La magnitud de la corrupción en Venezuela nos ubica en el rango que el narcotráfico tiene en Colombia, Estados Unidos o México. Es un fenómeno masivo, que ha enervado a la sociedad venezolana, sin fronteras partidistas, sociales, geográficas, públicas o privadas. Aunque siempre haya existido, la sucia y cínica administración del presidente Hugo Chávez Frías ha servido de catalizador hasta extremos inmanejables.

 

 

 

 

No han escapado de ese morbo consumista-delictivo los poderes Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral, donde han enraizado el nepotismo, sobresueldos y bonificaciones definitivamente inmorales, así como contratos con sobreprecios suficientes para repartir podridas tajadas de dinero sucio que van directamente al consumo desmedido (e inmerecido), la adquisición de bienes muebles e inmuebles y un intenso lavado de dinero que presiona el dólar paralelo en detrimento de la moneda nacional.

 

 

 

 

Por eso, no extrañan los juicios penales por presunto enriquecimiento ilícito contra el alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, y el general en jefe en situación de retiro, Raúl Isaías Baduel, ex ministro de la Defensa. Y no extrañan por tres razones: primero, porque todo cuentadante del Estado venezolano es sospechoso de delitos contra la cosa pública, precisamente porque la política, la empresa privada y hasta la vida común de la sociedad se acostumbraron a vivir de y convivir con la corrupción; segundo, porque la sobreconfianza de los delincuentes lleva al diseño de mecanismos sucios de administración (contadores, abogados, economistas, administradores, expertos financieros, etc.) acordes con el clima de impunidad existente; y tercero, porque estamos ante un sistema podrido de gobierno, en cuya cabeza anida la falta de escrúpulos y la villanía suficientes como para ordenar aplicar “la justicia” por encargo y con motivaciones

 políticas, grupales y hasta personales.

 

 

 

 

Tanto Manuel Rosales como Raúl Isaías Baduel han proclamado su inocencia, lo cual se contrastará con las supuestas evidencias promovidas por los fiscales e investigadores policiales y administrativos. Y no es criticable que se les juzgue, si predominaran las buenas razones de ética, castigo ejemplarizante a quienes delinquen, y propósitos pedagógicos ante la sociedad, pero ellos, como todo ciudadano, están en el derecho de ser juzgados en libertad y con goce pleno de sus otras garantías procesales.

 

 

 

 

VILLANIA Y SUMISION

 

La campaña gubernamental contra Rosales ha sido miserable, desde la insultante palabra del Presidente de la República hasta la manipulación de los medios de comunicación del Estado. La espectacularidad de las arremetidas físicas contra Baduel no son menos indebidas y desconsideradas. Ambos casos –independientemente de la inocencia o culpabilidad de los imputados- retratan la villanía del gobierno de Chávez y la sumisión de tribunales y fiscalías (civiles y militares) a sus bajas pasiones y propósitos.

 

 

E.D.E.

 

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Semanario LA RAZÓN

 

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Caracas, 05.04.2009