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Por Luis Felipe Colina

I.- COMPRAS POLITICAS. Tanto la compra de Sidor, a la transnacional argentina Techint, por 1.900 millones de dólares, que el gobierno de Hugo Chávez desde el comienzo de las negociaciones consideró excesivo; así como la compra del Banco de Venezuela al Grupo Santander por la cantidad de 1.050 millones de dólares, que Chávez ni siquiera aceptó considerar en las largas conversaciones sostenidas con Emilio Botín, obligan a pensar que, tanto el gobierno de Cristina Kirchner, como el de José Luis Zapatero, presionaron para que el teniente coronel venezolano se “dejara” torcer el brazo comprometiendo pagos en divisas que el gobierno venezolano sin duda alguna tendrá dificultades en honrar. Todo indica que tales compromisos “económicos” se hicieron a nombre de compromisos “políticos”. Tanto en Argentina como en España se espera, a partir de ahora, mayor apoyo oficial al gobierno venezolano.
II.- RAMO VERDE. El general en jefe, Raúl Isaías Baduel, ex ministro de la Defensa del gobierno de Chávez, sigue pasando malos ratos en la prisión militar de Ramo Verde, en Los Teques, donde se encuentra recluido y le ha tocado coincidir con varios oficiales a los Baduel le ordenó juicio y prisión por “deslealtad con la revolución bolivariana y a su comandante Hugo Chávez”. El más reciente altercado entre los oficiales presos y su ex “verdugo” fue protagonizado por el teniente coronel de la Guardia Nacional, Humberto Quintero Aguilar, quien pocos días antes de salir en libertad coincidió con el ex ministro en el patio de presos y le reclamó su detención por haber capturado al líder de las Farc Rodrigo Granda. Quintero le llamó cobarde y cabrón y se le fue encima, correspondiéndole Baduel salir en carrera, pegando gritos para que lo auxiliaran.
III.- PERU. El tema de los asilados venezolanos Manuel Rosales, Eduardo Lappi y Carlos Ortega sigue acaparando la atención de los medios de comunicación peruanos. En distintos programas de TV ha quedado claro que a los ex gobernadores del Zulia y Yaracuy se les persigue por corrupción, mientras que al ex presidente de la CTV se le procesó por rebelión civil, pero que los tres son víctimas de un sistema judicial controlado por el gobierno de Chávez. En uno de los debates televisivos se sacó a relucir que el ex gobernador Rosales solamente en hospedaje en hoteles cinco estrellas, en Lima, durante mes y medio, había gastado cerca de veinte mil dólares (unos 40 millones de bolívares, al cambio oficial), sin incluir gastos de alimentación, transporte, abogados, reuniones y personal a su cargo, etc.
IV.- PERMUTA. Dado que el acuerdo firmado el viernes entre el gobierno venezolano y el “Grupo Santander” de España para la compra del Banco Venezuela, estipula que el primero debe pagar 630 millones de dólares al momento de cerrar el negocio, quedando un saldo a cancelar de 410 millones de dólares a ser liquidado en dos pagos de 210 millones de dólares, el primero el 3 de octubre, y el segundo el 30 de diciembre, expertos de la Procuraduría General de la República y del Ministerio de Economía y Finanzas, le están sugiriendo al presidente Chávez que proceda a demandar a la empresa española de telefonía celular Movistar, a fin de que cancele el monto de 400 millones de dólares que nunca pagó su antecesora Telcel por el uso de la frecuencia de 800 megahertz que le fue asignada en tiempos del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y que Movistar continúa usando. La estrategia consiste que una deuda se permute en otra: la del gobierno venezolano con el “Grupo Santander”, por la de Movistar con el gobierno venezolano, y así este último no tendría que desembolsar un solo dólar por el saldo restante de la compra del Venezuela.
V.- MAFIA JUDICIAL. Con el apoyo de un magistrado de la Sala de Casación Civil, así como de la inspectora general de tribunales, de la presidenta del TSJ y de un magistrado miembro de la Comisión Judicial, fue ascendida a juez de primera instancia civil de Caracas, una juez de municipio de Caracas, esposa de un ex juez civil apodado “El Lince”, que encabeza una red de extorsiones y negocios que controla seis de los doce tribunales de primera instancia civil.
VI.- MALESTAR. Ya ha empezado a sentirse el malestar entre los magistrados del TSJ por el proyecto de Ley del Sistema de Justicia, el cual entrega la cabeza del Poder Judicial a una Comisión Especial manejada políticamente y controlada por el Ejecutivo. Varios miembros de la alta instancia considerados oficialistas, han manifestado abiertamente su descontento.
VII.- CONTRARIO a lo que se esperaba, el nuevo presidente de Panamá, el neoliberal, Ricardo Martinelli, ha empezado a ponerle límites a la apertura económica que en los últimos años hizo del país del istmo uno de los destinos preferidos de los capitales venezolanos que huían de la “revolución” chavista. Por ahora, se sabe que Martinelli empezó por revisar las cuantiosas cuentas que personas naturales y jurídicas de origen venezolano tienen en la banca de Panamá con miras a reexaminar su procedencia y si en realidad operan dentro del marco jurídico que establece la legislación financiera panameña. Se ignora cuáles podrían ser las sanciones en caso de que los capitales emigrados no las estén cumpliendo, pero no hay dudas que se trata de medidas que ejercerán un impacto muy fuerte en las aspiraciones de muchos disidentes venezolanos de convertir a Panamá en su país de exilio.
VIII.- CONTRARIO a lo que se esperaba, el nuevo presidente de Panamá, el neoliberal, Ricardo Martinelli, ha empezado a ponerle límites a la apertura económica que en los últimos años hizo del país del istmo uno de los destinos preferidos de los capitales venezolanos que huían de la “revolución” chavista. Por ahora, se sabe que Martinelli empezó por revisar las cuantiosas cuentas que personas naturales y jurídicas de origen venezolano tienen en la banca de Panamá con miras a reexaminar su procedencia y si en realidad operan dentro del marco jurídico que establece la legislación financiera panameña. Se ignora cuáles podrían ser las sanciones en caso de que los capitales emigrados no las estén cumpliendo, pero no hay dudas que se trata de medidas que ejercerán un impacto muy fuerte en las aspiraciones de muchos disidentes venezolanos de convertir a Panamá en su país de exilio.
IX.- LOS BANQUEROS BOLIVARIANOS Arné Chacón Escamillo y Pedro Torres Ciliberto, serían los felices y nuevos propietarios de Central Banco Universal cuya compra se cerró en Miami la semana pasada por la bicoca de 150 millones de dólares. La entidad pertenecía a la familia Gómez Sigala, del estado Lara que había intentado convertirla en un emblema financiero de esa región. Sobre sus operaciones y balances, se corrieron siempre toda suerte de rumores, pero sin que cristalizaran en una investigación confiable de parte de las autoridades del sector. La compra del Central sigue a la del Stanford Bank que realizó hace tres semanas José María Nogueroles y parece que antecederá a la de Bancoro de parte de Ricardo Fernández.
X.- ARMAS. Las autoridades federales de Estados Unidos están considerando la posibilidad de no renovar la residencia en ese país a un ex secretario general del partido Copei domiciliado desde hace varios años en la ciudad de Miami. El ex dirigente político está dedicado desde hace varios años a la venta de armas y equipos bélicos y se habría relacionado con varios “operadores” bélicos vinculados al gobierno de Chávez, que estarían en tratos comerciales con los gobiernos de Irán y Rusia.
XI.- CORRUPCION. Bajo estricta confidencialidad, una comisión especial levanta un voluminoso informe sobre presuntos hechos corrupción “de grandes proporciones” detectados en el manejo de los almacenes y otras actividades e instalaciones de la zona portuaria de Puerto Cabello. El informe incluye nombres de altos funcionarios del gobierno nacional, civiles y militares, pertenecientes a una red encabezada por el general Luis Felipe Acosta Carles, ex gobernador del estado Carabobo y el ex presidente de Fogade, Jesús Caldera Caldera Infante. El dossier incluye a los hermanos Makled, actualmente detenidos por narcotráfico. También figuran connotados empresarios carabobeños y el nombre de un conocido comerciante árabe, que al conocerse hará temblar hasta los cuadros de la pared.
XII.- PSUV. Dos grupos se pelean a cuchillo por el control del partido de gobierno en el municipio El Hatillo, estado Miranda. El buró político municipal acusa a los dirigentes Miguel Angel Mariño, ex presidente de la Casa del Poder Popular, Iván Machado, concejal de El Hatillo y a Adán Navas, de montar “una estructura paralela”, argumentando que la coordinadora municipal del Psuv, Omaira Camacho y la delegada urbana María Gabriela Miquilareno, “son parte de la derecha endógena”. Ambos grupos en pugna han emplazado al buró político regional del Psuv-Miranda para que defina cuales son realmente a las autoridades legítimamente designadas y constituidas.
XIII.- NUEVA ESPARTA. “Tanto mi padre, el gobernador Morel Rodríguez, como mi persona, estamos abiertos a cualquier investigación, que deseen hacer los órganos jurisdiccionales de este país, siempre y cuando se realicen con el debido apego al ordenamiento jurídico”, nos dice el legislador regional Morel Rodríguez Rojas, quien señala que ni padre ni hijo tiene nada que temer. “Margariteños y cochenses saben que se ha trabajado muy duro y con total transparencia”, dice finalmente MRR.
XIV.- TRIBUS JUDICIALES. Desde Barquisimeto, estado Lara, nos reportan el reagrupamiento de las tribus judiciales que en el pasado controlaban los tribunales de esa región. La “organización” ofrece a sus clientes “decisiones garantizadas” en los tribunales penales y civiles. Los abogados litigantes le exigido a la magistrada Yris Armenia Peña Espinoza de Andueza, inspectora general de tribunales que tome cartas en el asunto para que no se continúe manipulando la justicia y se deje de usar la jurisdicción penal para amedrentar e intimidar a los acreedores de sus poderosos clientes, tales como instituciones financieras regionales y nacionales. Hay mucho dinero de por medio. 
XV.- AMENAZA TELEFONICA. El pasado miércoles llamó a la redacción de La Razón, una señora que se identificó como Vilma Nieves Bastidas, funcionaria de la Defensa Pública, organismo bajo la dirección de la magistrada Deyanira Nieves Bastidas, magistrada de la Sala de Casación Penal del TSJ. La enfurecida dama, amenazó con cerrar “La Razón”, “si se seguían metiendo” con su hermana, la magistrada, quien al parecer se dio por aludida por una información publicada en esta sección sobre la designación del nuevo jefe de seguridad de la Defensa Pública.
XVI.- COPEI. “El administrador de los recursos de Copei es el coordinador nacional de finanzas, el presidente no administra los recursos del partido”, nos señala Luis Ignacio Planas, presidente de esa organización política, quien además manifiesta que el consejo federal de su partido, celebrado el 28 de abril, le otorgó pleno respaldo a las actuales autoridades internas. Finalmente asegura que el partido actualmente no recibe ningún financiamiento de organizaciones internacionales.
XVII.- PDVSA. Trabajadores de Pdvsa Gas, Región Centro Occidente (La Quizanda), nos reportan el uso de recursos humanos, financieros, infraestructura de Petróleos de Venezuela, al servicio del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Desde la empresa se estaría contratando el alquiler de camionetas último modelo, taxis y autobuses para el transporte de militantes del Psuv a marchas y concentraciones, asignaciones directas a cooperativas para el suministro de comidas y agua potable, así como alimentos de Pdval para todos los comandos del Psuv. Nos aseguran que la infraestructura física de la empresa estatal se encuentra al servicio del partido oficialista, al punto que las salas de reuniones, dotadas de computadoras y demás equipos, fueron convertidas en “salas situacionales” del Psuv.
XVIII.-UCV. Nos escribe un viejo dirigente universitario de la UCV, militante de izquierda de toda la vida y actualmente crítico al gobierno de Chávez y no dice que “la UCV de hoy no es ni la sombra de aquella universidad combativa que conocí en las décadas de los 70 y 80, hoy es un reducto de la derecha más recalcitrante, al punto que en la última marcha estudiantil, la “vanguardia” estaba constituida por personajes como Ledezma y Oscar Pérez y resaltaba una enorme bandera de Acción Democrática”. 
XIX.- OPOSICIÓN. El ex gobernador del estado Miranda, Enrique Mendoza, asumirá a partir de esta semana la coordinación de las acciones opositoras. Mendoza ha estado trabajando a toda máquina con sus más cercanos asesores para definir una agenda de eventos que cumplirán bajo su dirección, las diferentes agrupaciones políticas de oposición.
XX.-VECINOS DE EL HATILLO han emplazado a la alcaldesa Miriam Dos Nacimiento, a que proceda a denunciar ante las autoridades competentes a su antecesor, el ex alcalde Alfredo Catalán, por la presunta comisión de irregularidades y hechos de corrupción cometidos durante esa gestión.
XXI.- EL FRANCÉS Laurent Federic Bousquet, asiduo visitante del polígono de tiro en Fuerte Tiuna y coleccionista de armas, aseguró en el tribunal 40 de control del área metropolitana de Caracas, que el arsenal que según el ministro Tarek El Aissami pertenecía a un grupo de terroristas es de su legítima propiedad y que además cuenta con las licencias correspondientes, que no tiene relación ni con terroristas, ni hampa común y que durante su permanencia en el país se ha dedicado a servir como instructor de varios cuerpos de seguridad, entre los cuales se cuenta el Cicpc.
XXII.- SEGURIDAD. Por recomendaciones de su equipo de seguridad, el Jefe de Estado continuará usando diferentes aviones para sus vuelos internos y al exterior y no una aeronave en particular. Para desplazarse hacia el interior del país seguirá usando equipos de la flota aérea de la Aviación Militar y de Pdvsa y en sus vuelos fuera del país empleará aviones alquilados a la empresa “Cubana de Aviación”. 
XXIII.- MUY ACTIVOS los miembros de la “Banda de Los Enanos”, con motivo de las denuncias por corrupción formuladas por el alcalde del municipio Sucre, del estado Miranda, Carlos Ocariz, en contra de su antecesor José Vicente Rangel Avalos. La misma agrupación también lleva los casos de la intervención del Banco Industrial de Venezuela, el caso de la Notaría Paralela y la captura del ex presidente del BIV, Luis Quiaro.
XXIV.- QUIARO. Fuentes del Ministerio Público confiaron a este redactor que el ex presidente del Banco Industrial, Luis Rafael Quiaro, quien fue imputado por la presunta descapitalización del BIV durante su gestión como presidente de dicha institución tal y como consta en el expediente número 9224-05, de fecha 30 de julio de 2007, al ser capturado por una comisión del Cicpc, en el fundo “Las Giselas”, ubicado en el estado Bolívar, y presuntamente de su propiedad, pretende escudarse en los directivos que lo precedieron. La misma actitud estaría asumiendo el último presidente de Banco Industrial, William Garrido, a quien se señala de ocasionar pérdidas a la nación por la cantidad de 88 millones de dólares.
XXV.- CASAS CHINAS. En un sector conocido como “Negro Primero”, en las adyacencias del Fuerte Tiuna, en Caracas, será construido un grupo de viviendas de interés social, mediante el uso de una tecnología china que permite fabricar casas en poco tiempo. El contrato estará a cargo de varias empresas afiliadas a la organización “Empresarios bolivarianos por Venezuela (Empreñen)”. En el negocio también esta comprometida la empresa Petrocon. Gestiones similares se realizan con el alcalde del municipio de Carirubana, estado Falcón, Alcides Goitía, para que colabore con algunos terrenos para levantar allí varias casas con la misma tecnología.

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Semanario LA RAZÓN

www.larazon.net

Caracas, 24.05.2009