La Asamblea Nacional debe solicitarle a CAMETRO el contrato de rehabilitación de la principal línea (Pro Patria-Palo Verde) “suscrito con el Consorcio Sistemas para Metro” distinguido con el código “MC-4094”, y en realidad otorgado a dedo, por US$ 1.860 millones a un desconocido conglomerado empresarial de siglas “UTE-CSM”. En este affaire tienen responsabilidad compartida el ex ministro de Infraestructura, Isidro Ubaldo Rondón Torres, teniente coronel del Ejército, activo; el presidente de CAMETRO, Gustavo Enrique González López, general de división del Ejército, activo; su consultora jurídica y vicepresidenta de área, Marisela Estrada; la gerente de contrataciones, Silvia de Figueiredo Tovar; y el compadre de González López, ingeniero Francisco Ramírez, vicepresidente de grandes obras de CAMETRO, hasta marzo pasado, y ahora, descaradamente, armador del consorcio empresarial beneficiado por la adjudicación del contrato sin licitación. Este affaire apunta al deterioro de las relaciones entre Francia y Venezuela, y particularmente entre los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Sarkozy.