Por Luis Felipe Colina [email protected] I.- ROSALES. El Ministerio Público acordó impulsar a la brevedad tres nuevas imputaciones por presuntos hechos de corrupción al alcalde marabino Manuel Rosales, a fin de acumularlas a otras dos que ya cursan en la Fiscalía General de la República, con la finalidad de llevarlo a la celda, que ya le ha sido acondicionada en la sede de la Disip (Dirección de los Servicios de Inteligencia del Ministerio del Interior y Justicia) en El Helicoide, por instrucciones del despacho presidencial. II.- VEINTIDOS CONTENDORES que venían procedentes de Irán con destino a Venezuela, aún permanecen en las instalaciones portuarias y aduaneras de Mersín, Turquía, debido a que las autoridades de esa nación después de conseguir muestras de sulfato y nitrato los someterán a una investigación más extensa por la gravedad de los hechos que representan esa materias primas. A los contenedores que se encuentran desde el mes de diciembre en el puerto de Mersin también deben aparecerle los respectivos propietarios o por lo menos la compañía iraní que los envío a Venezuela, de acuerdo a las declaraciones que hacen los funcionarios del gobierno de Turquía. El sulfato y nitrato, según versiones de expertos son utilizados preferentemente para la fabricación de armas. Después de conocer estas informaciones el gobierno de Chávez, no se ha pronunciado y versiones aisladas señalan desconocer la materia. Analistas internacionales han expresado su preocupación, pues, es una materia muy delicada de la cual las comunidades mundiales pueden acusar a Venezuela de estar apoyando acciones bélicas. III.- CASO VIASA. Totalmente “encangrejado” está resultando el caso de la demanda de los empleados de Viasa contra el Estado venezolano y un grupo de accionistas privados. Y es que, mientras más analizan el expediente expertos, abogados, fiscales y jueces más entran en cuenta, que se trata de una “trampa cazabobos” para obligar al Bandes, que sustituyó al FIV en la propiedad del 45 por ciento de las acciones de la empresa para el momento de la privatización, a cancelarle a los demandantes nada más y nada menos que la bicoca de 450 millones de dólares. Esa sería la explicación por la cual jueces y fiscales que han conocido el caso, se han sentido tan propenso a hacerle justicia a los demandantes, que aparte de que ya fueron resarcidos con creces, no han mostrado empacho en hacer conocer a través de sus abogados que están dispuestos a invertir lo que sea con tal de ganar el juicio. IV.- EL PAGO de aguinaldos, bonificaciones y prebendas por diversos conceptos para los magistrados del TSJ, se extendió este fin de año a los 740 millones de bolívares, caso único a nivel mundial y que mantiene molestos a los trabajadores tribunalicios del país, quienes se sienten cada vez más empobrecidos. V.- DE MIRAFLORES se han dirigido urgentemente a la junta directiva de la Asamblea Nacional, pidiéndoles que expliquen las razones de por qué la Comisión de Contraloría de la AN, y en especial su presidente, Julio Moreno, se ha convertido en la principal defensora de Simón Ramos Farías, “El Negrito de Oro”, ex propietario de “Cemento Andino” en tiempos de la llamada Cuarta República fue condenado por el delito de aprovechamiento fraudulento de fondos públicos. Ramos se ha propuesto recuperar “Cemento Andino”, actualmente en manos de la cementera colombiana Argos, quien adquirió la empresa al Estado venezolano durante el segundo período de Rafael Caldera. Por ahora, Ramos Farías logró que la administración chavista le pagara 45 mil millones de bolívares por daños y perjuicios y espera por una decisión del TSJ que determine si es o no el legítimo dueño de “Cemento Andino”. De ser favorable la sentencia, el Estado venezolano deberá cancelarle 180 millones de dólares, que es el precio de mercado de la cementera. Mientras tanto, corre un extendido rumor de que Ramos Farías colabora generosamente con el exilio venezolano que trabaja en la capital del estado de Florida “para poner fin al gobierno más incompetente y corrupto de la historia republicana del país”. VI.- CON EL PROPÓSITO de llevar al seno de la Asamblea Nacional las preocupaciones más graves del país, tanto en lo económico como político, social y ecológico, un grupo de diputados disidente del PSUV y del PPT se congregó en un bloque de opinión denominado Frente Popular Humanista para redactar una declaración de principios. Lo integran los parlamentarios Pastora Medina, Tomás Sánchez, José Ramón Raegnault, Luis Díaz y Wilmer Azuaje. El objetivo es –según indican- iniciar un conjunto de debates y actividades para diseñar una agenda nacional que apunte hacia la búsqueda de salidas a la crisis del país. “Queremos llevar a la AN la voz de millones de venezolanos y venezolanas, que hoy sienten que sus anhelos y aspiraciones como pueblo rebelde, democrático y libre no están siendo interpretados dentro de este parlamento. Asumimos la defensa de los principios constitucionales sobre todo en cuanto a los derechos humanos, derechos sociales, los derechos políticos, la defensa soberanía en todos los aspectos y la defensa de nuestras riquezas energética, minera y biodiversidad como patrimonio para las futuras generaciones”, destacan los disidentes. VII.- INAUDITABLE. Nos aseguran que son tantas y tan graves las irregularidades que presuntamente perpetró el ex alcalde metropolitano Juan Barreto en su gestión, que la misma se hace inauditable. El caso será llevado dentro de los próximos días a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público. Algunos sectores del PSUV han sugerido llegar a un acuerdo con la oposición para “congelar” las denuncias a cambio de obtener igual trato en el caso del alcalde marabino Manuel Rosales (UNT), también acusado de corrupción. VIII.- TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. Nuevas denuncias circulan en el Tribunal Supremo de Justicia contra dos magistrados de la Sala de Casación Penal. Se mencionan dos casos de soborno y extorsión. IX.- EL GOBIERNO NACIONAL trabaja un proyecto de ley que le permitirá a largo plazo convertir a la Alcaldía Mayor en una especie de ministerio, que dependará exclusivamente del Jefe de Estado y del Vicepresidente Ejecutivo de la República. El borrador ya está en circulación entre miembros del alto gobierno y sus asesores. X.- NEGOCIOS. El sótano de un edificio residencial en la urbanización El Marqués Norte, donde residen seis familias, fue convertido en un depósito de mercancías de una diseñadora de modas que hasta hace poco se desempeñó con primera dama de Petare. Durante varios meses los habitantes del sector lograron ver a vehículos con el logotipo de la Alcaldía de Sucre, trasladando y distribuyendo la mercancía en distintos lugares de la ciudad. Una vecina del edificio nos informa que para poder cobrarles el condominio, la administradora del inmueble tenía que llamar a una funcionaria de la Alcaldía de Sucre para que ese organismo oficial realizara el pago, aunque la propiedad figura a nombre de uno de los “operadores financieros” del ex alcalde. Por tratarse de una zona residencial, la ordenanza municipal no permite ese tipo de actividades, pero de nada valió. El depósito continúa a pesar del cambio de gobierno en el municipio Sucre. XI.- CHIVERAS. Hay temor entre propietarios de galpones, chiveras y depósitos ubicadas a nivel nacional, en jurisdicciones de alcaldías en manos oficialistas. Los comerciantes habrían sido advertidos que si no se suman al llamado “proceso revolucionario”, serán expropiadas dichos establecimientos. XII.- ESPIAS. Una fuente inteligencia nos informa que más de mil quinientos espías cubanos dirigidos desde la propia sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República están operando a lo largo y ancho del territorio nacional. XIII.- INFORME. Un documento entregado al Jefe de Estado por la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) señala a la familia Rangel-Avalós como “una mafia que se enquistó en el poder para enriquecerse sin límite alguno y sin perder importantes contactos con la oposición”. n EN EL MAS OSCURO MISTERIO y sin dar ninguna explicación, la ex presidenta de la Superintendencia de Bancos (Sudeban), María Elena Fumero, recibió como regalo de Navidad la carta de destitución del cargo y a su vez en menos de seis horas le exigieron que entregara todo a su reemplazante el capitán Edgar Hernández Berens, ex presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) y ex director de Cadivi. De acuerdo a versiones que se conocen en el sector bancario la dama en mención no estaba de acuerdo con algunas órdenes emanadas desde Miraflores por ser contrarias al sistema bancario. Igualmente se habría opuesto a la aplicación de un fuerte impuesto que se prepara para los poseedores de tarjetas de créditos y débito. XIV.- LOS EMPRESARIOS bolivarianos de distintas regiones del país donde sus gobernadores son rojo-rojitos, comenzaron hacer los contactos para lograr que los compromisos adquiridos durante la campaña electoral pasada por el gobierno comiencen a tener sus primeros frutos, toda vez que los dirigentes del gremio lucharon a “capa y espada” por conseguir votos en los distintos sectores que trabajan. Hicieron hincapié en que el teniente Rafael Isea, actual gobernador del estado Aragua, tiene que dar el ejemplo y empezar a cumplir lo ofrecido en un conocido hotel de Maracay. XV.- MALESTAR GENERALIZADO sigue provocado en la Fuerza Armada nacional (FAN), que el gobierno haya permitido que la UNEFA (Universidad Experimental de la Fuerza Armada), le concediera de favor a la presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, una maestría en derecho con la que presuntamente se allanaría el camino para que la diputada en un futuro cercano opte a una magistratura en el TSJ. Varios miembros activos de la FAN han reprochado la actitud del gobierno nacional de obligar a una universidad donde se forman los oficiales que habrán de cumplir tareas de todo orden en la defensa de la República, a darle un diploma a una valida del régimen por la simple razón de que necesita promoverse para un nuevo cargo. XVI.- LARA. Hay descontento en el estado Lara por la reciente decisión del gobernador Henri Falcón de designar como director del “Metrobús Lara” al teniente coronel del ejército Douglas Alberto Matos Palomares, quien presuntamente estuvo involucrado en la reventa de pollos de Mercal. Al parecer, el oficial sólo estuvo preso unos días por ese caso en el Fuerte Terepaima. El caso pasó a un tribunal del estado Yaracuy y el funcionario estaría cumpliendo con presentarse regularmente al juzgado de la causa. __________________________________________________________________________________ Columna publicada en el semanario LA RAZÓN, www.larazon.net Caracas, 11 de enero de 2009