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Por Ángel Páez

LIMA, 13 jul (IPS) - El ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, aceptó haber pagado 15 millones de dólares a su ex asesor personal y ex jefe de facto de sus servicios de inteligencia, Vladimiro Montesinos, el 22 de septiembre de 2000, horas antes de que éste se refugiara en Panamá.

Fujimori se manifestó conforme con esta descripción de los hechos, a cargo de la fiscalía que lo acusa de falsedad y peculado, pero rechazó los delitos que se le atribuyen y, consecuentemente, el pago de una indemnización al Estado de 666.000 dólares.

El fiscal Avelino Guillén acusó a Fujimori de esos crímenes, propuso una pena de ocho años de prisión y el pago de una reparación.

"Expreso mi responsabilidad limitada respecto a la acusación. Solamente acepto los hechos, (pero) no acepto la responsabilidad penal, ni la pena ni la reparación civil", dijo Fujimori.

El fiscal Guillén sustentó la acusación argumentando que Fujimori, en lugar de entregar a la justicia a Montesinos, aceptó pagarle lo que éste pidió como condición para salir del país en medio de un escándalo de corrupción que terminaría por derrumbar el régimen que el ex mandatario presidió durante 10 años (1990-2000).

Guillén recordó que el ex jefe de Estado le pagó a Montesinos con fondos públicos, luego de que la oposición reveló un vídeo en el que el ex asesor aparece sobornando al congresista Alberto Kouri para que se pasara a las filas del fujimorismo.

Luego de que el fiscal terminara su exposición, el presidente del tribunal, César San Martín, preguntó a Fujimori si estaba de acuerdo con la acusación, a lo que respondió que sí.

El presidente del tribunal aceptó la "conformidad limitada" de Fujimori respecto a la acusación de la fiscalía, lo que abre un periodo de 48 horas hasta el dictado de la sentencia.

Teniendo en cuenta que las audiencias son los lunes, miércoles y viernes, Fujimori sería condenado entre el próximo viernes 17 o lunes 20 de julio, dependiendo del tiempo que demande la lectura de algunos documentos a solicitud de la fiscalía.

A su turno, el abogado defensor de Fujimori, César Nakazaki, señaló que Fujimori no falsificó documentos para obtener los 15 millones de dólares de los fondos públicos, sino que el trámite correspondió a los ministros de Economía y Defensa de la época.

Y en cuanto al delito de peculado, tampoco se aplica, dijo Nakazaki, porque el ex presidente devolvió al erario nacional los 15 millones de dólares que le proporcionó el Ministerio de Defensa para pagarle a Montesinos.

El fiscal Guillén señaló a IPS que basta con que Fujimori haya aceptado que los hechos ocurrieron para que reciba la condena por peculado y falsificación.

"La fiscalía ha presentado un conjunto de pruebas de hechos de carácter delictivo ejecutados por Montesinos por orden de Fujimori. Y por esos hechos Fujimori le pagó a Montesinos los 15 millones de dólares por su silencio, antes de irse a Panamá. Todo esto lo ha aceptado el ex presidente", explicó Guillén.

"Fujimori también aceptó que el 2 de noviembre del 2000 devolvió los 15 millones de dólares, y con absoluto cinismo su defensa sostiene que con dicha devolución ya no hay delito de peculado. Este argumento carece de fundamento porque la ley sanciona la simple apropiación del dinero público. Aunque haya devuelto el dinero, el delito no se borra y merece una sanción penal", agregó el fiscal.

De no haber aceptado en parte o en su totalidad los hechos, Fujimori hubiera tenido que afrontar un largo proceso con la declaración de testigos, exposición de piezas probatorias y la confrontación entre las versiones de sus ex ministros.

Al aceptar el tribunal el término anticipado del juicio, ya no será citado el ex ministro de Economía, Carlos Boloña, quien en otro proceso por el mismo caso declaró que Fujimori le ordenó entregarle al ex ministro de Defensa, general Carlos Bergamino, 15 millones de dólares para una supuesta campaña contra las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la frontera con el país vecino.

El dinero, en realidad, se lo dijo Fujimori a Boloña, para pagarle una supuesta "indemnización" a Montesinos.

"Fujimori no quería exponerse a una acusación pública por parte de uno de sus ex ministros", dijo a IPS la abogada Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).

Cano defendió a los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta en el juicio que se le siguió al ex jefe de Estado.

El ex mandatario "quiere darle la impresión al país de que le pagó a Montesinos los 15 millones de dólares para salvar la democracia y que por eso usó fondos públicos, dinero que luego devolvería", señaló Cano.

"Es una maniobra que no se le debe escapar al tribunal. Fujimori debe responder de dónde sacó los 15 millones para devolver lo que sacó del Ministerio de Defensa", advirtió.

El ex primer ministro Federico Salas y el ex ministro de Economía Carlos Boloña ya fueron condenados por haber participado en la operación secreta destinada a sacar del tesoro público los 15 millones de dólares para pagarle a Montesinos.

El fiscal Guillén indicó que la intención de la defensa de Fujimori es atenuar la pena por haber devuelto a los fondos públicos el dinero que le entregó a Montesinos.

"Sin embargo, está pendiente la declaración del ex presidente del origen del dinero que usó para devolver los fondos del Ministerio de Defensa. No tiene escapatoria, porque si dice que ese dinero también salió del tesoro público, se configura el delito de peculado. A menos que diga que el origen es otro", apuntó Guillén.

La teoría de la fiscalía es que el dinero corresponde a las transferencias ilegales que le hacía Montesinos desde el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) a Fujimori, quien guardaba los fondos en el Palacio de Gobierno.

De hecho, los ex ministros declararon que Fujimori los convocó a Palacio de Gobierno el 2 de noviembre del 2000, para que fueran testigos de la devolución de los 15 millones de dólares.

El dinero lo entregó en dos maletas el entonces embajador de Perú en Japón, Víctor Aritomi, cuñado del ex jefe de Estado.

A diferencia del proceso por violaciones a los derechos humanos, esta vez no estuvieron presentes en la audiencia los hijos del ex mandatario, la congresista y candidata presidencial fujimorista Keiko Fujimori y su hermano menor, Kenyi Fujimori.

Montesinos entregó los 15 millones de dólares a los traficantes de armas Zvi Sudit, Ilan Weil y James Stone, quienes transfirieron parte del dinero a cuentas del ex asesor en Suiza.