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Por José Adán Silva

MANAGUA, 20 oct (IPS) - Una sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua abrió el lunes las puertas para una postulación consecutiva del presidente Daniel Ortega en las elecciones de 2011, con un dictamen a medida, que altera la Constitución.

La sala especializada de la Corte Suprema de Justicia admitió un recurso de amparo presentado por Ortega contra una reforma electoral de 1995 que prohibía la postulación para mandatos consecutivos en cargos ejecutivos.

El presidente de la Sala Constitucional, magistrado Francisco Rosales, dijo en conferencia de prensa el lunes que el cuerpo "interpretó" la reforma constitucional de 1995 y dio razón al recurrente en cuanto a que la prescripción viola los derechos humanos y constitucionales de los funcionarios sandinistas que aspiren a ser reelectos y que fueron expresamente incluidos en el recurso.

En efecto, el pedido de Ortega incluyó a los 109 alcaldes sandinistas elegidos en los polémicos comicios municipales de noviembre de 2008, plagados de denuncias de fraude.

Ortega alcanzó el poder por las armas en 1979, cuando las izquierdistas guerrillas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) derrocaron al régimen dictatorial de la dinastía Somoza, que por 43 años controló este país a sangre y fuego.

La Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, que Ortega integraba, lo postuló a la Presidencia en las elecciones de noviembre de 1984. Ganó con 63 por ciento de los votos y gobernó hasta 1990 en medio de una guerra interna, promovida y financiada por Estados Unidos, contra la administración sandinista.

En los comicios de febrero de ese año, Ortega volvió a ser candidato y fue derrotado por una coalición de partidos de derecha y centroderecha que encabezaba Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997).

Ortega volvió a aspirar a la Presidencia en 1996 y en 2001, pero sin éxito. En 2006 se reencontró con la victoria, gracias a una reforma electoral acordada con el ex presidente derechista Arnoldo Alemán (1997-2002) que redujo la proporción de votos requeridos para el triunfo a sólo 35 por ciento. El candidato sandinista obtuvo 37,9 por ciento de los sufragios, favoreciéndose además de un escenario político fragmentado.

El ex guerrillero asumió nuevamente la Presidencia en enero de 2007 y casi desde ese momento inició una campaña para poder participar de las elecciones de 2011.

El éxito lo coronó tras infructuosos intentos en la Asamblea Nacional legislativa, en busca de una reforma de la carta magna. Pero ese candado no se abrió porque el FSLN no consiguió reunir los 56 votos requeridos en el cuerpo de 92 escaños.

"Se ha hecho justicia a muchos nicaragüenses", dijo el magistrado Rosales en una entrevista concedida a una televisora local.

La sentencia busca proteger la igualdad de derechos de los ciudadanos ante una elección y "se basó en el principio de soberanía popular, que Costa Rica usó para levantar la cortina de la reelección a Óscar Arias", alegó Rosales, en referencia a un dictamen emitido en 2003 por el máximo tribunal del país vecino que reformó en los hechos la Constitución para permitir al entonces ex presidente volver a postularse.

El dictamen nicaragüense declaró inaplicable el artículo 147 de la Constitución, que prohíbe a los presidentes, vicepresidentes, alcaldes y vicealcaldes postularse al mismo cargo que ostentan en forma consecutiva, pero solamente para Ortega y los alcaldes incluidos en el recurso.

La prohibición, sin embargo, rige para otros candidatos que no figuran en el amparo "porque si no aparecen en el documento es porque no sienten que se les violan sus derechos", alegó Rosales.

La Sala Constitucional se compone de seis magistrados, tres de filiación sandinista y tres liberales, leales a Alemán. Ante la ausencia de estos últimos, se sumaron como sustitutos magistrados de otras salas, también sandinistas. El dictamen contó con el voto favorable de los seis: Rosales, Rafael Solís, Ligia Molina, Yadira Centeno, Armengol Cuadra y Juana Méndez.

La sentencia fue ratificada en la misma noche del lunes por el Consejo Supremo Electoral, que en una conferencia de prensa notificó a las partes recurrentes del FSLN la libertad de participar en las elecciones generales de 2011 y las municipales de 2012.

"Solo cumplimos con lo que manda la ley. Las resoluciones judiciales son de ineludible cumplimiento" argumentó el presidente del Consejo, Roberto Rivas.

El proceso fue expedito. La solicitud de revisión de la reforma de 1995 fue presentada el 15 de octubre por el apoderado legal de Ortega, Eduardo Mejía, ante el Consejo Supremo Electoral.

Al día siguiente el documento fue presentado ante el Tribunal de Apelaciones y remitido a la Corte Suprema el día 16, y el lunes 19 se emitió el dictamen.

Pero el presidente de la Corte Suprema, Manuel Martínez, lo calificó como "aberrante emboscada".

Esto "no tiene legalidad si no lo aprueba la Corte plena" de sus 16 magistrados, añadió Martínez. Éstos se reparten por igual entre leales a Ortega y a Alemán.

Los magistrados liberales anunciaron este martes en una conferencia de prensa una batalla jurídica para anular el fallo.

Según el magistrado Antonio Alemán, la carta magna establece que ningún poder del Estado tiene más facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución.

"Y la Sala Constitucional tiene delimitadas sus facultades. La carta magna misma dice en lo referido a la prohibición de la reelección presidencial continua que solo el parlamento puede reformar la Constitución", dijo Alemán a IPS.

El diputado opositor Eduardo Montealegre llamó a un paro nacional y anunció una gira internacional para denunciar al mundo "el nacimiento de una dictadura socialista que socava todos los principios de la democracia de Centroamérica".

El ex presidente Alemán, absuelto en enero de una condena de 20 años de prisión por graves delitos de corrupción durante su mandato, llamó a las bases de su derechista Partido Liberal Constitucionalista a salir a las calles a protestar.

"Y desde ya acusamos al gobierno sandinista de la sangre que se derrame en Nicaragua", advirtió Alemán, antiguo socio del presidente Ortega en varios pactos políticos.

Organizaciones de la sociedad civil, como el Movimiento por Nicaragua, Ética y Transparencia, Coordinadora Civil y grupos empresariales y religiosos, culparon al mandatario de llevar al país "a una ruta de incertidumbre".

Mientras, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA) --conformada por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Venezuela y San Vicente y Granadinas-- se pronunció apoyando el fallo.

"Los gobiernos y pueblos del ALBA ratificamos en esta ocasión nuestro respaldo total e irrestricto a las instituciones democráticas de la hermana República de Nicaragua, fruto de la lucha incesante del pueblo nicaragüense por la soberanía y la emancipación", expresó el grupo en un texto difundido por el Consejo de Comunicación y Ciudadanía, que dirige Rosario Murillo, esposa de Ortega.

En respuesta a los anuncios de protestas y marchas de repudio, el gobernante FSLN instó a sus militantes a "movilizarse para defender las victorias del pueblo" y anunció mítines en las calles de todo el país.

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