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En democracia, la responsabilidad política es compartida. No es asunto de “los políticos” exclusivamente, aunque quienes nos hemos dedicado preferentemente a lo público llevamos el mayor peso. De manera que en un esquema de democracia protagónica y participativa como el establecido en la Constitución de 1999, el rol del ciudadano se agiganta, se hace cotidiano y exigente.

Hacia las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre próximo, corresponde a los ciudadanos escrutar las ofertas políticas y las trayectorias personales de quienes las formulan y proyectan como candidatos a la Asamblea Nacional. Estamos ante una decisión colectiva de gran trascendencia, pues marcará el futuro de los próximos cinco años, desde el punto de vista político y parlamentario, siendo además determinante para la elección presidencial de 2012 para el período 2013-2019, que ya es mucho decir.

Los partidos y demás agrupaciones con fines políticos han desarrollado diversos mecanismos de selección de candidatas y candidatos. A la final, lo que importa es cuál fórmula parlamentaria presentará cada uno de ellos, qué le propondrán al país y a sus ciudadanos en cada circunscripción regional o circuital.

Como ciudadanos, candidatos y electores tenemos una gran responsabilidad ante el futuro de la patria. Es una responsabilidad inevadible e intransferible: cada persona de los 17,7 millones del Registro Electoral tiene el poder de decidir quiénes integrarán la nueva Asamblea Nacional. La labor política, conceptual, legislativa e investigativa de los parlamentarios y parlamentarias será clave para el futuro de todos los venezolanos. Resumirá la nueva conducción política de la nación, plural y diversa, afortunadamente. La polarización entre dos bloques viciados de irresponsabilidad y corrupción, no augura nada útil para el desarrollo nacional. Quienes han mantenido en zozobra a Venezuela durante las últimas décadas no merecen un cheque en blanco; esa confianza popular debe afincarse en las virtudes ciudadanas de los candidatos y candidatas, y no en simples pactos tras bastidores y la coacción excluyente de quienes se erigen en “dueños” del destino nacional.

Los electores y electoras tienen la palabra. La integración de la nueva Asamblea Nacional es su responsabilidad. El bloque gubernamental trata de ocultar sus fracasos exaltando el liderazgo del presidente Hugo Chávez, campaña personalista y manipuladora a favor del control oficialista de la AN. Y el bloque de la mesa de los partidos de oposición (MUD), se quiere erigir en el factor aglutinante de la voluntad de cambio que se ha ido consolidando contra la gestión Chávez.

Lo que no aceptan ni comprenden unos y otros, es que el rechazo mayoritario de la ciudadanía es contra ambos bloques. La mayoría está fatigada por tanta confrontación estéril, esa irracionalidad destructiva que nos ha negado potencialidades de desarrollo armónico. Y además sabe de sus comunes mañas y manejo turbio de los recursos públicos.

El pueblo decide. Es su compromiso con la nación y cada compatriota. La emergencia de candidaturas alternativas dinamizará el proceso político hacia el 26-S, con participación activa de los electores. ¿Por qué, resignarse con lo menos malo? ¿Por qué, obligarse a votar por quienes carecen de virtudes éticas?

Los invito a reflexionar y a votar por candidatos probadamente honestos, capaces, virtuosos, que puedan orientar a la población en las luchas sociales, políticas y culturales. El voto es un arma poderosísima, si se le aplica responsablemente y con ánimo de trascendencia. Sólo así, podremos sacar a Venezuela del marasmo en que se encuentra, sin solución de continuidad, por los desmanes cometidos durante el último medio siglo, contado a partir del 23 de Enero de 1958. Chávez y sus antecesores son el pasado.

EL CONFESIONARIO

º UN TREMENDO ENREDO tienen los dueños del Hotel Tamanaco, Salomón Muci y Elías Abilahud, con los propietarios del “Complejo Turístico Tamanaco”. Y hasta el Grupo Salvatierra con una licencia de casino del hotel “Lagunamar”, de Margarita, cedida a “Perucho” Torres Ciliberto (prófugo de la justicia venezolana por uno de los casos de la “bolibanca”, a pesar de sus estrechos nexos con el ex vicepresidente José Vicente Rangel y Ana Ávalos), está implicado en el affaire. Esa licencia es intransferible y totalmente inválida fuera del territorio neoespartano, por lo que no es posible instalar un casino en Caracas, con ese permiso, y además se requiere un referéndum entre la comunidad, de acuerdo a la legislación vigente. María Gabriela Mata, presidenta de la Asociación Civil para la defensa de los Vecinos del Tamanaco, reclama los servicios hoteleros a los apartamentos, como está previsto en un documento anexo al de compra-venta de los inmuebles. Abilahud ha recurrido al juez 2º de lo contencioso administrativo, Emilio Ramos, amigo suyo desde aquella famosa operación con el Banco Industrial de Venezuela (BIV), en la que el empresario vendió el edificio “Central” en la Av. Urdaneta, supuestamente con sobreprecio y sin terminar la remodelación ni poseer la permisología respectiva. Como los vecinos reclaman el cumplimiento del contrato de servicios y se oponen a la instalación ilegal de un casino en el hotel Tamanaco, los dueños del mismo se han dedicado a maltratar, presionar, coaccionar, amenazar y hostigar. En comunicado dirigido a las autoridades competentes, los afectados sostienen: “No permitamos que avance este mal que carcome nuestra sociedad, amparándose en poderes económicos que, con actos de corrupción, pretenden avasallar el sistema legal de protección a los ciudadanos”. Caído en desgracia Torres Ciliberto, ahora Muci y Abilahud pretenden mantener el hostigamiento a los vecinos y el plan ilegal de construcción de un “casino y centro de juegos”, por el solo hecho de tener vínculos con agentes del gobierno y del Poder Judicial.

º LOS PROFESORES JUBILADOS DE LA UCV lograron varios triunfos recientemente: 1.-. El Consejo Universitario aprobó la devolución de las cotizaciones (4% de las asignaciones mensuales) de los docentes e investigadores jubilados, desde el 1ro. de enero de 2003, como lo estableció sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Según estimaciones la cifra global que recibirán en conjunto los jubilados supera los 25 millones de bolívares fuertes, más las actualizaciones de ley. 2.- Se acordó la reestructuración del Fondo, proceso que tomará muy en cuenta las opiniones de los profesores activos y jubilados de la UCV. De hecho, la directiva comenzó a ser reformada con la salida del profesor  Absalón Méndez Cegarra, quien fuera sustituido por el Consejo Universitario.

º LOS PROFESORES NIJAD HAMDAN Y MEYBART ACOSTA ganaron la demanda contra sus colegas Absalón Méndez Cegarra, Sary Levy y Oscar Bastidas, de acuerdo con la sentencia del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la jueza Belia Dayana Sevilla Jiménez. Los demandantes me entregaron copia de la sentencia que los ampara aceptando su petición de “nulidad” del acuerdo de la Junta Directiva del Fondo de Jubilaciones del Personal Docente y de Investigación de la UCV (FONJUCV) que los destituyó de sus cargos de Presidente y Vicepresidente con Funciones de Promoción de Recursos, respectivamente. La decisión judicial repone al 06.09.2007 la situación jurídica del FONJUCV. El numeral 5 de la dispositiva establece: “Se declara violatorio de los Estatutos del FONJUCV el acuerdo de reestructuración de la Junta Directiva del FONJUCV tomado en la reunión extraordinaria de Junta Directiva efectuada el día 9 de agosto de 2007.” Además, “Se condena en costas a la parte demandada por resultar totalmente vencida de conformidad con lo establecido en el artículop 274 del Código de Procedimiento Civil.”

º EL LITIGIO DEL FONJUCV no para, ahí. Seguramente los demandados perdedores intentan la apelación de ley, pero mientras tanto carecen de autoridad dentro del FONJUCV, siendo ésta una dificultad mayor que deberán resolver juristas especializados, así como los asesores jurídicos de la UCV, la Asociación de Profesores de la UCV (APUCV) y la Asociación de Profesores Jubilados, de acuerdo con el mandato judicial. Por otra parte, cursa en la Fiscalía General de la República un expediente motivado por Nijad Hamdan, entre otros, sobre las pérdidas registradas en el ejercicio 2008 del FONJUCV, que podría generar la intervención de la Contraloría General de la República. Adicionalmente, existe la irregularidad de que la directiva del FONJUCV no ha presentado los balances de los dos semestres de 2009, un atraso que preocupa a los docentes activos y jubilados de la UCV, pues de seguir esa dinámica se estaría afectando más un patrimonio financiero y de seguridad social de los trabajadores.

º ME PIDEN ALERTAR al ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, y demás autoridades del alto gobierno. Aseguran que las cifras de recaudación del SENIAT “fueron maquilladas… para cumplir las metas”. No es la primera vez que esto ocurre, igual que la matraca multimillonaria del “Pote Aduanero”, que involucra a las dos últimas gestiones. Expertos contables de PDVSA habrían participado en la jugada.

º LA “BOLIBANCA” Y AHORA LAS CASAS DE BOLSA intervenidas son muestra de la corrupción del sistema chavista de gobierno. Todo el mundo lo sabe, por lo que más luce como un ajuste de cuentas contra individuos que fueron tomando poder económico y financiero a la sombra del gobierno, que una labor de lucha eficaz y permanente contra los corruptos. Llama mucho la atención que, en el caso de la “bolibanca”, no hayan caído los altos jerarcas del régimen que proveyeron gigantes recursos del Estado en depósitos, transferencias y otras operaciones públicas; y en el de las casas de bolsa, tampoco hayan sido apresados burócratas de CADIVI y del ministerio de Finanzas. El mercado negro de divisas tiene un importante soporte en los organizamos públicos, y no es posible que vayan a la cárcel solo los agentes de bolsa o de la “bolibanca”. ¿Por qué la chorocracia chavista no es llevada a tribunales por la Fiscalía General de la República? Semanas atrás, denuncié en esta misma columna la gigantesca estafa a la nación con importaciones chimbas que certifican agentes de CADIVI, la Guardia Nacional y SENIAT en puertos y aeropuertos, en connivencia con empresarios corruptos de los sectores importadores y aduaneros. Como ven, las corruptelas están por todos lados, y no fuera posible esa pudrición sin el concurso activo de funcionarios del Estado. Por eso, las palabras del Presidente de la República y de la Fiscal General están devaluadas, la gente no les cree. Y es lógico, hasta que comiencen a caer los padres chavistas de la corrupción, que se conocen: tampoco es que sea mucho secreto. Aquí, esos mafiosos y mafiosas son conocidos.

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