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Por Natalia Ruiz Díaz

ASUNCIÓN, Abr (IPS) - El parlamento de Paraguay empantanó el viernes pasado el proyecto de instalación del estado de excepción en la zona norte del país. Este mecanismo constitucional fue pedido por el presidente Fernando Lugo tras varios ataques atribuidos a un grupo armado izquierdista.

El Senado sólo tratará en el correr de esta semana los cambios realizados por los diputados al texto elaborado el jueves en la cámara alta, luego de que rechazó el presentado por Lugo para, entre otras cosas, habilitar el despliegue de militares a los departamentos de Concepción, San Pedro, Amambay, Alto Paraguay y Presidente Hayes".

El mandatario centroizquierdista recurrió a este instrumento luego del asesinato en la zona de Arroyito, en Concepción, de tres peones rurales y un policía, quienes habían acudido al lugar alertados por un supuesto robo de ganado vacuno y la presencia de un campamento improvisado.

Las fuerzas de seguridad atribuyeron el ataque al "Ejército del Pueblo Paraguayo" (EPP), debido a que fue en la zona donde se buscan a varios de sus integrantes acusados de ser responsables del secuestro de Fidel Zavala, liberado a fines de enero tras 94 días de cautiverio.

El pedido del estado de excepción fue presentado por Lugo en medio de fuertes críticas de la oposición en el Congreso legislativo, donde la derechista Asociación Nacional Republicana o Partido Colorado y la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace) forman mayoría.

El coloradismo ostentó el poder político absoluto casi todo el siglo XX, incluido los 35 años de dictadura de Alfredo Stroesner (1912-2006), hasta el triunfo de Lugo en 2008. Un desprendimiento de este sector es la Unace, liderada por el ex general Lino Oviedo, sublevado en el golpe de Estado de 1989 que derrocó a Stroessner.

Los senadores rechazaron el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, tras lo cual aprobaron una propuesta del mismo tenor de Marcelo Duarte, del Partido Patria Querida, pero que instaura el estado de excepción por 30 días y no 60 como pedía Lugo.

La crítica de la oposición al presidente se basó en que él, en su carácter de gobernante, podía declarar el estado de excepción a través de un decreto, sin necesidad del parlamento.

Tanto el parlamento como el Poder Ejecutivo pueden declarar el estado de excepción en todo o en parte del territorio nacional ante, entre otras causas, una "grave conmoción interior que ponga en inminente peligro el imperio de esta Constitución o el funcionamiento regular de los órganos creados por ella".

Para la oposición, Lugo pasó la decisión al Congreso buscando evitar la responsabilidad política directa ante la aplicación de una herramienta que tiene sus riesgos en democracia.

La propuesta elevada por el Senado a los diputados fue aprobada este viernes en general, pero se plantearon modificaciones al documento, lo cual dilatará todavía más su puesta en vigor, debido a que el proyecto debe volver a la cámara alta.

"Tuvieron condiciones para actuar antes y no lo hicieron", dijo a IPS Bernardino el dirigente Cano Radil, del partido Colorado, en relación al despliegue de seguridad del Ministerio del Interior, luego de la liberación de Zavala, que aún no ha dado sus frutos.

La primera acción importante atribuida por las fuerzas de seguridad a este ignoto grupo guerrillero fue el secuestro en septiembre de 2004 y posterior muerte en cautiverio de Cecilia Cubas Gusinky, hija del ex presidente Raúl Cubas (1998-1999), cuyo cadáver fue hallado en febrero de 2005.

De ese modo el EPP emergió a la luz pública cuando aún gobernaba Paraguay el colorado Nicanor Duarte Frutos (2003-2008). Pero será a partir de 2006 que comenzaron a adjudicarle una serie de hechos delictivos en el norte del país.

Según los organismos de seguridad, este grupo estaría integrado por no más de 100 personas que operan en territorio de difícil acceso y escaso o nulo control policial.

Algunos de sus integrantes ya están en prisión por casos de secuestros, como Carmen Villalba, condenada en 2005 a 18 años de cárcel por su participación en el rapto de María de Debernardi, nuera de un ex alto funcionario de la dictadura de Stroessner.

Villalba se declaró militante de izquierda y, tras el incendio de un puesto militar del norte del país en diciembre 2008, advirtió desde la cárcel del inicio de la lucha armada, señalando la existencia del EPP.

En el lugar del incendio se hallaron panfletos del supuesto grupo armado que se responsabilizaba del hecho.

A partir de entonces se sucedieron hechos de violencia que les fueron atribuidos al EPP, como los secuestros de los ganaderos Zabala y Luis Lindstron, en los departamentos de Concepción y San Pedro, respectivamente. Ambos liberados tras el pago a sus captores.

Para el senador Blas Llano, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), corresponde la medida adoptada, porque el gobierno necesita de la figura constitucional para hacer frente al grupo delictivo al cual también vinculan con el narcotráfico.

Llano pertenece a la corriente interna del PLRA que respalda a Lugo. En esta agrupación, que ayudó a ganar las elecciones, se ha desatado una dura lucha interna respecto de continuar o no participando en el gobierno.

Mientras rija el estado de excepción, el Poder Ejecutivo puede, entre otras cosas, ordenar la detención de personas indicadas de participar en hechos violentos, así como prohibir o restringir la realización de reuniones públicas y de manifestaciones.

"Hay que ser cautos sobre qué derechos se restringen con la medida", señaló Cano porque no se puede interrumpir el funcionamiento del Estado ni parar la actividad política.

Los partidos y movimientos políticos ya se hallan en campaña proselitista de caras a las elecciones municipales que se realizarán en noviembre en más de 230 distritos de todo el país.

El antecedente más cercano de aplicación del estado de excepción data de 2002, cuando gobernaba el colorado Luis González Macchi, y se sucedían las protestas sociales.

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