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Otavalo, 25 Jun. AVN.- Los mandatarios de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), en reunión con autoridades indígenas y afrodescendientes, ratificaron el compromiso del bloque regional de "construir sociedades incluyentes, culturalmente diversas y ambientalmente responsables, que excluyan la explotación del ser humano, en las que existan condiciones para un diálogo entre iguales y un intercambio real de saberes, conocimientos y visiones en nuestra región".

Así quedó plasmado este viernes en la Declaración de Otavalo, documento firmado por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y sus homólogos de Venezuela, Hugo Chávez Frías, y de Bolivia, Evo Morales, en un acto que contó con la presencia de más de 300 autoridades originarias, y del vicepresidente del Consejo de Estado de Cuba, Esteban Lazo; el primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, y el secretario presidencial para Costa Caribe de Nicaragua, Lumberto Campbell.

En la declaratoria se reconocieron los logros alcanzados en las legislaciones de Bolivia, Ecuador, Cuba, Venezuela y Nicaragua en materia de derechos indígenas, que fueron considerados como el reflejo de un proceso de maduración política en contra de la marginalidad y la exclusión que busca Estados más justos y con igualdad de oportunidades.

Por tal motivo, los países signatarios acordaron fortalecer las políticas públicas para el acceso a la salud, educación, empleo y vivienda, dando prioridad a los más excluidos, y promover políticas en beneficio directo de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Confirmaron además su deseo de hacer realidad el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), sobre la base de la soberanía y con miras a construir un modelo económico alternativo, que incluya mecanismos como el Sistema de Compensación Regional (Sucre), el Banco y Fondo del Alba, "para consolidar un sistema de intercambio y cooperación recíproco, solidario, participativo y complementario".

La Alianza también reiteró su apoyo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y reafirmó su obligación de hacer cumplir el Programa de Acción de Durban contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia; así como a la Convención de la Unesco para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y la Declaración sobre la Diversidad Cultural.

En materia ambiental, sellaron el pacto para promover una Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra en la ONU y profundizar de esa manera "la equidad y la autonomía, de modo que los ciudadanos y ciudadanas disfrutemos del uso, de la asignación y de la distribución de los recursos materiales e inmateriales de nuestras naciones".

Asimismo, se acordó respaldar iniciativas como la de Yasuni ITT, propuesta por Ecuador, para combatir el cambio climático, y crear mecanismos de compensación por contaminación neta evitada.

En el documento, los nueve miembros de la Alianza instaron a la comunidad internacional a aprobar en las Naciones Unidas la Resolución Declaratoria de Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, propuesta por el Estado Plurinacional de Bolivia.

El cónclave reunido en la localidad ecuatoriana también evaluó la posible instauración de un Tribunal de Justicia Climática que permita el reconocimiento, la exigibilidad y la restitución de los derechos que han sido vulnerados por el hombre a la naturaleza.

Por último, plantearon que el encuentro de autoridades indígenas y afrodescendientes electas se realice anualmente como un mecanismo de diálogo intercultural, al tiempo que instaron a construir otros espacios de encuentro en el seno de Consejo de Movimientos Sociales del Alba.

 

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