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Por Luis Felipe Colina

I.- LA PIEDRITA. Los dos vehículos de transporte militar marca “Pinzgauer” que posee el grupo paramilitar oficialista “La Piedrita”, que opera desde la urbanización “23 de Enero”, fueron donados por el Ministerio de la Defensa en febrero del año 2007, como parte de la política de “acercamiento y colaboración institucional” con la población civil, iniciada por el entonces titular de ese despacho, general en jefe Raúl Isaías Baduel. Ambos “Pinzgauer” de segunda generación, modelo 1980 y de gran movilidad para todo terreno, 4x4 y 6x6, respectivamente, uno pintado de rojo y otro que conserva el color verde militar, fueron desincorporados del inventario de bienes nacionales del Ministerio de la Defensa, en el mes de noviembre de 2006, como parte de un lote de cincuenta vehículos, entre los que figuraba también un automóvil Volkswagen, tipo escarabajo, año 1995, pintado de color rojo en Fuerte Tiuna, con el que se trasladó a votar en la parroquia 23 de Enero en las elecciones presidenciales de domingo 3 de diciembre de 2006. En esa oportunidad, el jefe de Estado, conduciendo el auto “rojo, rojito”, señaló públicamente que se lo había regalado el general Baduel. Actualmente los “Pinzgauer” se encuentran estacionados frente a la sede de “La Piedrita”.

II.- REMATE DE ALUMINIO. A raíz de los graves problemas de caja que confronta en estos momentos, la empresa CVG-Venalum decidió vender a la transnacional Glencore toda su producción de aluminio durante los próximos siete meses, a precios escandalosamente por debajo del marcador internacional, y, lo que es más, por debajo de los costos de producción. Nos aseguran que es la única vía que tiene la filial de la CVG para aliviar una crisis de iliquidez que la tiene al borde de la quiebra. Tal como ocurrió en gobiernos anteriores, la factoría procede a rematar el aluminio al mejor postor y a cambio de recibir los dólares en efectivo que mantienen encendida la planta. Glencore fue propiedad durante los ochenta del magnate suizo Marc Rich, quien tuvo que desaparecer de la empresa a causa de innúmeras demandas por fraude que le incoaron en tribunales de Estados Unidos. Todos los juicios le fueron sobreseidos por una polémica decisión del presidente Clinton, y desde entonces Rich está residenciado en su Helvetia natal, dicen algunos que disfrutando de una portentosa fortuna, pero otros que manejando tras bambalinas las empresas de su emporio. Entre otras, Glencore de Venezuela, cuyo presidente, Roberto Willis, se vanagloriaba en tiempos del puntofijismo de tener dos aviones: uno para trasladar a los dirigentes de AD, y otro para el servicio exclusivo de los copeyanos. Ahora ambas aeronaves se encuentran a disposición de los líderes civiles y militares de la “revolución” bolivariana.

III.- TRIFULCA. Varios comensales que se encontraban el pasado viernes en horas de la noche en el restaurante “Asador Casa Cortés”, ubicado en la sexta avenida, entre la tercera y la quinta transversal de la urbanización Altamira, serán llamados a declarar por el caso de la agresión propinada dentro del establecimiento a dos integrantes del staff de la planta “Avila TV”, que intentaban entrevistar al alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, quien se encontraba reunido con los empresarios Víctor Ferreres y Tobías Carrero, vinculados a la Lotería del Zulia. Los comunicadores fueron repelidos por los guardaespaldas de Rosales y algunos clientes les habrían arrojado whisky y residuos de comida. Entre las personas a ser citadas por el Ministerio Público, además de Rosales, Carrero, Ferreres, figuran el comerciante español Juan Cortés, dueño del restaurante y el ex Fiscal General de la República, Javier Elechiguerra, quien era uno de los
 comensales. Al local también se le aplicaría una sanción por violación de la “ley seca”, que comenzó a regir desde las 2 pm del pasado viernes.

IV.- NEGOCIOS. Una boutique de ropa femenina adquirió en la ciudad de Miami, Estados Unidos, la esposa de un ex alcalde del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El local, se suma a otros tres que posee la dama en la ciudad de Caracas.

V.- EL PRESIDENTE Chávez se prepara para una movida de mata en el gabinete ejecutivo durante las próximas semanas. Por ahora, se da por seguro que saldrán el ministro de la Defensa, Gustavo Rangel Briceño, y el de Economía y Finanzas, Alí Rodríguez Araque, los cuales serían reemplazados por el general Jefe del Comando Estratégico Operacional y del Plan República, Jesús González González, y el ex superintendente del Seniat, José Gregorio Vielma Mora, respectivamente.

VI.-  CASO TELCEL. El próximo 3 de marzo tendrá lugar en el Juzgado primero de Control de Caracas, a cargo de la jueza Ivelise Acosta Farías (Expediente 11.986. 08) la audiencia solicitada por la Fiscalía para discutir el sobreseimiento de la causa en la cual un grupo de usuarios de Telcel (Asotel), acusó al gobierno presidido por Carlos Andrés Pérez en su segundo período (1989-93) de conceder furtivamente a Telcel la mitad de la frecuencia de 800 megahertz que desde 1981 usaban las Fuerzas Armadas Nacionales, lo cual dejó casi inservible el Sistema de la Defensa Nacional (Sicodena), ocasionándole, además, a la República un grave daño patrimonial por cuanto el precio de la concesión (unos 107 millones de dólares), nunca fue cancelado. Los abogados de Asutel advierten que si el sobreseimiento queda firme, la República perderá el derecho a cobrar a la española MoviStar (exT elcel) el precio del la concesión que para hoy, con intereses, suman 338 millones de dólares (BsF 726.700.000), y los daños por el desmantelamiento del Sicodena.
N LA DISIP y la DIM, por separado, han elevado ante el jefe del Estado, Hugo Chávez, informes sobre supuestas extorsiones de un diputado del estado Barinas a contratistas de Pdvsa-Oriente y Pdvsa-Barinas, valiéndose de su pertenencia a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. El parlamentario también estaría siendo investigado en torno a supuestos planes en contra de la seguridad del Presidente, que se estarían gestando combinadamente en Distrito Capital y los estados Falcón, Zulia y Barinas.

VII.- HERRERO. Hay malestar entre los observadores internacionales acreditados en el CNE para asistir a las elecciones del domingo 15 de febrero, por la “injusta expulsión” del territorio nacional del eurodiputado Luis Herrero. Aseguran tener pruebas de la injerencia y participación pública de extranjeros a favor de la opción electoral del gobierno.
N CONTRATACIONES. Todo lo relacionado con la materia de “grandes contrataciones” en una de las alcaldías de la Gran “Caracas”, lo decide la esposa del Alcalde, quien ha delegado en su cónyuge esa actividad.
N BANQUERO. El Jefe de Estado recibió de manos de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) un pormenorizado informe sobre las contribuciones financieros que regularmente entrega a dirigentes de la oposición un banquero considerado “bolivariano” y “amigo de revolución”, en cuya entidad bancaria el gobierno nacional ha confiado las más importantes colocaciones oficiales.

VIII.- AL ROJO VIVO sigue el enfrentamiento entre el ex alcalde del municipio Libertador, Freddy Bernal y el actual alcalde, Jorge Rodríguez, por la situación financiera de ese organismo del poder local caraqueño. El Jefe de Estado recibió documentos aportados por ambos contendores y ha manifestado a sus más cercanos colaboradores, que está indignado tanto de la conducta tanto de uno como del otro. “El enriquecimiento de los dos (Bernal y JR) es sencillamente es asqueroso y condenable”, nos dice un concejal del PSUV al Cabildo Metropolitano, que “por ahora” prefiere no revelar su identidad, pero que promete denunciar a ambos luego del 15F. El edil oficialista nos asegura que Bernal, al igual que otros dirigentes del PSUV, cobra una elevada asignación fija a través de la partida secreta a cargo de la Vicepresidencia de la República, además de chofer y vehículo asignado sin ser funcionario público.

IX.- PETARE. Algunos sectores de la oposición están sorprendidos con el pacto del ex alcalde José Vicente Rangel Avalos y el alcalde Carlos Ocariz, el cual consiste en que el funcionario saliente le otorga garantías de gobernabilidad, vía gobierno nacional, al alcalde entrante y éste a su vez oculta los hechos de corrupción del clan Rangel en Petare.
n ZULIA. Algunas personas que figuraban como testaferros de la empresa operadora de la Lotería del Zulia, se han movilizado a traspasar urgentemente sus acciones. Por su parte, el Ministerio Público asegura que después del 15-F llegará hasta el final con ese caso.

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Columna publicada en elsemanario LA RAZÓN

Caracas,15.02.2009

www.larazon.net