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Por Edgardo Ayala

SAN SALVADOR, oct (IPS) - Con una espátula, el investigador forense Israel Ticas escarba alrededor de un pie que, en estado de putrefacción y en posición de abajo hacia arriba, brota del terreno escabroso escondido entre las lomas del cantón Las Crucitas, de Ciudad Arce, en el occidental departamento salvadoreño de La Libertad.

Otras partes del cadáver han sido ya identificadas por el experto y tiene una noción de algunos rasgos de la persona asesinada y enterrada allí entre matorrales rodeados de sembradíos de café y fríjol.

Se trata de un joven menor de 20 años, que al momento de morir fue desmembrado de pies y brazos, además de haber sido decapitado.

Probablemente se trate de una persona que a mediados de octubre fue reportada como desaparecida a las autoridades, que vivía en la colonia El Bosque, de Ciudad Arce. Aunque las investigaciones están en su fase inicial, todo apunta a que las pandillas están detrás del crimen.

"A este muchacho lo asesinaron más o menos hace un mes. Es probable que haya otro, como a 15 metros de distancia porque hemos encontrado huesos", dice Ticas a IPS.

Ticas es un experto forense de la Fiscalía General de la República (FGR) a cargo de buscar y desenterrar los cadáveres enterrados clandestinamente, algo que recuerda los días de la guerra civil (1980-1992), que dejó 75.000 muertos, la mayoría a manos de escuadrones de la muerte y militares que se enfrentaban al entonces guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), hoy en el gobierno.

Cifras de la FGR indican que de enero a septiembre se han hallado 80 cadáveres diseminados por todo el país en 18 cementerios clandestinos y en dos pozos, una estrategia utilizada en el conflicto armado por los temibles escuadrones de la muerte y unidades del ejército responsables de ejecuciones de izquierdistas, aunque también era común que dejaran los cuerpos a la vista de todos a la orilla de las veredas y caminos.

Ahora los cementerios clandestinos nuevamente resurgen en tiempos de paz.

"Los criminales buscan evitar que se les responsabilice de los crímenes que cometen, y lo más fácil es deshacerse del cuerpo; si no hay cuerpo, no podemos atribuir el homicidio a ninguna persona", dice a IPS un fiscal de la FGR, que omitió su nombre.

Los asesinatos en El Salvador, en el orden de 52 por cada 100.000 habitantes, colocan a esta nación centroamericana entre las más violentas del mundo, y ha puesto en aprietos al nuevo gobierno del izquierdista FMLN, que ya recibe fuertes presiones para que actúe con vigor contra la ola de crímenes y se le reclaman resultados pese a que asumió apenas el pasado 1 de junio.

Un estudio del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), publicado el 22 de este mes, señala que más de la mitad de los consultados temen ser víctimas de la violencia. Otro 16 por ciento dijo haber sufrido algún tipo de delito en los últimos 12 meses, lo cual muestra un aumento de un punto porcentual respecto de otra investigación similar realizada en 2006.

Cifras de Policía Nacional Civil (PNC) dan que 80 por ciento de los homicidios son cometidos con armas de fuego, en un país donde medio millón de ellas no cuentan con la matrícula requerida y se comercializan libremente en el mercado negro.

La racha de homicidios que se viene arrastrando desde hace varios años, además de otros delitos, ha traído nuevamente escenas que no se veían desde el conflicto armado interno.

Además de cementerios clandestinos y "pozos macabros", como los llama la prensa local, ha vuelto la práctica de la desaparición forzada de personas, muy comunes en los tiempos de la violencia política.

La Comisión de la Verdad, instaurada en El Salvador tras el fin de la guerra civil, reveló que unas 8.000 personas fueron desaparecidas por causas políticas, en una práctica común entonces de parte de las fuerzas gubernamentales y copiada de las hordas represoras de las dictadura de los años 70 en el Cono Sur de América.

Ahora la motivación no es política, es fruto de la vorágine de violencia ciudadana que vive el país. La PNC reporta que desde enero de 2007 a junio pasado se contabilizaron 1.272 personas desaparecidas.

Algunos noticieros de televisión informan sobre personas desaparecidas, proveyendo de números telefónicos para que los familiares de los desaparecidos puedan recibir información que les den pistas para encontrarlos, generalmente muertos.

El matutino local El Diario de Hoy reportó el 12 de este mes sobre tres casos de adolescentes desaparecidos, entre ellos Kevin Antonio Rivera, de 17 años. El padre del joven dijo al periódico que su hijo fue interceptado por un grupo de pandilleros el 14 de agosto en San Martín, 18 kilómetros al este de San Salvador, y desde entonces no ha sido visto.

Incluso los "toques de queda", utilizado por los regímenes militares para controlar el libre movimiento de la población, han vuelto a ser reclamados por muchos ciudadanos de este país con 5,7 millones de habitantes.

Supuestos pandilleros enviaron el día 15 un correo electrónico a varios medios de comunicación en el que advertían que incrementarían su accionar delictivo contra la población como reacción a un plan del gobierno e Mauricio Funes, aún sin ejecutar, de sacar a la calle a oficiales del ejército en tareas de seguridad pública.

Ese día, varios negocios en la capital salvadoreña cerraron sus puertas antes de la hora habitual, y algunas escuelas del interior del país, donde el auge delictivo es mayor, como en Lourdes, La Libertad, cerraron sus puertas sin recibir a los y las estudiantes.

"La población viene de sufrir en la época de guerra, y nuevamente, ya en paz, estamos viendo secuestros, extorsiones, ejecuciones, desapariciones y temor con toques de queda", dice a IPS Miguel Montenegro, director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), organización que jugó un papel preponderante en denunciar detenciones y desapariciones forzadas durante el conflicto.

"Hay que preguntarse por qué a tantos años de finalizada la guerra, en 1992, se están repitiendo esos casos que eran comunes en la guerra", agrega.

Montenegro señala que los altos niveles de criminalidad en El Salvador es resultado directo de la desidia y planes errados con que ese drama fue abordado en los 20 años de gobiernos de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que perdió las elecciones presidenciales en marzo, permitiendo que la izquierda llegara al gobierno por primera vez en la historia de este país.

Las políticas neoliberales aplicadas por Arena hicieron más ricos a los sectores pudientes, pero empobrecieron más a la población, y los jóvenes se vieron sin ningún tipo de oportunidades para superarse y salirse de la violencia, dice Montenegro.

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