Asunción, 05 nov. (VTV).- El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, decidió relevar a los comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, en medio de un clima político enrarecido y un día después de que rechazara el riesgo de un Golpe de Estado, pese a haber reconocido la existencia de "bolsones golpistas" en unidades castrenses.

 

El general Juan Óscar Velázquez fue apartado de la Comandancia del Ejército y en su lugar asumirá el general Bartolomé Ramón Pineda, según la orden general número 188 firmada por Lugo en su carácter de comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

 

Por su parte, el general Hugo Gilberto Aranda será jefe de la Fuerza Aérea en lugar del general Darío Dávalos, mientras que el contraalmirante Emérito Orué, comandante de la Armada, y sustituirá al contraalmirante Claudelino Recalde.

 

Otra resolución firmada por Lugo indica que el 11 de noviembre próximo sesionará el Tribunal de Calificaciones para establecer los ascensos hasta el grado de coronel y los pases a retiro.

 

Los ascensos a general deben ser aprobados por la Cámara de Senadores, a pedido de Lugo pero hasta el momento no fue presentado ninguno.

 

El portavoz militar, el coronel José Manuel Cáceres, informó de esos cambios en un comunicado, en el que se detalla que la asunción de los nuevos oficiales se realizará este jueves, en presencia del comandante de las Fuerzas Militares, Cíbar Benítez Cáceres.

 

El cambio, el segundo del año y el cuarto que ordena Lugo desde su asunción el 15 de agosto de 2008, fueron anunciados tras la reunión que el jefe de Estado realiza los miércoles por la mañana con los altos mandos militares, reseñó AFP.

 

Lugo, cuya llegada al poder al frente de una alianza de amplia base ideológica supuso la caída de un partido único (Partido Colorado), después de una hegemonía de 61 años, rechazó cualquier riesgo de una quiebra del proceso democrático al asegurar que las Fuerzas Armadas de su país "no se prestarán a ningún tipo de intentona".

 

"Yo les puedo asegurar, como comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, que institucionalmente no existe ningún peligro de golpe de Estado, por los menos promovido por el estamento militar", afirmó en rueda prensa.

 

Lugo declaró que "nada ni nadie nos moverá del Palacio de López (sede del gobierno) hasta el 15 de agosto del 2013, porque el pueblo lo decidió".

 

"Existe una campaña en mi contra que busca crear un ambiente de zozobra para fines mezquinos y antipopulares", afirmó.

 

El gobernante se refirió así ante una consulta sobre unos rumores de un acuartelamiento de militares y policías que corrieron el fin de semana, en medio de versiones de amenazas de bomba en centros nocturnos de Asunción.

 

Sin embargo, Lugo reconoció que podría haber "pequeños bolsones" de militares que podrían "ser utilizados por la clase política", pero aseguró que "institucionalmente las Fuerzas Armadas no se prestarán a ningún tipo de intentona golpista".

 

Lugo vinculó esos rumores al traslado de ocho tanques de fabricación brasileña que fueron reparados en una localidad del estado brasileño de Matto Grosso do Sul, en la frontera con Paraguay.

 

Los blindados fueron entregados la semana pasada en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, a 540 kilómetros al noreste de Asunción, y fronteriza con la brasileña de Ponta Porá.

 

¿Juicio político?

 

La remoción de los jefes castrenses ocurre en momentos en que Lugo enfrenta el acoso de la oposición que controla el Congreso y lo amenaza con un juicio político, mientras no logra articular las fuerzas de la alianza oficialista para gobernar con mayor tranquilidad.

 

En este sentido, el vicepresidente del Grupo Venezolano del Parlamento Latinoamericano, Carolus Wimmer, denunció la semana pasada la preparación de un "Golpe de Estado político y militar, propiciado por el Congreso de ultraderecha, a través de un enjuiciamiento al presidente Fernando Lugo".

 

La denuncia fue rechazada por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado paraguayo, Hugo Estigarribia. El parlamentario señaló que un juicio político "no es un golpe de carácter militar sino un medio constitucional para separar a Lugo del cargo".

 

Organizaciones sociales y partidos de izquierda convocaron este sábado a una gran manifestación de respaldo al presidente, ante los rumores de un juicio político emprendido por la bancada de oposición en el Parlamento.

 

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