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Por Ángel Páez

LIMA, 26 jun (IPS) - La ministra del Interior de Perú, Mercedes Cabanillas, intentó ascender a 11 oficiales policiales por el operativo que el 5 de este mes puso fin a una protesta indígena, antes de que concluyan las investigaciones sobre su responsabilidad en la muerte de 24 uniformados y al menos nueve civiles.

IPS tuvo acceso a la resolución ministerial fechada el 18 de este mes, 13 días después de la matanza, en la que Cabanillas dispuso premiar a los oficiales por su "acción distinguida" en el operativo de la provincia de Bagua, en la selva amazónica del norte del país.

Una fuente de la Oficina de Comunicación Social del Ministerio del Interior negó primero y luego confirmó la autenticidad de la resolución ministerial de ascenso de los oficiales, que están bajo investigación de órganos internos de la policía y del Ministerio Público (fiscalía).

Fuentes del alto mando policial dijeron a IPS que el ascenso se autorizó sin contar con la opinión previa de la Inspectoría General, órgano que investiga a los oficiales que participaron en la operación para sofocar las movilizaciones contra una decena de decretos considerados lesivos de los derechos indígenas por las organizaciones nativas de la Amazonia.

"No se puede ascender ni a un oficial ni a un subalterno que se encuentra involucrado en una investigación en curso", explicaron a IPS las fuentes. "Las normas internas exigen que, antes de conceder un ascenso de grado, se le debe preguntar a la Inspectoría si el aspirante está sujeto a investigación o no, y cuál ha sido el resultado", agregaron.

Sin embargo, luego de confirmar la medida, la Oficina de Comunicaciones del Ministerio informó a IPS que ésta había quedado suspendida hasta que la Inspectoría concluyera sus pesquisas.

"Se ha detectado un error de procedimiento, de modo que el ascenso de los 11 oficiales está en suspenso", sostuvo la Oficina. "La suspensión se ha hecho efectiva con otra resolución ministerial, del 20 de junio", agregó.

Pero la suspensión también es irregular. "A nadie se le asciende primero y luego se le pregunta la opinión a la Inspectoría. Es al revés. Se pretende ocultar una irregularidad con otra irregularidad", dijeron las fuentes policiales.

Los oficiales están investigados para determinar si es cierto que ordenaron disparar armas de fuego contra los indígenas que bloqueaban desde hacía 55 días la estratégica carretera Fernando Belaúnde Terry en Bagua, región de Amazonas.

Según denuncias de los indígenas, cuando se lanzó el ataque, éstos se aprestaban a retirarse, según habían pactado con el comandante policial destacado en el lugar.

Al verse agredidos, los indígenas respondieron el ataque y algunos se lanzaron contra la desprevenida guardia policial que custodiaba una cercana estación de bombeo del Gasoducto Norperuano, capturaron a los efectivos y degollaron a varios.

Organizaciones indígenas y testigos de la zona aseguraron que varios cuerpos de indígenas muertos fueron recogidos por un helicóptero policial y arrojados a ríos de la zona para evitar que se conociera la verdadera cantidad de víctimas civiles.

Los hechos han complicado la situación de la ministra Cabanillas, que niega haber autorizado la operación.

Cabanillas sostiene que el 4 de junio, el director de la policía, general José Sánchez, le comunicó que al día siguiente se ejecutaría el operativo de desalojo, que no fue ordenado por ella.

El jueves, Cabanillas y el primer ministro Yehude Simon fueron interpelados en el parlamento. "La autoridad política no interviene en las operaciones que lleva a cabo la policía", se defendió la ministra. "El cómo y el cuándo no lo hace un ministro, se hace en la zona", indicó.

Cabanillas, la dirigente femenina más influyente del gobernante Partido Aprista Peruano, insistió en responsabilizar de la matanza a supuestos agentes de los gobiernos de Venezuela y de Bolivia, infiltrados en la protesta indígena. Pero no exhibió pruebas.

"Eso se llama intromisión, señores, porque exportan hacia el Perú propaganda del modelo del caos y la anarquía, que busca como fase final el derrocamiento del régimen democrático, el gobierno provisional y un congreso popular", dijo Cabanillas.

Los bloques legislativos del opositor Partido Nacionalista, de Unidad Nacional y de legisladores afines al ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) se declararon decepcionados con las explicaciones de la ministra y presentaron una moción de censura contra ella y contra Simon, que se debatirá la próxima semana.

La revelación de que Cabanillas intentó premiar a oficiales investigados ha complicado más aún su permanencia en el gabinete.

"La ministra pretende comprar el silencio de los policías implicados en la masacre", dijo el portavoz del bloque del Partido Nacionalista, Freddy Otárola.

"No ha sido ético de su parte el ascenso a oficiales que son investigados... No se puede pretender comprar el silencio con el ascenso. Es irregular y lo vamos a investigar", agregó.

En sentido similar se manifestó Fernando Rospigliosi, quien ocupó la cartera del Interior en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

"Lo que sucedió en Bagua no fue una ‘acción distinguida’ sino un desastroso operativo desde todo punto de vista", dijo Rospigliosi a IPS. "De lo que se trata es de que esos oficiales no digan la verdad sobre lo que realmente sucedió el 5 de junio, especialmente sobre el papel que desempeñó Cabanillas", opinó.

La reconstrucción de los hechos, basada en testimonios de diversas fuentes, indica que los manifestantes habían acordado con la policía que serían avisados antes de que se iniciara la operación de desalojo, pero ésta se produjo sorpresivamente.

De acuerdo con versiones que se están verificando en las investigaciones, los jefes de la policía habrían recibido la orden de expulsar a los indígenas directamente de Cabanillas, porque así lo había pedido el presidente Alan García.

"Los que ordenaron a los policías controlar a un grupo de personas, que era en número muy superior, ésos son los responsables" de los hechos, dijo a IPS la ex titular de la Defensoría del Policía, Susana Villarán.

La Defensoría del Policía es un organismo dedicado a garantizar los derechos humanos del personal del Ministerio del Interior.

De acuerdo con la necropsia practicada a los cuerpos de los nueve civiles muertos el 5 de junio, todos fallecieron por impactos de proyectiles. Algunos correspondían a fusiles AKM, que son de uso oficial de la policía.