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Por Juan Carlos Apitz

No hay voluntad política en el gobierno nacional para proteger a los venezolanos de los violentos homicidios de los que son víctimas a diario; lo demuestra el número de casos impunes que cada día es mayor. Esa impunidad creciente multiplica exponencialmente la criminalidad y la violencia en Venezuela. Pero peor aún, tampoco existe disposición de la Asamblea Nacional para crear o modificar leyes que combatan eficazmente esa criminalidad e impunidad.

Desde 1998, año en el que Esteban asumió el poder, entró en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal, del cual se han producido tres reformas, y otras dos al Código Penal. El objetivo proclamado por los legisladores ha sido, en todos los casos, acelerar los procesos judiciales y disminuir la impunidad, aunque las modificaciones impuestas al Código Penal, en realidad, han tenido el interés de proteger al Gobierno de la oposición y no a la ciudadanía de los delincuentes. Eso explicaría por qué se amplía la gama de delitos de opinión, por una parte, y por la otra, se le conceden beneficios procesales a reos reincidentes. En esa, ahora extensa, escala de delitos de opinión destacan los llamados "delitos de desacato". Se trata de la penalización de la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos, a través de normas conocidas como "leyes de vilipendio" o "leyes de desacato".

Ahora bien, las leyes de desacato proporcionan un mayor nivel de protección a los funcionarios públicos que a los ciudadanos, en directa contravención con el principio fundamental de un sistema democrático, que sujeta al Gobierno a controles, como es el escrutinio público, para impedir y controlar el abuso de sus poderes coercitivos. Estas leyes disuaden las críticas por el temor de las personas a las acciones judiciales o sanciones monetarias. Incluso, las leyes de desacato no admiten la institución de la "Excepción de la Verdad", ya que, generalmente, las mismas establecen que el agravio al funcionario público se consuma con la expresión misma. Igualmente, las leyes sobre desacato no pueden justificarse diciendo que su propósito es defender el "orden público", ya que ello contraviene el principio de que una democracia que funciona adecuadamente constituye la mayor garantía de orden público.

En las reformas hechas por esta Asamblea Nacional al Código Penal encontramos una serie de normas que al aplicarlas son restrictivas al pleno ejercicio de la libertad de expresión, ya que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos. Son normas para proteger al Gobierno no al ciudadano; no para combatir la criminalidad o resolver la impunidad sino para abatir la libertad.

La reciente imputación por el Ministerio Público a Oswaldo Álvarez Paz por conspiración, instigación a delinquir y difusión de información falsa, delitos que presuntamente cometió por las opiniones emitidas en el programa Aló Ciudadano, de Globovisión, son el resultado de un Código Penal acomodaticio, reformado al gusto del Gobierno para implantar los delitos de desacato y acallar la libertad del pensamiento y opinión. Expresión misma de la esencia antidemocrática y autoritaria del Gobierno y sus apéndices institucionales.

Así que, la próxima vez que a algún ciudadano se le ocurra siquiera imaginar que en Venezuela se violan los derechos humanos, existe una vinculación directa con las organizaciones terroristas FARC y ETA, o que nos han convertido en un centro de operaciones que facilita los negocios del narcotráfico, para expresarlo primero deberá solicitar un: "Permiso para hablar, mi comandante".
www.juancarlosapitz.com
twitter: @justiciapitz

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