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Buenos Aires, ago 04 (Telam).- El ex presidente Fernando de la Rúa será enviado a juicio oral por el pago de sobornos en el Senado durante su mandato para la aprobación de la reforma laboral, tras quedar confirmado hoy su procesamiento por el delito de "cohecho activo agravado".

Los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun entendieron que el ex primer mandatario y algunos de sus principales funcionarios tuvieron "el manejo" del "curso causal" de la maniobra que terminó con el pago ilegal de cinco millones de pesos el 26 de abril de 2000 para la aprobación de la ley de Reforma Laboral.

Según el fallo al que accedió Télam, el hecho fue considerado un "acto" del gobierno, en una maniobra "que no fue ajena a la investidura presidencial".

"La posición del ex Presidente en el vértice de la pirámide no se refiere a su ubicación formal en la estructura de poder", como pretendía demostrar la defensa del ex presidente, sostuvo el fallo.

Por el contrario "responde a la pregunta de si pudo desconocer las otras negociaciones que se llevaban a cabo" para el pago de sobornos, sentenció la Cámara.

Al respecto y en votos separados tanto Farah como Irurzun dieron por probado que la maniobra "no fue ajena a la investidura presidencial".

Y consideraron que las decisiones del entonces Presidente abrieron la puerta a su realización, como por ejemplo la designación del entonces ministro de Trabajo Alberto Flamarique como "negociador de la ley" sancionada en abril de 2000.

"Flamarique habría sido designado por el ex presidente como negociador de la ley y en tal rol habría brindado un aporte fundamental al hecho estudiado, al dar apariencia de corrección a las tratativas ilícitas que discurrían tras aquel velo", apuntó el fallo.

En la extensa resolución de 120 carillas se analizaron "datos" probados en la causa "por los cuales transita también la intervención del ex Presidente en el hecho".

"El ex presidente conocía y otorgaba coherencia a la actuación de los ex funcionarios", agregó la Cámara.

"Resulta impensable a esta altura que el entonces Secretario de Inteligencia o el entonces ministro laboral actuaran en cumplimiento de un plan común inconsulto o en su propio beneficio", argumentaron.

El ex titular de la SIDE Fernando de Santibáñez, junto a Flamarique, al arrepentido ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto y los ex senadores del PJ Augusto Alasino, Remo Constanzo, Alberto Tell, Ricardo Branda y Emilio Cantarero esperan ya ser sometidos a juicio por el Tribunal Oral Federal 3.

También había sido puesto en esta situación el presidente provisional del Senado, José Genoud, ya fallecido y ahora se sumará al grupo De la Rúa.

Para ello el fiscal del caso, Federico Delgado, pedirá su envío a juicio, algo que aceptará el juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la causa, anticiparon fuentes judiciales.

Respecto de Rafecas, la Cámara le dio la razón cuando sostuvo que el ex presidente "no sólo avaló las negociaciones ilegales, sino que además se prestó a seguir adelante".

Su postura "resultaba absolutamente funcional e indispensable para el éxito de la empresa criminal de la que tenía pleno conocimiento y control".

A la hora de confirmar el procesamiento, los camaristas otorgaron valor fundamental a los dichos de testigos como el ex senador Antonio Cafiero, el ex vicepresidente Carlos "Chacho" Alvarez y el ex jefe de Gabinete Rodolfo Terragno.

En particular Irurzun, quien en su voto no dio por probada una reunión en Casa de Gobierno durante la cual De La Rúa habría dado el visto bueno a los pagos ilegales, según declaró en la causa el arrepentido del caso, Pontaquarto.

"El hecho ocurrió, al margen o no de la existencia" de una reunión en la Casa Rosada, aclaró sin embargo.

Un inminente juicio oral con "todos los protagonistas imputados allí presentes" será "el camino a transitar más conveniente desde la actividad jurisdiccional para la búsqueda de la totalidad de la verdad material de lo sucedido", concluyó el camarista.