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                El gobierno nacional, luego de la devaluación impuesta por el Fondo Monetario Internacional, anunció un aumento salarial del 10% a partir del primero de marzo y otro del 15% desde el primero de septiembre. Se trata de un mecanismo mediático para atemperar tan grave medida causante de una considerable inflación durante el presente año.

            El cálculo inflacionario ha tenido distintas apreciaciones. El doctor Maza Zavala la estima alrededor del 40% mientras que la oficial es menor al 25% basada en el índice del mes de enero de 2010 fijado en un 1,7% por las cifras del Banco Central de Venezuela. Empero, el Estado desconoce que el guarismo del mes inicial es la continuación de la recesión del pasado año cuya dinámica incide en no aumentar la demanda social agregada.

            Definitivamente vamos a entrar en una espiral de precios porque la devaluación históricamente ha sido un agente de ella y también debido a la expansión de la demanda, factor generador de la irrupción de mayor costo en los bienes y servicios. Seguramente pasará del 30% lo cual destruye el aumento en cuestión y el salario real desciende nítidamente.

            Así las cosas, es evidente la dificultad de nuestra población para adquirir bienes y servicios y obviamente disminuye su calidad de vida. Si a esta coyuntura le agregamos la postergación de la discusión de las convenciones colectivas en el sector público con lo cual pierden beneficios sociales, la escasez de viviendas y una seguridad social precaria, la resultante no es otra que una situación angustiante para nuestros hombres y mujeres.

            La inflación es el peor castigo hacia los sectores populares por ser una suerte de impuesto pechador de su nivel socio-económico en medio de una estanflación (inflación más recesión) y no permite ningún ahorro, se les empuja hacia la exclusión y se estimula la desigualdad, muy acentuada en los países latinoamericanos.

Asimismo, un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Trabajo está engavetada en Miraflores, única instancia del poder real, porque el redactado por una comisión de la Asamblea Nacional quedó huérfano luego de la defenestración de su presidente, el diputado Oscar Figueras, entre gallos y medianoche. Es lamentable el desprecio de esta administración hacia los trabajadores cuando ni siquiera cumplen con la Disposición Transitoria Cuarta de la constitución, la cual señala la obligatoriedad de una reforma del instrumento legal referido en el aumento de la prescripción de las acciones laborales a 10 años y la vuelta al anterior régimen de Prestaciones Sociales en el plazo de un año. Hay mora legislativa al haber transcurrido más de 9 años.

            El 2010 comenzó de la manera más infausta. La saga de la carencia de agua, la crisis de la electricidad y la devaluación, son manifestaciones de castigo hacia los trabajadores y más allá, a los excluidos sociales, destinatarios por excelencia de tales flagelos. Son medidas impuestas debido a la incapacidad demostrada por la gestión gubernamental en la aplicación de unos dicterios de los grandes centros de poder apoyados en la desgastada gobernabilidad derivada del carisma del Presidente Chávez.

            El anterior panorama exhibe la calidad del ejercicio del poder de un modelo clientelar donde unos pocos banqueros han obtenido beneficios inusitados gracias a la complicidad oficial mientras las inmensas mayorías atraviesan fuertes penurias cuando el Estado percibe unos petrodólares multimillonarios.

Humberto Decarli R.

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