Kabul, 31 oct (IPS).- Poco después de que el jefe de Estado Hamid Karzai accedió a comparecer a una segunda vuelta de las elecciones en Afganistán, su rival, Abdullah Abdullah, introdujo una avalancha de exigencias tan complejas que dejaron en tinieblas su objetivo real.

 

 

Abdullah reclamó transparencia en la próxima instancia de los comicios y también el cese del jefe de la Comisión Electoral Independiente, Azizullah Lodin, responsable del cuestionado escrutinio de la primera ronda.

 

 

También sugirió que dieran un paso a costado hasta el 7 de noviembre los ministros de Educación, Farouq Wardak, del Interior, Anif Atmar, y de Fronteras, Assadullah Khalid, para evitar que interfieran con el proceso.

 

 

Abdullah mencionó otros miembros del gabinete de Karzai, como Kari Khoram, Hajj Sediq Chakari y Omar Zakhilwal, sobre cuyo desempeño reclamó controles para evitar el fraude.

 

 

El adversario de Karzai anunció que interpondría sus solicitudes formalmente a través de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA), y que si no recibía una respuesta antes de este lunes, reaccionaría con furia.

 

 

Aunque sus reclamos fueron realizados una semana después del plazo legal, todos aquellos que conozcan la forma usual de proceder de la ONU --como Abdullah, quien fue canciller-- saben que no pueden esperarse razonablemente respuestas rápidas.

 

 

Es prácticamente imposible que las denuncias de Abdullah reciban poco más que un tratamiento de rutina, dado el poco tiempo que restan para la segunda vuelta de la selecciones.

 

 

Karzaki replicó que los funcionarios acusados no hicieron nada que los haga merecedores del cese o la censura, y que algunos de los gobernadores provinciales --designados por él mismo-- apoyan a Abdullah pero permanecerán en sus cargos, aunque él podría destituirlos.

 

 

No queda claro el impacto de un eventual boicot electoral de Abdullah a la segunda ronda del proceso, qué problemas causaría y cómo podrían solucionarse.

 

 

Las implicaciones para la comunidad internacional --que ha invertido mucho en las elecciones, tanto en prestigio como en dinero-- podrían ser tétricas.

 

 

Para colmo, tampoco queda claro si el cumplimiento de las pretensiones de Abdullah tiene alguna posibilidad que sea legal o constitucional.

 

 

Al parecer, lo que Abdullah trataba de hacer era bloquear el proceso electoral a través de propuestas impracticables, comprando tiempo hasta una derrota que era más que probable para el 7 de noviembre.

 

 

También jugaba con las rivalidades tribales y étnicas: nueve de los funcionarios a los que cuestiona son de la comunidad pashtun (patana), mientras él y su principal base electoral es de la tayika.

 

 

Los desafíos que planteaBA Abdullah al sistema obstaculizaban un proceso electoral suave y creaban una atmósfera de dificultades.

 

 

Y la segunda ronda electoral ya tiene demasiadas dificultades sin contar las que quería imponer el candidato opositor: se acerca el crudo invierno, la insurgencia recrudece y el cronograma es demasiado breve.

 

 

Los afganos están muy preocupados por el deterioro de la seguridad a medida que se acerca el 7 de noviembre y con tanta corrupción denunciada en la primera vuelta, muchos se preguntan si en la siguiente habrá, realmente, posibilidades de mejorar la situación.

 

 

A pesar de eso, todos los participantes en el mapa político --entre ellos, los ciudadanos afganos, los observadores de todo el mundo y los líderes de los gobiernos de la coalición internacional que supervisa el proceso-- aseguran haber aprendido la lección.

 

Pero es difícil de imaginar elecciones tranquilas, especialmente con la determinación con que Abdullah ventiló sus discrepancias.

 

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