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Por Absalón Méndez Cegarra
El empadronamiento de la población y el registro de una serie de actos de la vida humana ha sido motivo de atención por todos los pueblos del mundo. Al revisar la historia de la humanidad encontramos momentos que han marcado hitos en materia registral, tal es el caso del censo ordenado por el Rey Herodes para dar con el paradero del hijo de Dios, Jesús de Nazaret.
Los Reyes de la antigüedad, al igual que los gobernantes de ahora, acudían al registro de la población y sus actividades con fines recaudatorios de impuestos y contribuciones. Con el avance del tiempo, la aparición de la propiedad privada, nacimiento del Estado y el surgir de las normas jurídicas como reguladoras de la convivencia social, aparecen los llamados negocios jurídicos y los actos jurídicos que requieren de publicación para que surtan efectos ante terceras personas.
Nace, así, la actividad notarial y registral conocida y reconocida en el mundo entero. La autenticación de un documento (actividad notarial) mediante la cual se deja constancia que un hecho con significación e importancia jurídica se realizó ante la presencia de un funcionario del Estado dotado de facultades por la Ley para dar fe de la veracidad del mismo, es de extraordinaria importancia en las relaciones entre los seres humanos.
Luego, si se amerita que dicho acto o negocio jurídico, ofrezca mayor seguridad jurídica, adquiera carácter de medio de prueba, se haga del conocimiento de toda persona interesada en su realización, como ocurre con la tradición legal de la propiedad inmobiliaria, se acude a la protocolización, es decir, al acto registral.
Venezuela, país moderno y civilizado, tiene una experiencia notarial y registral de vieja data. A decir verdad, los Registros y Notarías eran, en el pasado reciente, de las pocas oficinas públicas reconocidas, respetadas y con reconocimiento por parte de la población, a pesar de algunas fallas propias del abandono tradicional del sector público. Las críticas provenían en lo fundamental de dos vías. El supuesto o real enriquecimiento de notarios y registradores por el cobro de aranceles, habilitaciones, traslados y otros; y, la designación de Notarios y Registradores como recompensa electoral y partidista.
El partido triunfante en unas elecciones se garantizaba su grupo de notarios y registradores. Era el premio a otorgar a las personas (abogados) integrantes del partido. Con la llegada del actual grupo de gobierno se puso al descubierto estas supuestas irregularidades y se prometió como, es costumbre, su solución; pero, el remedio, dice el refrán popular, resultó peor que la enfermedad. Los vicios e irregularidades denunciados se potenciaron al máximo. Las oficinas registrales y notariales se convirtieron en casas del partido de gobierno y los notarios y registradores en activistas obligados a pagar “vacuna” y financiar las actividades partidistas, obligando a esta práctica, también, al funcionariado subalterno, es decir, secretarios, secretarias, escribientes y demás empleados, acompañados de su correspondiente “combo” rojo, rojito, listos para salir a marchar y hacer masa visible para gusto del Presidente.
En fecha relativamente reciente el gobierno nacional crea el Servicio Nacional de Registros y Notarías (SAREN) con el propósito de automatizar este servicio público y hacerlo más eficiente. Nada más alejado de la realidad. En primer lugar, se entrega esta delicada y reservada actividad pública, de manera total y absoluta, a la República de Cuba, país que manda un ejército de funcionarios a tomar posesión y controlar dicha actividad, como si Cuba brillara en la comunidad internacional, precisamente, por la diversidad de negocios jurídicos, por ejemplo, registro de empresas, registro de actas de asamblea de accionistas, compra venta de bienes muebles e inmuebles, operaciones de crédito, entre otros.
En segundo lugar, la actividad se ha hecho compleja y engorrosa, con múltiples trámites y diversidad de obstáculos, que hacen dificultoso el servicio. En tercer lugar, el personal registral y notarial es vejado, humillado y maltratado por los funcionarios cubanos, lo que se traslada al público solicitante del servicio con las consecuentes demoras, rechazo de documentos, imposibilidad de traslados, y, lo más grave aun, conductas caprichosas que desdibujan requisitos y todo tipo de reglas o convencionalismos, sustituidos, ahora, por los gustos e intereses de uno personeros obedientes a los dictados de una fuerza de ocupación exterior.
Lo que está ocurriendo en el sistema registral y notarial en Venezuela es de suma gravedad y no dudo en calificar como delito de traición a la patria. Entregar a un país extranjero, hoy, amigo circunstancial, una actividad tan delicada y de tanto interés nacional como lo es la registral y notarial, la cual forma parte, sin duda alguna, de la seguridad y defensa de la nación, secreto de Estado para más señales, es un acto que califica como entreguista de la soberanía nacional, lo que debe ser repudiado por toda la ciudadanía del país.

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