Por Marta Colomina

Cómo no van a registrar las encuestas que más del 80% de los venezolanos consideramos que la delincuencia ha empeorado bajo la mirada permisiva del Gobierno, si hasta el jefe del fracasado Plan Caracas Segura fue asesinado a mansalva por delincuentes con amplio prontuario policial, amparados por la impunidad judicial que deja libres a los criminales y encarcela a los disidentes políticos? ¿Cómo no vamos a pensar que la delincuencia se refugia en la complicidad de altísimos funcionarios públicos, si en un conato de reciente asalto al ministro Diosdado Cabello, según reseñas periodísticas, uno de los detenidos sería escolta del canciller Maduro, asaltante que enseguida habría sido liberado? ¿Cómo olvidar que el ex alcalde Barreto llenó la PM de tupamaros, carapaicas, bandidos de La Piedrita y otros malandros de laya semejante a los tomistas de la PM, que fueron reincorporados y nombrados en cargos directivos? Una noticia de 2006 da cuenta de que un escolta del alcalde Barreto fue asesinado por la policía de Miranda mientras asaltaba un puesto de loterías. Por esos días también supimos -gracias a la protesta de la madre del asesinado- que uno de los PM condenados a varios años de prisión por haber quitado brutalmente la vida a un joven, fue nombrado por Barreto secretario de Seguridad Ciudadana. Los reporteros de sucesos nos informan sobre los grupos parapoliciales creados por el ex alcalde Bernal para "defender la Revolución", quienes desde hace varios años andan organizados en bandas delictivas. Tal es el caso del asesino del periodista gráfico Aguirre, ex policía perteneciente "a los grupos parapoliciales armados desde hace varios años con pistolas Glock importadas por el municipio Libertador" como denunciase en La Razón (16-04-06) Manuel Isidro Molina, quien aseguraba que "muchas de estas armas fueron a parar a manos de integrantes de bandas delictivas de alta peligrosidad". Molina añadía que "todo eso es del conocimiento del alcalde Barreto, del gobernador Cabello, y del ministro Jesse Chacón". Nelson Bocaranda escribió que en "el escritorio del ministro reposa una comunicación del comandante de la GN pidiendo autorización para detener a quienes conducen las miles de motos sin placa que circulan por el país y el ministro se hace el loco porque 'son los protegidos del régimen'".

Las escasas cifras que sobre criminalidad ofrece el CICPC han dejado colar que el 30% de efectivos ultimados tienen vinculación con hechos criminales y se sabe también que los robos colectivos a edificios enteros y la ola de secuestros son protagonizados por policías, grupos parapoliciales armados por el Gobierno, y guerrilleros. Protección similar estarían teniendo los "invasores" de numerosos edificios capitalinos, constituidos en guaridas de peligrosos delincuentes. Gustavo Rodríguez de El Universal bajo el título de "Ex recluso fue el asesino del jefe del operativo Caracas Segura" (07-11-09) narra cómo fue abatido "El Onasis", alias del ex convicto de 22 años, quien dirigía desde hace dos años la invasión de un edificio situado en el sector San Luis y señalado como uno de los asesinos del jefe policial. El Gobierno sabe que ese y otros muchos edificios invadidos están llenos de delincuentes que son protegidos con sólo poner pancartas de "Patria, socialismo o muerte" o "Uh, ah, Chávez no se va" (recordemos aquellos invasores que jugaban al fútbol con las cabezas de sus víctimas). El Onasis estaba implicado en no menos de tres homicidios y hacía apenas tres meses que había sido puesto en libertad.

Y de eso se trata. Mientras los disidentes políticos que no han cometido delito alguno, están presos durante años (muchos de ellos sin juicio) los asesinos y ladrones gozan de inmunidad e impunidad oficiales. El gobernador Henrique Capriles, denuncia que el 67,5% de los delincuentes detenidos en flagrancia fueron puestos en libertad por los tribunales rojitos. En 2009, Polimiranda ha detenido a 3.375 delincuentes (robo, drogas, violación, secuestro, homicidios, etc.) y a las horas 2.277 fueron liberados a pesar de que 528 estaban solicitados por diferentes cuerpos del país.

Mientras Chávez pide a sus babalaos que le prodiguen una guerra que nos haga olvidar que por su culpa no tenemos luz, ni agua ni garantía de vida, el Incosec de la UCV anuncia que 2009 cerrará con unos 19.400 homicidios (4.816 más que en 2008), violencia desatada que el Gobierno no está interesado en frenar. No de otra manera se explica que mientras Chávez nos endeuda comprando armas de guerra, ordene retirar las pistolitas y tanques de plástico de las jugueterías y culpe a los "paramilitares" y a Uribe de los crímenes de la frontera. Ni con el pétalo de una flor a las FARC, ELN y FBL que se reparten el país para sus asesinatos, secuestros, vacunas y narcotráfico, mientras la FAN mira para otro lado.


.

.