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Por Manuel Isidro Molina

El 01.06.2010, fue creado por el Presidente de la República el “Centro de Estudio Situacional de la Nación” (“CESNA”), según Decreto Nro. 7.454 publicado en Gaceta Oficial Nro. 39.436. Fue adscrito al ministerio del Interior y Justicia con autonomía financiera y administrativa, “…encargado de recopilar, procesar y analizar de manera permanente, la información proveniente de las distintas salas situacionales u órganos similares de las instituciones del Estado y de la sociedad sobre cualquier aspecto de interés nacional, con el objetivo de proveer de apoyo analítico-informativo al Ejecutivo Nacional… para proteger los intereses y objetivos vitales de la Nación, y para facilitar la ejecución de las políticas públicas y el cumplimiento de los cometidos esenciales del Estado.” Ese ampuloso “Artículo 3º” lo dice todo y, a la vez, no dice nada; no establece límites ni especifica áreas de competencia. Su discrecionalidad amenaza. De ahí, su alta peligrosidad para el conjunto diverso de la sociedad democrática venezolana, los intereses de la gente común y la dignidad de Venezuela.

Los redactores del Decreto 7.454 confunden deliberadamente “Ejecutivo Nacional” con “Poder Público”, lo que constitucionalmente está delimitado, toda vez que el “Ejecutivo Nacional” no es más –ni menos- que uno de cinco Poderes Públicos Nacionales que en su conjunto integran el Poder Público Nacional. Es decir, en la concepción del gobierno y del Presidente de la República, el Ejecutivo asume el control de todo el “Poder Público”, lo representa y lo controla. Este solo hecho genera la factibilidad de querellar constitucionalmente el decreto de creación del CESNA, pero no es todo.

Sobre la base de procesar informaciones “relacionadas con la situación actual sobre cualquier aspecto de interés nacional y sus tendencias de desarrollo” (Art. 5º), en el Artículo 9º se establece que el presidente o presidenta del CESNA, “…podrá declarar el carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada a cualquiera información, hecho o circunstancia, que en el cumplimiento de sus funciones tenga conocimiento o sea tramitada…” Esta barbaridad antidemocrática es el propósito real del CESNA: “cualquier información, hecho o circunstancia” puede ser declarado secreto de Estado, ser ocultado a la sociedad por razones de “interés nacional” (Artículos 3º, 5º y 9º), típico de las dictaduras y de gobiernos “democráticos” ejercidos por gobernantes afectos al abuso de poder, sea en China, Cuba, Estados Unidos o Venezuela.

Por ejemplo, el CESNA podrá decidir que “para proteger los intereses y objetivos vitales de la Nación” (Art. 3º) no se habla más de la corrupción existente en PDVSA, PDVAL y sus demás filiales; tampoco, de la caída de la producción petrolera o de los desastres ecológicos, accidentes graves y demás “cualesquiera información, hecho o circunstancia” (Art. 9º) que se produzca en la industria petrolera venezolana, corazón de nuestra economía.

Podrán ser secretos (“reservados”) los altos índices de inflación, devaluación del bolívar, desempleo y enfermedades epidemias, desnutrición, tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, etc.), si al presidente del CESNA, es decir a Chávez, se le antoja esconder tales “hechos o circunstancias” (Art. 9º) porque afectan –como en realidad lo están afectando por los fracasos sostenidos y las corruptelas del gobierno- los “objetivos vitales de la Nación”.

La pudrición en los puertos, aeropuertos y el SENIAT, con el concurso de oficiales y suboficiales de la Guardia Nacional (Resguardo) y corruptos empresarios privados de aduanas e importaciones, en lo que tanto se ha denunciado como “El Pote Aduanero”, también pudiera entrar en el delicado rango de “información reservada, clasificada o de divulgación limitada”, contrariando los artículos 57 y 58 de la Constitución sobre los derechos a la libre expresión y a la información. Y específicamente, el CESNA vulnerará el derecho-deber que protege y exige a los funcionarios públicos para que declaren sobre las materias de su competencia: “Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades” (Art. 57 de la Constitución).

Ejemplos sobrarían, por lo que resulta más útil señalar que la creación del CESNA violenta el Preámbulo de la Constitución que estableció desde  diciembre de 1999, como “…fin supremo… refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica… que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones…”

Esta nueva jugada autoritaria de Chávez, lo desnuda en su afán de tratar de esconder, como los gatos, los detritos de su gobierno. En su incompetencia, el Presidente cree que esconder los “hechos y circunstancias” le bastará para seguir mal gobernando impunemente a Venezuela. Se equivoca.

El decreto de creación del CESNA es anticonstitucional y una amenaza cierta sobre la sociedad, por su ampulosidad y pretensión de control de la vida venezolana. Chávez, cada día más, muestra su vocación militarista de control y la visión de “aniquilación del enemigo” que lo perturba. Nos quiere asfixiar a todos, como ha sometido –hasta la indignidad- a la mayoría de sus altos funcionarios, obligados a aplaudirle y reírle hasta los chistes malos que lanza por las fastidiosas cadenas de radio y televisión.

Cree, Chávez, que lo logrará con un enjambre legal –muchas veces violatorio de la Constitución- prohijado por una Asamblea Nacional abjecta y genuflexa que solo le sirve como oficina parlamentaria. La dignidad del Parlamento Nacional hay que recuperarla, así como debemos levantar el compromiso de rescatar la significación y trascendencia de los poderes Judicial y Ciudadano que emanan de la Representación Popular Nacional.

La alta discrecionalidad del CESNA gravitará negativamente sobre la vida de los venezolanos y venezolanas. Facilita el control sobre la información en forma global, lo cual es inaceptable e irrealizable ante el vigor democrático mayoritario (incluyo a la mayor parte de los compatriotas que todavía creen en Chávez y su corrupto e incompetente gobierno) del pueblo de Venezuela, auténticamente bolivariano, independentista y libertario, más allá de la monserga propagandística oficialista.

Como todo gobernante autoritario –y en este caso teñido por el trasnocho del fracaso estatista de estilo soviético- Chávez, en declive, cree que esconder “cualesquiera información, hecho o circunstancia” (Art. 9º) le permitirá “tapar el Sol con un dedo”. Pero no podrá, se topará con el periodismo libre comprometido con el derecho a la información conquistado por el pueblo venezolano, y con la reciedumbre de quienes estamos dispuestos a mantener la denuncia sobre los hechos y circunstancias que lesionen al pueblo, vulneren sus derechos y atenten contra los altos intereses de la Nación, que son permanentes y están por encima de parcialidades políticas o ánimos egolátricos de algún gobernante sin escrúpulos, por ejemplo, Chávez.

Esta no es materia para los trapecistas de la politiquería y el cinismo que no pueden con la añoranza del poder perdido que los motiva. Es materia grave, de fondo, para la mayoría independiente de Venezuela, que aspira superar los desastres del presente sin regresar a los vicios del pasado que, por cierto, Chávez hipertrofió. La creación del “CESNA” es la “Parte II” de la derrotada “Ley Sapo”. Es inaceptable, y también la derrotaremos.

Dignificar la política es tan necesario como adecentar las instituciones del Estado, limitadas en su desempeño por los derechos ciudadanos. Los abusos de poder y la corrupción son el caldo de cultivo para todo tipo de tropelías contra los pueblos; y el CESNA es parte del abuso de poder, de tono pendenciero, que caracteriza a Chávez.

EL CONFESIONARIO

·        LOS HERMANOS DEL PRESIDENTE CHÁVEZ, Adelis y Argenis Chávez Frías, han sido víctimas de las mafias del secuestro en el estado Barinas, recientemente. Ni ellos se salvan del hampa que ha proliferado durante los once años de este gobierno fracasado, cuya principal muestra de incompetencia e inescrupulosidad es precisamente la inseguridad personal que agobia a la familia venezolana, porque la pudrición de las policías y la Guardia Nacional es notoria, muchos de sus funcionarios hacen parte de las mafias de la corrupción, el narcotráfico, el secuestro y la extorsión. El mismo ministro del Interior y Justicia, Tareck El Aissami, ha reconocido que al menos en el 20% de esos delitos aparecen involucrados agentes de seguridad del Estado, lo que incluye también a las policías regionales y municipales. Se agregan los ex funcionarios policiales y militares corrompidos, que mantienen ‘agencias’ privadas de investigaciones y seguridad, en muchos casos ilegales, con apoyo de profesionales del Derecho y otras disciplinas.

·        EN ESTOS CASOS DE BARINAS, el secreto ha sido muy estricto, por el desprestigio de la gestión del presidente Hugo Chávez, pero fuentes barinesas aseguran que “hace unos veinte días fue secuestrado ‘Zamurito’, como le decimos amistosamente, el ingeniero Argenis Chávez Frías; y el economista Adelis Chávez Frías, así como lo oye, fue secuestrado hace cuatro meses, en (el estado) Barinas… Hubo cuatro muertos, colombianos, el grupo de secuestrados era de ocho colombianos y a cuatro los mataron… pero no se sabe nada.” ¿Y la Fiscalía –le pregunto- no levantó el hecho, no fue a tribunales? “¡Nada!, todo quedó en secreto, pero se los pegaron a los cuatro… los otros cuatro se escaparon.”

·        ASPIRO QUE LA INVESTIGACIÓN penal que inició la Fiscalía General de la República sobre la pudrición de alimentos en varios puertos del país, sea seria y conclusiva sin protección de algunos “chivos” (chivatos, en realidad) del chavismo. Hace meses pedí públicamente a la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, que investigara a las mafias del “Pote Aduanero” incrustada en el más alto nivel del SENIAT y en la red aduanera nacional, donde conviven corruptos de toda calaña en simbiosis civil, militar, pública y privada. Y hace semanas, pedí que se investigara la mafia, también mixta, que lucra suciamente con las autorizaciones “chimbas” de importaciones de alimentos y otros productos, como repuestos de maquinarias y automóviles diversos, mediante nacionalización y legalización de mercancía de dudosa o mala calidad para obtener las autorizaciones de CADIVI y cobrar multimillonarias sumas sobre la base de dólares preferenciales, a razón de 1.200 bolívares (1,2 Bs.F) por dólar o su equivalente en dólares depositados en cuentas en el exterior.

·        LA PUDRICIÓN DE ALIMENTOS de PDVAL en varios puertos del país, no escapa a la realidad delictiva descrita arriba. Si la Fiscalía, el CICPC, la DIM, el SEBIN, la Guardia Nacional (su parte no-podrida) y demás órganos de investigación actúan sin contemplaciones, habrá resultados moralizantes, más allá de las maniobras de protección a los chivatos encumbrados del chavismo civil y militar. La pudrición en el sistema aduanero nacional ha echado raíces muy poderosas protegidas por algunos ministros del presidente Chávez y varios cabezas de organismos del área de recaudación fiscal, resguardo aduanero, importación de alimentos y la burocracia petrolera (PDVSA y sus filiales).

·        LA “GUERRA A MUERTE” EN LA FISCALÍA “llega a niveles insospechados cuando riegan rumores desde adentro en contra de quien ayer era íntima, la nuera política de la Fiscal pues está casada con un hijo del primer matrimonio del esposo. La abogada Carmen Vargas y su ‘suegrita’, hoy, son enemigas acérrimas… Ahora, Carmen Vargas es víctima de amenazas de todo tipo. Su ‘desencuentro’ con la suegra la ha afectado fuertemente… ayer (jueves) se desató una nueva batalla, dejan colar que Vargas fue abogada de banqueros prófugos como Eligio Cedeño, y hoy sería la dueña de Radio Rumbos. Ella lo niega, y confiesa que teme por su integridad” física.

·        DENUNCIAN ATROPELLOS “en la Rectoría de Convivencia Ciudadana y Justicia de Paz, organismo perteneciente a la Alcaldía Metropolitana de Caracas… lo menos que hay es convivencia. Constantemente hay atropellos verbales contra el personal subalterno por parte de un señor de apellido Pantoja. ¿Cómo puede alguien hablar de ‘Convivencia’, si no es capaz de practicarla con el personal bajo su supervisión? Muchos de estos trabajadores ganan salario mínimo y no protestan por temor a ser despedidos…”

·        DESDE EL HOTEL TAMANACO responden: “Pedro Torres Ciliberto (prófugo de la justicia por casos de la “bolibanca”, los “boliseguros” y las “bolibolsas”) no tiene vinculación accionaria con el hotel… así consta en los respectivos libros y registros legales de la Comisión Nacional de Valores. La operadora del casino que funciona en el Tamanaco se llama Margarita Casino Austria C.A. y tiene toda su permisología en regla, aprobada por los organismos competentes”. Prometen mayor información sobre el contencioso con los propietarios de Complejo Turístico Tamanaco, quienes también sostienen sus puntos de vista. Seguiré informando. A la final, son los tribunales los que establecerán las decisiones vinculantes.

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