por las mafias criminales, desde la corrupción administrativa hasta el sicariato, pasando por la erosión moral de policías y militares (lamentable y fundamentalmente, oficiales, suboficiales y tropas profesionales de la Guardia Nacional), los jueces y fiscales venales, empresarios y gerentes o agentes empresariales corruptores y una etcétera inasible, definitivamente incuantificable.
La depredación moral de la política y la función pública, hace de lo público algo detestable para el común de los ciudadanos y, a su vez, objeto de la codicia y la irresponsabilidad social de los delincuentes, quienes se sienten reflejo –con “derecho”- de la delincuencia enquistada en el Estado y en los grupos económicos asociados al delito. Más, en un país petrolero y dispendioso, consumista y hedonista.
En materia moral y delictiva, ésta es una década perdida. Ni el presidente Chávez ni quienes han pasado o están en su Consejo de Ministros y demás instancias del Alto Gobierno, pueden (de)mostrar lo contrario. Es su fracaso mayor, injustificable e irreversible.
La reconstrucción democrática de Venezuela tiene un componente moral que no puede ser excluido, ni siquiera soslayado. Recomponer lo Público es imposible sin apartar lo corrupto y delictivo que gravita sobre las principales aristas de la nación. Las mafias que han enervado a la sociedad venezolana deben ser condenadas y desarticuladas. ¿Imposible? Indispensable.
La transparencia (honestidad) y la bondad deben retomar posiciones en Venezuela. Es el esfuerzo primordial que nos reta a los venezolanos y venezolanas de estos tiempos, para salir del atolladero en el que nos encontramos. Es el punto de partida de cualquier esfuerzo trascendente.
EL CONFESIONARIO
· EL TRIBUNAL 19 PENAL DE CARACAS comienza a trabajar el horrendo asesinato de los jóvenes Maikel Antonio Barrios (27) y su hermana Eric Desiree Barrios (25), quien dejó un hijo de ocho años de edad. Ambos muchachos fueron baleados por la espalda, él recibió seis balazos; y ella, uno en la nuca, simplemente porque “les dio la gana” a los homicidas: Alexander Rondón (Policaracas) y Erick Lucena (Polimiranda), quienes están recluidos, “cómodamente y divirtiéndose”, en la sección de Asuntos Internos de la Policía de Caracas, en la Cota 905. Para el lunes 26.10.2009, a las 8 am., están citados los fiscales y los abogados de la defensa, quienes presionan para mantenerlos en el referido sitio ad hoc y hasta lograr el “juzgamiento en libertad”, como si fuesen seres inofensivos, al contrario de lo que en realidad son, policías delincuentes de alta peligrosidad, por lo que deben ser recluidos en una cárcel de alta seguridad, como ordenan los códigos penales. El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, por razones obvias, debe extremar su control jerárquico en la Policía de Caracas, para evitar una “sorpresiva” fuga de los imputados por homicidio calificado. Iraida Torrealba, madre de los muchachos asesinados, teme -con toda razón- que las maniobras de estos policías corrompidos y sus abogados burlen la justicia. El viernes 23 de octubre, se cumplieron cinco meses de la matanza, mientras los dos únicos imputados gozan de protección policial y otras licencias en la Comandancia de la Policía de Caracas (Libertador). También, que algunos “chicos malos” sueltos comiencen una acción de amedrentamiento, lo que debe atraer la atención diligente del Tribunal y la Fiscalía. Los familiares de los muchachos asesinados no piden más que aplicación estricta y recta de la justicia, comenzando por evitar que los asesinos gocen de licencia alguna en su privación de libertad, mientras se desarrolla el juicio. Claman “¡Justicia!” La inspectoría de Tribunales y la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) deben estar pendientes, para evitar lo advertido por la atribulada madre.
· LOS DISTURBIOS FRONTERIZOS sobre los puentes de Táchira y el Norte de Santander (Colombia) son protagonizados principalmente por contrabandistas y trabajadores ilegales colombianos, a raíz de las restricciones del comercio y el transporte irregular de gasolina venezolana. Una lógica sospecha mía, fue confirmada por amigos especialistas en materia binacional colombo-venezolana: los paramilitares tienen amplio control en el Norte de Santander, legal e ilegalmente, desplegadas sus mafias en todo ese territorio y, por supuesto, en áreas fronterizas venezolanas, desde San Antonio del Táchira hasta San Cristóbal. Historia conocida y sufrida, tanto allá como acá. La larga y criminal mano de los paramilitares está metida en los disturbios, por lo que se teme que en días próximos puedan producirse hechos de sangre, sea a cuchillo o a balazos que puedan herir y hasta asesinar a Guardias Nacionales y otros ciudadanos venezolanos, así como a hermanos colombianos de buena voluntad, a ambos lados de la línea fronteriza. Los jefes de los respectivos Teatros de Operaciones de la Fuerza Armada Nacional y los organismos de inteligencia policial y militar deben extremar sus dispositivos de investigación, prevención y reacción inmediata.
· LOS ALCALDES Y CONCEJALES CARAQUEÑOS, el ministerio de Salud y el INDEPABIS deben investigar y corregir lo que está ocurriendo en algunos centros comerciales de nuestra ciudad capital: han clausurado la mayoría de los sanitarios a disposición del público, lo que les corresponde mantener con el debido esmero según las ordenanzas municipales, las especificaciones técnicas de arquitectura e ingeniería y reglamentaciones sanitarias nacionales. Centro Plaza y Centro Lido son ejemplos de lo denunciado. La queja de los usuarios es generalizada, incluso contra restaurantes y fuentes de soda con mesas desplegadas en áreas comunes, cuyos dueños no ofrecen servicio sanitario de ningún tipo.
· ESTOY, HE ESTADO Y ESTARÉ DE ACUERDO con la libertad de los presos políticos, independientemente de los errores que puedan haber cometido en su accionar opositor, más cuando se trata de personas que han sido imputadas y acusadas caprichosa e irresponsablemente de “delitos” inexistentes. Esa conducta morbosa de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, algunos fiscales y jueces venales, no sólo es censurable sino causante de verdaderos traumas en la sociedad venezolana. Sobre los acontecimientos de 2002 y 2003, he propuesto “amnistía”, generosidad política y humana que no está en capacidad de asumir la actual Asamblea Nacional, cuasi monocolor y prosternada ante el poder presidencial. Pero lo que no puedo compartir es la pretensión de mezclar los presos políticos que debemos defender democráticamente, con supuestos delincuentes comunes que han lucrado con negocios públicos o practicado graves delitos como la extorsión y hasta asesinatos. La diferencia es clara, por lo que el “engorde” de la lista llevada a instancias internacionales desnaturaliza la lucha por los Derechos Humanos y facilita la contracampaña gubernamental, cínica y oportunista, para justificar lo injustificable.
· 759 PERIODISTAS HAN SIDO ASESINADOS en el mundo, entre 1992 y lo que va de 2009, a razón de 45 por año, casi cuatro por mes, según registro del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por su nombre en inglés) que publicó una “base de datos mundial en línea de periodistas que han sufrido muertes violentas relacionadas con su trabajo desde 1992. Está diseñada para recordar a los fallecidos y exigir justicia en los casos sin resolver.” Pueden entrar a: http://cpj.org/killed/ dirección web ofrecida por el Knight Center for Journalism in the Americas de la Universidad de Austin, Texas, Estados Unidos (http://knightcenter.utexas.edu/).
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