Por Marta Colomina

Desde la abrupta salida de Manuel Zelaya de la presidencia de Honduras circulan en internet numerosos informes de corresponsales extranjeros, análisis de expertos y editoriales de prensa que, a contrapelo de la diplomacia internacional que califica el hecho como un golpe de Estado, presentan una visión crítica de las constantes violaciones constitucionales de Zelaya en su ejercicio gubernamental, y otra muy favorable del nuevo gobierno hondureño, al que definen como democrático por haber restituido el Estado de Derecho.

Uno de los análisis más difundidos ha sido el de la costarricense Margarita Montes, politóloga del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Marroquín, quien sostiene que por primera vez en la era de la posguerra fría, un ejército depone a un Presidente democráticamente electo, para restaurar el Estado de Derecho, y no para romperlo, como era usual en el pasado. La experta no cataloga lo ocurrido como un golpe de Estado porque no cumple con dos rasgos esenciales de las viejas asonadas: "toma del poder por parte del estamento militar y quebrantamiento del Estado de Derecho". Subraya que la acción de las FAN se basó en una orden judicial y "su propósito fue restablecer el imperio de la Ley, el cual estaba siendo violentado consistentemente por el propio presidente del Poder Ejecutivo, al desconocer las disposiciones del Poder Judicial y del Poder Legislativo".

Contraria a las rápidas condenas de gobiernos y organizaciones como la UE, EEUU, ONU, OEA, ALBA, Grupo de Río, (que sólo escucharon a Zelaya y no a la contraparte) Montes piensa que Honduras sentó un precedente que pasará a ser objeto de estudio de universidades, diplomáticos y políticos de todo el mundo: "por primera vez en Latinoamérica el pueblo se rebela, sin derramamiento de sangre y sin violencia, contra un Presidente democráticamente electo, por violar disposiciones legales y la institucionalidad vigente en el país". En efecto, Zelaya no respetó las resoluciones del Fiscal General, de la CSJ, de la Procuraduría General, del Comisionado de los Derechos Humanos, ni del Congreso. Se negó a rendir cuentas de los fondos del Estado y se empeñó en una consulta manipulada para lograr su reelección, para la cual dio órdenes al comandante de la FAN quien, al negarse a cumplirlas, desencadenó la crisis. La Constitución hondureña contiene algunos artículos denominados pétreos (para evitar el caudillismo) tales como: "la democracia será siempre la forma de gobierno, el período presidencial durará cuatro años y no habrá reelección". Desde la asociación de Zelaya con Chávez, a Honduras llegaron aviones con activistas venezolanos y "ayuda", como los 100 tractores y petróleo regalado. Allí acamparon los juristas españoles Roberto Viciano Pastor y Rubén Martínez Dalmau, financiados con nuestros petrodólares, listos para montar la Asamblea Constituyente en Honduras, como hicieron en Ecuador y Bolivia. Asesoraron también al candidato peruano Ollanta Humala.

Afirma Montes que los organismo internacionales, gobiernos y cierta prensa mundial condenan lo sucedido en Honduras, porque lo analizan a través del viejo paradigma de los golpes de Estado. No se han percatado (o no han querido) "que en Honduras el domingo se rompió el modelo". La OEA, convertida en un club de presidentes y no de pueblos, hipócritamente se niega a reconocer que si sacar del poder a un Presidente elegido democráticamente es un golpe de Estado, también es un golpe de Estado cuando ese Presidente deviene en un dictador en su ejercicio, como está ocurriendo ostensiblemente en Venezuela. Chávez cierra medios, despoja a Ledezma de su alcaldía y de sus 700 mil votos para poner a una usurpadora a dedo sin que Obama (que quiere distanciarse del nefasto pasado histórico de EEUU), ni Moratinos, ni Insulza se conmuevan, pero se horrorizan porque Honduras le dice ¡basta! a los golpes constantes de Zelaya, elegido con 900 mil votos. La valentía de los hondureños asustó a quienes tienen rabo de paja. Por eso el aquelarre del Alba, donde el "pendejo" e "inmoral" de Insulza (Chávez dixit), -quien hizo como que no veía los sucesivos golpes de Zelaya- asintió complacido cuando el violador Ortega, el "demócrata" Raúl Castro y el "héroe" del 4F proponían el embargo a Honduras, el mismo que califican de crimen del imperio aplicado en Cuba.

Honduras -sentencia la costarricense Montes- está dando al mundo una gran lección: "Aunque un Presidente haya sido electo democrática y legítimamente no tiene derecho a desobedecer la Constitución. El mensaje de Honduras es simple: el voto popular no incluye una licencia para delinquir y todo esfuerzo para gobernar por el bien común debe estar dentro del marco de la ley". Que tomen nota Chávez y los poderes lacayos que aplauden sus delitos constantes.