24 nov. (TeleSUR).- La cifra de muertes por la matanza que se produjo durante el ataque contra un grupo de políticos y periodistas el pasado lunes en Filipinas asciende ya a 46, luego de que este martes la Policía Nacional descubriera 25 cadáveres más en dos fosas comunes.

 

El hallazgo se realizó a pocas horas de que la presidenta filipina, Gloria Arroyo, decretara estado de emergencia en algunas partes de sur del archipiélago, al día siguiente de la matanza perpetrada por hombres armados en la provincia de Maguindanao, en la sureña isla de Mindanao.

 

En una primera fosa fueron encontrados 14 cadáveres, según declaró el jefe de la Policía Nacional, Jesus Verzosa, que se encontraba en el lugar de la matanza en Maguindanao.

 

Posteriormente, el jefe de la Policía regional, Josefino Cataluña, informó sobre el hallazgo de otra fosa, de la que se recuperaron 11 cuerpos más, con lo que se elevó la cifra de muertes a 46.

 

Ambos hoyos están localizados en un área remota de la provincia de Maguindanao cerca del mismo lugar donde el pasado lunes aparecieron los cuerpos sin vida de otras 21 personas.

 

Las víctimas formaban parte de un grupo de más de 50 personas, entre ellos periodistas y políticos, secuestrados en esa provincia filipina. Los cadáveres de las víctimas, entre las que había 14 mujeres, habían sido acribillados a balazos.

 

Estos actos de violencia parecen estar relacionados con las rivalidades políticas entre candidatos antes de las elecciones para el cargo de gobernador que se llevarán a cabo en 2010.

 

Las fuerzas de seguridad están en máxima alerta, una vez entrado en vigor el estado de emergencia decretado por el Ejecutivo filipino. El Ejército y Policía han reforzado su presencia en las vecinas provincias de Maguindanao y Sultan Kudarat.

 

Además, fueron eviados contingentes militares a la ciudad de Cotabato, al sur de la isla de Mindanao, para prevenir que la rivalidad política traslade hasta allá el espiral de violencia.

 

Según testigos, supuestamente unos cien hombres armados secuestraron de treinta a cincuenta personas, entre las que se encontraban abogados de derechos humanos y decenas de periodistas, que acudían a la oficina regional de la Comisión Electoral a presentar la candidatura de Ibrahim Mangudadatu para la gobernación de esta provincia.

 

Los pistoleros introdujeron a sus rehenes en varios vehículos y huyeron del lugar a toda velocidad. Poco después un grupo de soldados que salió en su persecución halló los cadáveres decapitados de trece mujeres y ocho hombres, incluidos la esposa y tres hermanos del político.

 

De inmediato, Mangudadatu responsabilizó al gobernador, Andal Ampatuan, cuyo hijo Unsay estaba -según el político- al mando de la operación de secuestro, así lo dio a conocer el portavoz del Ejército filipino, teniente coronel Romeo Brawner.

 

El oficial añadió que varios secuestradores estaban empleados como escoltas y guardias de seguridad en el ejército privado de la familia Ampatuan, cuyo patriarca pretendía impedir que Mangudadatu se enfrentara a él en las elecciones del próximo mayo.

 

El militar señaló además que teme que haya más cadáveres enterrados cerca de donde encontraron los primeros.

 

Sucesos de este tipo son habituales en Filipinas, donde las disputas políticas terminan en tiroteos, sin ser castigados los responsables, especialmente en las provincias de menos recursos.

 

Se teme que la violencia aumente a medida que se acercan los comicios legislativos de mayo de 2010, cuya campaña no arranca oficialmente hasta marzo aunque el plazo límite para remitir la documentación de los aspirantes a cargos regionales y municipales termina a finales de mes.

 

 

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